Un cruce de audiencias de uno de los integrantes del tribunal de juicio del caso por delincuencia organizada contra el expresidente Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo Bucaram, el israelí Sheinman Oren y el exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito Leandro Berrones generó que por séptima ocasión se difiera la diligencia en la que se escucharán las teorías de acusación y defensa antes de que los jueces tomen una decisión sobre si existe o no responsabilidad en el delito imputado.

Este jueves, 30 de mayo, desde las 08:30 se tenía previsto instalar la etapa de juzgamiento en la que la fiscal Lidia Sarabia iba a fundamentar su acusación contra los tres ecuatorianos y el israelí respecto a que, entre marzo y octubre de 2020, todos planificaron y ejecutaron actividades ilícitas relacionadas con la negociación de pruebas para la detección de COVID-19 y de mascarillas durante la emergencia sanitaria que vivió el Ecuador, obteniendo réditos económicos. Para ello, según la teoría de acusación, habrían incurrido en otras infracciones penales, como enriquecimiento privado no justificado, estafa, uso doloso de documento público y evasión tributaria.

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Fue a la jueza Mercedes Suárez Tapia, designada como reemplazo temporal del juez Pablo Coello, a quien se le produjo un cruce de audiencias señaladas para el mismo día y hora en la que fue convocada la diligencia en el proceso en el que está el exmandatario ecuatoriano. La obligatoriedad de estar en otras audiencias y no en esta se da porque había una persona procesada privada de la libertad con riesgo de caducidad de la prisión preventiva y porque estaba señalada una audiencia de acción de protección, que es de atención inmediata.

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El pedido de la fiscal por temas de seguridad

Independientemente del diferimiento, la fiscal Lidia Sarabia insiste a los jueces que integran el tribunal de juicio, Silvana Velasco (ponente), Catterine Vásquez y Pablo Cello, en que, por razones de seguridad, se le permita a ella y a los testigos y peritos de Fiscalía asistir vía telemática a la diligencia; y si no, al menos que se dispongan medidas para asegurar el perímetro sin poner en riesgo la integridad y la vida de esta parte procesal con sus testigos y disponer a las instituciones correspondientes que se refuerce el dispositivo de seguridad de la suscrita.

Antes de esta diligencia, la sala declaró no a lugar una petición de Sarabia para asistir vía telemática, explicando, entre otras cosas, que ya el tribunal había fundamentado el 23 de mayo pasado una negativa a este pedido pues no habían variado las circunstancias, y señalando que el principio de oralidad en las diversas etapas del proceso prevalece como la forma de promover los principios de concentración, inmediatez, publicidad y contradicción.

La fiscal Sarabia de momento es parte del Programa de Protección de Víctimas y Testigos, principalmente por las amenazas recibidas por investigar al narcotraficante Leandro Norero, a su familia y cercanos en un caso por lavado de activos. Ella ha rendido un testimonio anticipado en el caso Metástasis, proceso penal en el que son investigadas 52 personas por ser parte de una “empresa criminal” que estuvo liderada por Norero y que buscaba fallos judiciales, beneficios penitenciarios e información judicial privilegiada en casos que los involucraban.

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Las revelaciones en Metástasis

En Metástasis, la fiscal Sarabia dio a conocer todas las irregulares acciones que abogados en libre ejercicio, funcionarios judiciales y peritos realizaron mientras investigaba el lavado de activos y un posible caso de narcotráfico y crimen organizado contra Norero, varios de sus familiares y cercanos a la estructura delictiva que manejaba quien tenía el alias de el Patrón.

QUITO (20-02-2024).- En febrero pasado se intentó por quinta ocasión en el Complejo Judicial Norte realizar la audiencia de juzgamiento por el delito de delincuencia organizada en contra de Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda

“Con las revelaciones del caso Metástasis, la vida y la integridad de la suscrita están en grave riesgo, motivo por el cual se dificulta la comparecencia de esta servidora fiscal de manera presencial, puesto que implica un alto riesgo a mi integridad. Desde ya responsabilizo a vuestro tribunal de lo (que) pueda ocurrirme mientras me encuentro sustanciando, conociendo y tramitando la presente causa penal por no brindarme las garantías mínimas para desempeñar mis funciones sin riesgos a mi integridad personal”, asevera Sarabia en el escrito presentado al tribunal el 29 de mayo pasado.

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En el caso de que se mantenga la negativa al pedido para asistir vía telemática a la audiencia en el caso que involucra a Abdalá y Jacobo Bucaram, la fiscal pide que el tribunal motive y fundamente su decisión. Resaltó en su escrito que en la providencia del 28 de mayo pasado únicamente se hace referencia al principio de oralidad y en nada se refiere a la seguridad, integridad personal y las garantías necesarias para poder ejercer sus funciones sin amenaza a sus derechos humanos. Tampoco, dice Sarabia, la sala se ha pronunciado sobre el principio de “uniformidad de sus decisiones”, debido a que, recuerda, en providencia del 6 de febrero último, este tribunal proporcionó los accesos telemáticos a la servidora fiscal y testigos de Fiscalía precisamente por motivos de seguridad.

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“Dicha diligencia no se instaló por inasistencia de un abogado de la contraparte; en este contexto, en nuevo señalamiento se están cambiando las circunstancias de las comparecencias. Es garantía del debido proceso motivar sus pronunciamientos en hechos y en derecho, por lo que sírvanse pronunciarse sobre si el principio de oralidad se antepone a derechos inherentes al ser humano, como es la vida, la integridad. Además sírvanse pronunciarse sobre el principio de uniformidad dentro de la presente causa conforme lo dejo expuesto”, aseguró Sarabia.

Por otra parte, la fiscal actuante le pide al tribunal de juicio que se pronuncie respecto del riesgo de peligro que mantiene Sarabia como fiscal, así como de los testigos y peritos de Fiscalía. Recordó a los integrantes de la sala que deben brindar las garantías para que los testigos no se sientan coaccionados, con circunstancias —señaló en su escrito Sarabia— como la del asesinato del también procesado en este caso por delincuencia organizada Shy Dahan, hecho ocurrido mientras la fiscal Sarabia conocía la presente causa y que es de conocimiento público, toda vez que la colaboración de los testigos con la justicia en el presente caso puede representar un riesgo, así como represalias.

Finalmente, aclaró la fiscal Lidia Sarabia que por ningún motivo se podrá dilatar la diligencia señalada con base en la presentación de su escrito, ya que este es inherente a temas relativos a la forma de comparecencia y en nada se pretende obstaculizar el desenvolvimiento de la etapa de juicio. (I)

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