El bloque de asambleístas del movimiento de la Revolución Ciudadana (RC), presentó dos solicitudes de juicio político en contra de las ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y de la ministra del Interior encargada, Mónica Palencia, por supuesto incumplimiento de funciones.

Las acusaciones tienen relación con la incursión de la fuerza pública en la Embajada de México en Quito el pasado 5 de abril y la detención del exvicepresidente de la República, Jorge Glas Espinel, quien se encontraba en calidad de asilado y esperaba el salvoconducto.

Jorge Glas era requerido por la justicia y tiene una orden de prisión preventiva en el caso Reconstrucción de Manabí y se refugió en la Embajada mexicana desde diciembre del 2023. El pasado 6 de abril, con fuerte resguardo policial, fue trasladado a la cárcel La Roca, en Guayaquil.

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El juicio a la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, lo presentó la asambleísta Jhajaira Urresta, representante del movimiento de la Revolución Ciudadana en Pichincha, y cuenta con el respaldo del 43 firmas. Como fundamentos, según la interpelante, se exponen todos los hechos que se registraron en el Embajada de México en Quito y el poco tratamiento que existe para los migrantes ecuatorianos en el exterior.

La solicitud de juicio en contra de la ministra del Interior (e), Mónica Palencia, lo suscribe el legislador de la Revolución Ciudadana por Azuay, Leonardo Berrezueta, y tiene 39 firmas. En el pedido se expone como razones principales: la irrupción violenta a la sede diplomática mexicana en Quito, cuyas responsabilidades serán determinadas en el proceso.

Tambien se incluye cuestionamientos sobre la aplicación del Plan Fenix, que a criterio del interpelante es apenas un borrador, que siguen las muertes violentas en el país y no ha logrado recapturar a alias Adolfo Macías, cabecilla del grupo de delincuencia organizada Los Choneros; y a Fabricio Colon Pico, cabecilla de una organización criminal asociada a la banda delictiva Los Lobos y a quien la fiscal General del Estado, Diana Salazar, acusó de dirigir un plan que busca atentar contra su vida.

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En un comunicado la bancada de legisladores señala que se presentaron las dos solicitudes por los “nefastos acontecimientos que ha vivido en país en las últimas horas”.

La bancada, añade el documento, llevará adelante un proceso serio y que brinde respuestas al país ante la “vergüenza internacional que está viviendo y las consecuencias que acarreará en diferentes espacios políticos, comerciales y de relaciones internacionales, la escalada de la violencia en todo el territorio nacional y la inacción del gobierno para recuperar la paz en el país”.

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Las solicitudes pasarán a conocimiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL), y serán conocidas una vez que se reactiven las actividades de la Asamblea Nacional tras el receso legislativo que concluye este 9 de abril. (I)