Judicatura mantiene a 31 funcionarios y exfuncionarios bajo la lupa por archivar de forma irregular 202 expedientes disciplinarios en Guayas

Alrededor de 31 funcionarios y exfuncionarios del Consejo de la Judicatura (CJ) estarían expuestos al inicio de procesos administrativos por supuestamente haber intervenido en el archivo sin cumplir con el proceso debido de 202 expedientes disciplinarios en la provincia de Guayas. Esa fue la decisión que tomó el 18 de marzo pasado el pleno del órgano de gobierno, administración y disciplina de la Función Judicial.

A finales de febrero de 2025, el CJ explicó que, en lo que respecta a Guayas, de 480 expedientes revisados se habrían identificado novedades en al menos 230 procesos archivados “sin cumplir” procedimientos administrativos-disciplinarios.

Para mediados de marzo, la cifra se ubicó en 202 y desde la Judicatura se aclaró que la investigación identificó a 31 personas que habrían participado en estos hechos: 23 que sustanciaron y resolvieron los expedientes abiertos entre 2020 y 2024 y ocho que ocuparon la Dirección Provincial del CJ de Guayas en el mismo periodo.

En medio de este proceso, desde el CJ se informó que dentro del marco de sus competencias se removía del cargo al director provincial de Guayas en el ámbito disciplinario, Diego Pérez, y en su lugar se nombraba a Carlos Fernández Barcia.

Mercedes Villarreal y la exasesora de Pablo Muentes, en la lista de procesados del caso Purga a quienes se les suspende la etapa de juicio

La alerta de irregularidades en la Judicatura en Guayas

Respecto a este tema, Pérez aclaró dos cosas: su salida del cargo no responde a que haya cometido algún acto ilícito o una falta disciplinaria, sino más bien tiene que ver con una decisión que, reconoce, es potestad del titular de la Judicatura, Mario Godoy; y que la investigación realizada sobre las posible irregularidades ocurridas en Guayas se inició en la presidencia del CJ de Álvaro Román en febrero de 2024. Godoy fue posesionado en julio pasado.

Quien ocupó la Dirección Provincial del CJ en Guayas en el ámbito disciplinario desde enero de 2024 por disposición de Román recordó que cuando llegó a sus funciones informó sobre las irregularidades que encontró y que se estaban dando en lo que tenía que ver con la aplicación del artículo 109, numeral 7, del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), el cual señala las declaratorias previas por infracciones gravísimas por dolo, error inexcusable y manifiesta negligencia.

Muchos de los casos que habían llegado con la sanción de destitución, adoptada por un tribunal superior al juez que emitió la decisión revisada, a decir de Pérez, recibieron la ratificación de inocencia y habían sido archivados en Guayaquil. “Con lo dicho se ordenó una investigación y yo solicité la intervención por escrito. De inmediato llegó un equipo de Quito. Llegaron tres veces en el año, no fueron más. Hicieron un levantamiento de más de 480 expedientes”, sostuvo.

Diego Pérez aseguró que del total de casos analizados solo siete tienen que ver con el año en que se mantuvo en funciones y cree que para cada uno de ellos hay una explicación administrativa, disciplinaria y jurídica que lo desliga de cualquier tipo de responsabilidad o ilegalidad que se pretenda aducir.

Manifestó que no ha sido informado del inicio de algún procedimiento administrativo o penal en su contra, aunque reconoce que mantiene dos sumarios disciplinarios, uno de ellos por una supuesta falta de marcación.

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En 2022 se determinaron 155 expedientes con irregularidades

El grueso de expedientes analizados (171) corresponde a los periodos de 2022 y 2023 de Mercedes Villarreal y Fabiola Gallardo en la Dirección Provincial del CJ en el ámbito disciplinario y en la presidencia de la Corte de Justicia del Guayas. Villarreal y Gallardo fueron procesadas por delincuencia organizada en el caso Purga.

La primera mantiene un llamado a juicio en suspenso hasta que pueda ser traída desde España, país en el que existe un proceso de extradición vigente; mientras que Gallardo fue sentenciada a trece años y cuatro meses de cárcel como líder de la “estructura delictiva” que se infiltró en la justicia de Guayas.

Entre las falencias identificadas en el análisis de los 202 expedientes habría irregularidades en el debido proceso como falta de notificaciones oportunas, plazos procesales incumplidos o no registrados correctamente, ausencia de documentación esencial en varias etapas del procesamiento, falta de diligencias mínimas de la fase probatoria y archivo del expediente sin abrir la etapa de prueba.

Así como falta de motivación en las resoluciones, es decir, resoluciones sin una argumentación clara basada en la normativa aplicable, falta de análisis detallado de las pruebas aportadas, uso de criterios subjetivos sin respaldo legal y decisiones de archivo sin motivación suficiente.

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Sobre este tema, en una entrevista radial Mario Godoy indicó que este análisis de expedientes es la primera etapa de las políticas que se han implementado desde la presidencia del CJ y que incluso se hacen eco de los cuestionamientos hechos por ciertas vocalías de la Judicatura de que el proceso disciplinario en las provincias no se lo estaba llevando de una manera correcta.

“A través de disposiciones de la Dirección Jurídica, que maneja la Subdirección de Control Disciplinario, se realizaron procesos de intervención en el componente del control disciplinario. La primera provincia que arrojó estas irregularidades fue precisamente la Dirección Provincial de Guayas. (...) Se detectaron que algunos casos no tenían el suficiente motivo legal, se habían cumplido los tiempos o deliberadamente se habían archivado algunas causas cuando debían ser conocidas por el pleno”, apuntó el titular de la Judicatura.

En su intervención, el presidente Godoy refirió que casos como los analizados derivaron en su momento en acciones penales como los casos Metástasis y Purga, en los que el archivo de los procesos disciplinarios fue irregular. Informó que si bien Guayas ha sido la primera provincia en donde se determinaron irregularidades y se tomaron las acciones del caso, es decir, procesos de sanción o disciplinarios, inmediatamente se realizarán acciones similares en Manabí, Loja y en provincias del oriente ecuatoriano. (I)