En menos de un año, dos exministros de Energía han sido investigados penalmente por la Fiscalía y otro mantiene un proceso de juicio político en la Asamblea

Un proceso penal por cohecho, un juicio político por incumplimiento de funciones y una investigación previa por los delitos de paralización de un servicio público y traición a la patria son los temas penales y políticos que tienen a cuestas las últimas tres personas que han ocupado el cargo de ministro de Energía en los dos últimos gobiernos: Xavier Vera Grunauer y Fernando Santos Alvite, en la presidencia de Guillermo Lasso, y Andrea Arrobo, en el mandato de Daniel Noboa.

A Arrobo, ministra de Energía y Minas hasta el 16 de abril pasado, no solo el presidente Noboa le pidió la renuncia por el manejo que tuvo de la crisis energética, sino que también se la incluyó en una lista de 22 personas a las que el propio secretario de la Administración Pública, Arturo Félix Wong, denunció en Fiscalía por los delitos de paralización de un servicio público y traición a la patria. En la denuncia se pide que se abra una investigación previa, que sea manejada de manera reservada, y que se ordenen detenciones con fines investigativos contra todos los sospechosos.

El administración de Noboa asegura tener presunciones graves de que desde la última semana de marzo de 2024 hasta la fecha de la denuncia en la Fiscalía (el 17 de abril pasado) “la exministra Andrea Arrobo habría ocultado de manera intencional información esencial para el funcionamiento y eficiente operación del Sistema Nacional Interconectado con la finalidad de perjudicarlo”. Por el momento en Ecuador se producen cortes de energía de hasta ocho horas de duración.

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En la denuncia se afirma que Arrobo, en su calidad de ministra de Energía, ocultó “de manera premeditada” al presidente de la República y al Gabinete Sectorial de la Producción los pronósticos de generación eléctrica e información presentada por el Cenace (Operadora Nacional de Electricidad). Además se incluye en el posible ilícito a entonces viceministros y subsecretarios de la cartera de Energía y Minas como responsables de haberse “concertado y planificado para ocultar, suprimir y evitar que las alertas respecto de la generación, distribución y transmisión de energía lleguen a los demás miembros del gabinete”.

En la denuncia de Félix Wong también figuran Esteban Albornoz y José Medardo Cadena, exministros de Electricidad y Energía Renovable durante el gobierno de Rafael Correa.

La denuncia presentada en la Fiscalía por el Gobierno de Noboa se da en momentos en los que en la Asamblea Nacional se lleva adelante un proceso de juicio político contra quien ocupó el cargo de ministro de Energía antes que Arrobo: Fernando Santos Alvite. Hace pocos días, la Comisión de Fiscalización recomendó su enjuiciamiento político en el pleno de la Asamblea.

El documento aprobado por unanimidad en la mesa de Fiscalización señala que el ministro de Energía del Gobierno de Guillermo Lasso “ignoró e inobservó las alertas emitidas” sobre los efectos del estiaje en la generación eléctrica del país, lo que provocó apagones entre octubre y diciembre del año pasado. La moción contra Santos Alvite la presentó el legislador por la provincia de Cotopaxi César Umajinga.

En tanto que el 16 de mayo del 2023, ante la argumentación de la fiscal general, Diana Salazar, sobre la necesidad de ordenar la prisión preventiva del exministro de Energía Xavier Vera Grunauer, pues existen riesgos procesales de que obstaculice el accionar de la justicia o fugue del país, un juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) dispuso la prisión preventiva del ingeniero civil de 50 años y dio inicio a una instrucción fiscal por el delito de cohecho.

En ese momento, Vera Grunauer ya era exministro, pues renunció al cargo a finales de octubre de 2022, justo después de varios allanamientos realizados por la Fiscalía a su vivienda y despacho ministerial.

Para finales de diciembre de 2023, la Fiscalía, durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, solicitó que se llame a juicio al exministro Vera y a Adrián Zamora, como autores de cohecho, mientras que a Armando Robalino y Allan Velasco, como cómplices.

Para el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, existían suficientes elementos de convicción que revelan la participación de los cuatro sospechosos en el cohecho existente a partir de una supuesta estructura que pedía dinero a cambio de entregar puestos públicos.

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Según el dictamen acusatorio argumentado por Toainga, el 12 de mayo de 2022, Zamora ingresó a trabajar en la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas, en el cargo de coordinador zonal de Imbabura, debido a que entregó como pago por el puesto $ 150.000.

Ese dinero habría sido requerido en un primer momento por Robalino, alias el Chavo, y Velasco. Después, supuestamente, en mayo de 2022, habría sido directamente el propio ministro de Energía quien solicitó la entrega de lo ofrecido en su vivienda ubicada en Samborondón (Guayas). Así se habría confirmado el pago de los $ 150.000 a cambio del cargo de coordinador zonal de la Agencia de Regulación y Control, e incluso, según se resaltó en las audiencias, le habrían brindado a Zamora la posibilidad de escoger entre la coordinación de Imbabura o Azuay y que la “dádiva” la podría pagar en partes.

Para inicios de enero de 2024, el entonces juez nacional Luis Rivera dio a conocer su resolución en la que acogió el pedido hecho por el fiscal Toainga. Decidió llamar a juicio al exministro y a los otros tres procesados. Aún no existe fecha para la diligencia. (I)