Pese a que todo estaba listo en la sala de audiencias de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), tres pedidos de diferimiento hicieron que no se instale, la tarde de este viernes 20 de octubre, la audiencia de formulación de cargos contra el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, el vocal y los exvocales de ese organismo Xavier Muñoz, Maribel Barreno y Juan José Morillo, respectivamente, y otros cuatro funcionarios de la Judicatura que son acusados del delito de obstrucción de la justicia.

Los pedidos de diferimiento llegaron desde las defensas del vocal Muñoz y las investigadas Katherine L. y Marcela V. Básicamente el argumento usado fue que los abogados no han tenido el tiempo suficiente para conocer los quince cuerpos que hacen el expediente. Para ellos realizar la diligencia en esas condiciones significaría estar violando el derecho a la defensa de los encausados. Ni el procesado Carlos G. ni su abogado asistieron a la audiencia definida para las 12:00 ante el juez nacional Luis Rivera.

Obstrucción de la justicia, delito relativamente nuevo por el que serán procesados Wilman Terán y siete funcionarios más de la Judicatura

La fiscal general, Diana Salazar, se opuso a que no se instale la audiencia y pidió que sea un funcionario de la Defensoría Pública el que asuma la representación legal de quienes no han llegado a la diligencia, así como también de aquellos que dicen no conocer el expediente. Ella recordó que han pasado más de 48 días desde que solicitó la formulación de cargos y no entiende cómo los abogados no han podido conocer lo que existe en el expediente.

Publicidad

Kléver Ávalos, representante de la Procuraduría General del Estado, también se opuso a los diferimientos, a los cuales calificó como intentos para dilatar el proceso judicial. Las contrapartes aseguraban que únicamente piden se difiera para que cada uno de los procesados y sus abogados estén enterados de todo lo relacionado con este caso y poder ejercer una correcta defensa, más aún en una audiencia en la que se iba a discutir la definición de medidas cautelares.

Casi dos meses tuvieron que pasar para que se concrete el pedido hecho por la fiscal general a la Corte Nacional para que se defina una audiencia de formulación de cargos. La solicitud fue presentada formalmente el 29 de agosto pasado por Salazar, como parte del caso denominado Independencia Judicial, y Luis Rivera, por sorteo, fue designado para estar a cargo de esta causa.

La investigación previa de esta causa se abrió el pasado 11 de mayo y tres meses después, la Fiscalía aseguró mantener suficientes elementos de convicción que revelarían la participación de los sospechosos en el delito de obstrucción de la justicia dado aparentemente en “dos casos de connotación”: Las Torres, en el que fueron sentenciadas once personas por delincuencia organizada, entre ellas, el excontralor Pablo Celi y su hermano Esteban; y el caso Vocales, en el que han sido llamados a juicio los ahora exvocales del CJ Barreno y Morillo y el exjuez de Pichincha Vladimir Jhayya.

Publicidad

Wilman Terán fue el único de los procesados que llegó a la sala de la Corte Nacional para escuchar los elementos que mantenía la Fiscalía para pedir que se inicie una etapa de instrucción fiscal. Por vía telemática estuvieron la mayoría de abogados, así como también los exvocales Barreno y Morillo. El actual miembro del pleno del CJ, Xavier Muñoz, no asistió de forma física ni por la vía telemática.

Ya diferida la diligencia, a su salida del edificio de la CNJ, el presidente de la Judicatura fue recibido por un grupo de ciudadanas que a gritos pedían que el funcionario deje el cargo y lo acusaban de destruir la justicia. Terán no respondió. Luego de dar unas declaraciones a la prensa volvió a ingresar a la Corte Nacional para retirarse en su vehículo desde el subsuelo del edificio.

Publicidad

El presidente Terán cree que no es coherente la acusación que pretende hacerle la Fiscalía, especialmente, dice, porque no se establecen los cánones definidos en la Ley. Él no está de acuerdo con que se inicie en este caso un procesamiento penal por realizar “un acto de jurisdicción, un ejercicio constitucional y un ejercicio de funciones”.

Ejercer funciones constitucionales no es ningún delito, ha respondido Terán al ser consultado si existe obstrucción de la justicia cuando desde el pleno del CJ se intentó suspender y destituir al juez Walter Macías, magistrado de la CNJ que, entre otros casos, conocía el definido como Vocales, por tráfico de influencias, contra los entonces vocales de la Judicatura Barreno y Morillo.

Aún no existe una fecha tentativa para que la audiencia para formular cargos pueda darse. (I)