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Con el inicio del juicio político en contra de la canciller Gabriela Sommerfeld, el correísmo abre el frente político en búsqueda de argumentos que apuntalen su tesis de persecución política en contra del exvicepresidente Jorge Glas y además obtener pruebas de supuestos incumplimientos de normas internacionales y nacionales que son objeto de revisión en la Corte Internacional de Justicia.
En paralelo, la defensa de Jorge Glas presentó una acción de habeas corpus ante la Unidad de Garantías Penitenciarias de Guayaquil con el propósito de que el exmandatario salga de la cárcel La Roca y sea trasladado a la casa de su madre para recibir atención medica adecuada, porque según la demanda, el pasado 8 de abril “intentó suicidarse” y existe un alto riesgo de que vuelva a atentar contra su vida.
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La audiencia para conocer el pedido se realizará este 3 de julio del 2024, por vía telemática.
El juicio político contra la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, se adelantó su trámite al menos tres meses, luego que el correísmo y socialcristianos, incluido el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, sincronizadamente retiraron las firmas de respaldo a tres solicitudes de juicio en contra de tres exsecretarios de Estado del gobierno de Guillermo Lasso.
Ese retiro de apoyos invalidó que continúen los juicios, y consecuentemente, la Comisión de Fiscalización entró a conocer el siguiente juicio planteado y que corresponde a Sommerfeld.
Todo lo que se sabe de la detención de Jorge Glas en la Embajada de México
Los correístas niegan que haya cálculo e intención maliciosa detrás de este juicio político motivado por la asambleísta Jhajaira Urresta (RC), quien fue la única legisladora de esa agrupación política que permaneció en la Unidad de Flagrancia la noche del 5 de abril, día en que fue detenido Jorge Glas, y la madrugada del 6 de abril, cuando fue trasladado el exvicepresidente a la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil. Ella calificó de gravísimo el hecho y denunció persecución política.
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El legislador Leonardo Berrezueta, de la bancada RC, considera que la canciller debe irse por su incapacidad y poco tino para el manejo de la diplomacia ecuatoriana. Sobre todo “por este mal manejo en el tema de la irrupción violenta a la embajada mexicana, que ha puesto en este momento al Ecuador en una situación vergonzosa en el concierto internacional, es un tema urgente que no puede esperar”.
Berrezueta agrega que el tema que se ventila en la Corte de La Haya es de supervivencia en política internacional, y si el presidente de la República no entiende que tiene una canciller que es incapaz y no entiende que tiene que cambiarla, entonces será la Asamblea, en el marco de la Constitución, la que destituya y censure.
Afirma que este juicio político contribuirá sin lugar a dudas al proceso que se sigue en la Corte de la Haya, porque “estamos con una vocera que frente a organismos internacionales que ya ha perdido todo el prestigio, donde los organismos internacionales no quieren conversar con ella”.
El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, este 2 de julio señaló que lo hecho por el PSC y RC constituirá una explosión en sus propias aspiraciones electorales, y un “harakiri” (suicidio) de las dos fuerzas políticas. “Y no nos queda duda de que la Revolución Ciudadana les ordenó al resto de partidos que quiten las firmas para adelantar los juicios contra la canciller Gabriela Sommerfeld”, agregó.
La canciller, añadió Torres, tiene un juicio político planteado por el correísmo por el tema de la Embajada de México en Quito. “Hoy quieren la cabeza de la canciller Sommerfeld no solo para reivindicaciones políticas, sino también para incidir en el proceso internacional”.
El viceministro manifestó que el país no debe olvidar que el Ecuador fue demandado en la Corte Internacional de Justicia y a su vez contrademandó a México; “eso significa que estos partidos políticos, en el camino, sirvan en bandeja de plata la cabeza de la canciller y darle fuerza a su relato, cuando fue una decisión legítima y soberana del Estado ecuatoriano”.
En definitiva, el juicio político contra Sommerfeld es un claro atentado a los intereses y posición del Estado ecuatoriano en los procesos que se llevan a cabo en la Corte de La Haya, con el objetivo de que se condene al Ecuador en favor de México, apuntó.
El 11 de abril de 2024, México interpuso una demanda contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por presuntas violaciones de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
El Ecuador, por su parte, interpuso una demanda contra México el 29 de abril de 2024 por violaciones de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, las convenciones sobre asilo diplomático, tratados anticorrupción, y otras normas del derecho internacional.
Posturas: Bancadas quieren conocer argumentos
El asambleísta Jorge Peñafiel, de la bancada Construye, manifestó que en el juicio político la canciller tendrá que presentar sus alegatos y descargos en relación con sus acusaciones, pero que eso es independiente a la agenda que se pueda generar a nivel internacional. “Yo no creo que se vea afectado ningún tema en el extranjero, debido a que la canciller tiene un equipo que podrá enfrentar esos temas”, anotó.
Peñafiel no quiso pronunciarse si la canciller incumplió funciones, pues dijo que no conoce el expediente, pues solo saben que es por la irrupción en la Embajada de México, pero se quiere saber dónde está el incumplimiento, en qué acción específica.
“Nosotros nunca contribuiríamos a la agenda de la impunidad, en ningún sentido; pero sí hay que tener claro cuáles son los argumentos y cuáles son las formas en las cuales se ha presentado este juicio político y cuál es el interés”, subrayó Peñafiel.
Otto Vera, legislador de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC), justificó que cinco de sus compañeros de bloque hayan retirado las firmas a dos solicitudes de juicio político, porque esa presentación era una clara forma e idea del bloque Acción Democrática Nacional (ADN) de retardar los procesos de fiscalización del actual Gobierno.
Vera no quiso adelantar su criterio si la canciller incumplió funciones, como es el planteamiento del juicio presentado por la Revolución Ciudadana, pero manifestó que el caso de la irrupción en la Embajada de México en Quito es un tema controversial y sin duda alguna causa una enorme incertidumbre en el contexto internacional, porque se encasilla al Ecuador como un país que no respeta el derecho correspondiente de otros países. (I)
