La Contraloría General del Estado aprobó 426 informes de auditoría y remitió 62 expedientes con indicios de responsabilidad penal (IRP) a la Fiscalía General para su investigación, ante la sospecha de un perjuicio al Estado por $ 46,6 millones.

El organismo de control informó también, este 7 de marzo de 2024, que se establecieron responsabilidades civiles y administrativas por $ 38 millones.

Respecto de los expedientes con IRP, estos serían producto de exámenes a contratos suscritos por empresas municipales, como las de Quito (Pichincha), Cuenca (Azuay), Santo Domingo (Santo Domingo de los Tsáchilas), Montecristi (Manabí) y Pastaza. Ejemplo de ello, la ampliación a cuatro carriles de la vía Alóag-Santo Domingo de los Tsáchilas.

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Por los análisis en varias entidades se presume del cometimiento de «actos dolosos» en el proceso de liquidación de la extinta empresa estatal de aviación Tame; en la Comandancia General de la Fuerza Terrestre; en la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología; en el Consejo de Educación Superior (CES), en la Superintendencia de Compañías.

En las empresas estratégicas, como la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Petroecuador y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).

Las glosas se examinaron en casos como el perjuicio a Seguros Sucre por $ 11 millones por las inversiones en bonos Global 2024; otra asciende a $ 7′979.601 por las falencias en la construcción del puente colgante sobre el río Jatun Yaku en Tena (Napo).

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La Contraloría resaltó que estos expedientes se aprobaron entre el 28 de noviembre de 2023 y el 6 de marzo del año en curso, con la nueva administración del contralor Mauricio Torres Maldonado, quien lleva cien días en funciones. (I)