Desde junio de 2022 está vigente el mandato de ejecución para que el Estado ecuatoriano recupere los $ 40,4 millones impuestos como reparación dentro del proceso penal en el que el excontralor Carlos Pólit fue sentenciado a seis años de cárcel como autor directo del delito de concusión. La Procuraduría General del Estado (PGE), como instancia que representa judicialmente a Ecuador, es la institución encargada de lograr recuperar lo impuesto como pena económica.

La condena recibida por el exfuncionario público estaba relacionada con la trama de corrupción implementada por la constructora brasileña Odebrecht para desvanecer glosas en la Contraloría General del Estado (CGE) y obtener contratos en obras públicas bajo la entrega de coimas.

En la fase de casación, en diciembre del año 2020, un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ratificó una pena de culpabilidad impuesta en 2018. La diferencia de la condena inicial fue que Carlos Pólit fue declarado el único responsable del delito investigado. Jhon Pólit, su hijo, fue declarado en dos instancias culpable junto a su padre, pero en casación se le ratificó su estado de inocencia. La consecuencia práctica fue que Pólit padre debía pagar solo los $ 40,4 millones de reparación integral impuesta en sentencia.

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Mandamiento de Ejecución vigente desde junio de 2022

La Procuraduría informó el 3 de junio de 2022 que el Tribunal de Ejecución de la Corte Nacional que conoce el caso del excontralor emitió el mandamiento de ejecución para que pague al Estado $ 40,4 millones fijados en la sentencia. Para concretar el pago de la indemnización le dieron un plazo de cinco días al excontralor, quien se encuentra desde 2017 en Estados Unidos, advirtiendo que en el caso de que no cumpla con esta obligación, la Procuraduría solicitará el inmediato inicio del procedimiento de ejecución forzosa

Desde ese momento la Procuraduría ha impulsado acciones para recuperar el impuesto en sentencia, pero el proceso camina de forma lenta. Por ejemplo, desde la Corte Nacional, apenas en enero de este año, se pidió al Registro de la Propiedad de Quito que certifique qué bienes tiene el excontralor. El documento se envió en marzo y la PGE insistió el 24 de abril último en el embargo forzoso del único bien que por el momento se sabe estaría registrado a su nombre.

El inmueble sobre el que se pide se proceda al embargo tiene que ver con el departamento número 52, ubicado en el quinto piso de la torre de departamentos del Conjunto de Edificios Hotel Plaza, torre doce. El lugar sería la suite de un hotel del norte de Quito en el que se definió, dentro del proceso penal por concusión, que como contralor del Estado recibió dineros, a modo de sobornos, del entonces directivo de Odebrecht, José Conceicao Santos.

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Como parte de ese inmueble también estaría el estacionamiento número 55 y la bodega número 24 del complejo de apartamentos localizado en el sector de La Floresta, al norte de Quito.

Un jurado declara culpable a Carlos Pólit de seis cargos penales

Hace casi dos semanas, el excontralor Pólit recibió una declaratoria de culpabilidad de parte de un jurado de Estados Unidos, quienes definieron la responsabilidad por seis cargos penales que el Departamento de Justicia estadounidense lo acusó. En ese marco, la Procuraduría General busca impulsar acciones para recuperar bienes del exfuncionario público que mantiene nacionalidad ecuatoriana y estadounidense.

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La PGE informó que un estudio jurídico internacional especializado en recuperación de activos fue contratado por la institución para analizar los escenarios jurídicos e iniciar las acciones que permitan al Estado ecuatoriano recuperar los bienes que el excontralor general posee en Miami, Estados Unidos.

En la foto el entonces secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera Giler; el contralor General del Estado, Carlos Pólit Faggioni; y el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, en el Palacio de Carondelet. Foto: Archivo

En este contexto, la Procuraduría General habría verificado que existe la opción de solicitar al Gobierno de Estados Unidos el reparto internacional de activos basado en la cooperación internacional, lo cual se contempla en la legislación de ese país y en la Convención Interamericana sobre Asistencia Legal Mutua Penal, de la cual son parte Ecuador y Estados Unidos.

Al momento, la Procuraduría se encontraría coordinando acciones con las entidades pertinentes para que Ecuador pueda remitir oficialmente la solicitud de reparto internacional de activos.

El penalista Pablo Encalada cree que esta tarea de recuperar los $ 40,4 millones es algo de largo aliento tanto en Ecuador, en donde parecería, dice, no tendría casi nada de bienes, como en Estados Unidos, jurisdicción en la que debe esperar que decidan otras autoridades con base en otra legislación.

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En lo relacionado a las acciones en Estados Unidos a Encalada le parece bien que la Procuraduría General trate de recuperar algo en el extranjero, pero se basa en su experiencia para decir que “nunca” el país ha tenido éxito. “Me parece bien que lo intenten, pero bien difícil, no creo que tengamos éxito como no hemos tenido éxito en otros casos”, apuntó.

Dentro del juicio que Carlos Pólit ha perdido en Estados Unidos, el jurado que lo declaró culpable decidió la confiscación de un edificio de oficinas que la familia Pólit habría adquirido con sobornos de Odebrecht, en Coral Gables, en el centro de Miami, Estados Unidos. La jueza Kathleen Williams, de la Corte del Distrito Sur de Florida, mencionó dos inmuebles propuestos por los fiscales para la confiscación: uno era el edificio de oficinas y otro un lujoso departamento también localizado en Coral Gables.

Independientemente de los bienes señalados por el tema de la confiscación, la justicia estadounidense estaría tras la pista de otros bienes y empresas relacionados con Pólit y su familia, principalmente a su hijo Jhon Pólit. (I)