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Control de la campaña electoral anticipada, a la espera de un contrato para monitorear más de 500 medios de comunicación

El CNE inició un proceso de adjudicación que se declaró desierto por considerarse 'inconveniente' para el país. Faltan cuatro meses para los comicios del 2023.

QUITO (22-08-2022).- Edificio del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Quito. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas.

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Con un estimado de 63.500 candidatos inscritos para competir por una dignidad de elección popular en las elecciones seccionales del 2023, en las que también se elegirá a los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el ambiente proselitista empieza a manifestarse a cuatro meses de las elecciones, mientras en el Consejo Nacional Electoral (CNE) se está a la espera de habilitar un mecanismo para monitorear la denominada campaña electoral anticipada.

El artículo 208 del Código de la Democracia establece que desde la convocatoria a elecciones (21 de agosto) hasta el inicio de la campaña electoral (3 de enero de 2023) las organizaciones políticas podrán realizar por su iniciativa las actividades tendentes a difundir sus principios ideológicos, programas de gobierno y planes de trabajo, siempre que no implique la contratación en prensa, radio, televisión, medios digitales y vallas publicitarias.

Articulado a ello, en el artículo 278, numerales 7 y 9, la campaña anticipada es tipificada como una infracción electoral grave que de confirmarse, determina una sanción con multas desde once salarios básicos hasta 20, y/o suspensión de derechos de participación de seis meses hasta dos años a quienes realicen actos de campaña anticipada o precampaña electoral.

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Así también se sancionará a aquellos candidatos que incumpliendo norma expresa participen en actos de inauguración o entrega de obras.

Es el reglamento para el Control y fiscalización del gasto electoral, en el que el Consejo Nacional Electoral definió a la campaña anticipada como “todo acto proselitista de reunión pública, asamblea o marcha organizada de manera directa o indirecta por organizaciones políticas o sociales, por intervención de afiliados, adherentes, candidatos y personas naturales o jurídicas en general que difundan o utilicen propaganda o publicidad electoral con la imagen, voz y nombres exclusivos de quienes se encuentren inscritos como candidatos a un cargo de elección popular o una determinada opción de democracia directa que se realice previo al inicio de la campaña electoral”.

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El CNE puede recopilar la información y evidencia de este tipo de actos proselitista para analizar si un sujeto político incurre en una infracción electoral que debe ser tramitada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y de ser el caso determinar sanciones.

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Justamente, el consejero José Cabrera explicó que para controlar la campaña electoral anticipada, el organismo debe contratar un servicio de monitoreo de los medios de comunicación para “contar con reportes periódicos y pruebas del posible cometimiento de infracciones electorales”.

Además, se prevé contratar personal hasta febrero próximo, cuyo encargo será el de monitorear las vías para levantar la evidencia, respecto del uso de vallas publicitarias que promocionen candidatos antes del periodo oficial de campaña electoral que se extenderá por 31 días.

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Sin embargo, la institución aún no cuenta con el servicio de monitoreo, pese a que en julio pasado inició una contratación que se declaró desierta el 8 de agosto al considerarse que “era inconveniente para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o la única presentada”, expresa la resolución.

En el interior del Consejo fue el vicepresidente Enrique Pita quien alertó a la presidenta, Diana Atamaint, del costo que se estima destinar para esta actividad que no fijó una fecha de inicio del control de la campaña anticipada.

El contrato se realizaba para controlar las etapas: “de campaña anticipada, campaña electoral, silencio electoral y día del sufragio”. Pero, según Pita la campaña anticipada no tiene un periodo definido de inicio en el Código de la Democracia.

Por eso había preguntado en un memorándum enviado a Atamaint, “¿qué actividad podría monitorearse y durante cuánto tiempo?”.

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En esa línea, durante la etapa de preguntas y respuestas que hicieron empresas que buscaban adjudicarse el contrato, consultaron: “¿Cuál es la fecha de inicio de la campaña?”; y el CNE respondió: “Estimado oferente, la fecha de inicio del periodo de la campaña electoral es el 31 de diciembre de 2022, sin embargo, las obligaciones del contratista, tal como se determina en los términos de referencia y pliegos del proceso, corresponde a las etapas de campaña anticipada, campaña electoral, silencio electoral y día del sufragio”.

Por ello la crítica de Pita, que también observó el presupuesto que se había planificado y que ascendía a más de $ 1′5 millones. A su criterio significaba tres veces más que lo que se había destinado para las elecciones seccionales del 2019, que fue de $ 470.000, de acuerdo con la información recabada por su despacho.

A propósito de esto, el 11 de julio de 2022, el Ministerio de Finanzas había emitido una certificación presupuestaria plurianual para contratar ese servicio por $ 1′006.989.

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Otra certificación emitida esa misma fecha señalaba para esa misma contratación $ 542.224 y otra más por $ 185.900.

En los términos de referencia de este contrato, que se realizaba mediante subasta inversa, no se determina cuándo se inicia la campaña anticipada y tampoco el costo referencial.

Pero esperaba del posible proveedor, a través del monitoreo a 532 medios de comunicación, obtener las pruebas o evidencias que servirán para argumentar, fundamentar y probar a través del informe técnico-jurídico la existencia de presuntas infracciones electorales que serán remitidas vía denuncia al Tribunal Contencioso Electoral para su trámite correspondiente.

De todas formas, el Consejo no ha retomado el proceso de contratación, lo que preocupa a José Cabrera.

Contó que remitió un memorándum a Diana Atamaint con copia a los otros tres consejeros, “pidiendo una explicación de por qué no se ha subido nuevamente al Servicio de Compras Públicas”, después de casi dos meses de declararse desierto.

“Esto es preocupante porque a partir de la convocatoria, el CNE debía proceder con el monitoreo de medios. ¿Por qué hay tanta dilatación y demora, pese a que el presupuesto estaba aprobado? El Ministerio de Finanzas dio el aval y aún así sigue suspendido”, precisó.

Hasta el momento su inquietud no ha tenido respuesta de Atamaint.

En este ejercicio del control de las franjas publicitarias, tanto anticipadas como durante el periodo oficial, es la Unidad de Control y Fiscalización del Gasto Electoral del CNE la que recaba la información que llegue del monitoreo de medios, como de las direcciones provinciales electorales, para determinar si las organizaciones políticas y candidatos están infringiendo la ley para remitir las evidencias al TCE.

Participación Ciudadana hará control de promoción de nombres

La directora de la organización no gubernamental Corporación Ciudadana, Ruth Hidalgo, lamentó que una vez que concluyó la etapa de inscripción de candidaturas, “es clarísimo que los candidatos están haciendo campaña electoral anticipada”.

“Pese a la normativa existente no se ha regulado adecuadamente y vemos a candidatos que están haciendo campaña sin que haya manera de controlarlos, lo que va en detrimento de otros candidatos que sí cumplen la ley”, opinó.

Cree que no hay voluntad por parte de las agrupaciones políticas para cumplir las reglas, frente a la “debilidad del CNE” que no cuenta con los recursos necesarios, humanos y tecnológicos para realizar los controles.

“Para estas elecciones estamos viendo que hay menos voluntad de cumplir la ley, parece la ley de la selva. A los actores políticos no les importa y el efecto es ¿cómo podemos confiar en funcionarios públicos que hacen de la ley tabla rasa y promocionan sus nombres en eventos, actos y vallas publicitarias. Estamos viviendo un proceso electoral bastante irregular”, indicó.

Por ello, la Corporación prevé iniciar en octubre una tarea de control de la promoción electoral, respecto de lo que establece el artículo 219 del Código de la Democracia, que prohíbe a los “servidores de organismos e instituciones públicas la utilización de los recursos y bienes públicos para promocionar sus nombres o sus organizaciones políticas en las instituciones, obras o proyectos a su cargo”.

Asimismo, aspiran a verificar que las candidaturas a las alcaldías, prefecturas, concejalías y vocalías de las juntas parroquiales cumplan con el requisito de contar con el 30 % de mujeres y 25 % de jóvenes encabezando las listas. (I)

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