El pleno de la Asamblea Nacional se reunirá este miércoles, 28 de febrero del 2024, para conocer el informe de la Comisión de Fiscalización que recomienda iniciar el juicio político en contra del actual vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Fausto Murillo, y el exvocal del mismo organismo Juan José Murillo, por supuestos incumplimientos de funciones.

Estos incumplimientos se habrían dado en cinco hechos, según consta en el informe de sustanciación del juicio político elaborado por la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, aprobado la semana pasada.

La solicitud de interpelación fue planteada en el anterior periodo legislativo por los exasambleístas Luis Almeida y Xavier Santos. El actual ponente es el legislador Carlos Vera.

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Son cinco las acusaciones:

1. Incumplimiento de funciones de parte de Morillo y Murillo por un posible tráfico de influencias que se habría dado cuando Juan José Murillo y Maribel Barreno, exvocales de la Judicatura, supuestamente buscaron incidir en la decisión respecto de la acción de protección presentada por la expresidenta de la Asamblea Nacional Guadalupe Llori, para mantenerse en su cargo, y que se habría conocido con la filtración de audios.

Según el informe de la Comisión, Morillo habría incidido “en el ejercicio de las competencias de los jueces y juezas e irrespetar la independencia judicial interna de la Función Judicial”; mientras que Murillo, “teniendo la obligación de denunciar y alertar la perturbación a la independencia judicial, omitió hacerlo”.

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2. Incumplimiento de funciones por parte de Murillo por la falta de ejecución del proyecto de homologación salarial que alcanzaba a 4.000 servidores judiciales.

La Comisión concluyó que “durante la presidencia de Murillo no se pudo evidenciar acciones concretas que resuelvan los nudos críticos que impedían la ejecución del proyecto de homologación salarial; proyecto que, está de más señalar, fue aprobado por el pleno de esta institución en años anteriores”.

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3. Incumplimiento de funciones de parte de Murillo ante la falta de insumos y atención de las dependencias judiciales

La Comisión indicó que, como presidente del CJ, Murillo no logró gestionar la asignación y ejecución de los recursos suficientes para satisfacer las necesidades del servicio judicial.

4. Incumplimiento de funciones de parte de Murillo por una supuesta arrogación de funciones.

“Murillo incumplió sus funciones, al inobservar el artículo 82 y 266 de la Constitución, el numeral 1 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial y artículo 159 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Esto ya que el enjuiciado en cuestión inobservó el dictamen interpretativo n.º 2-19-IC/19 emitido por la Corte Constitucional, mismo que establecía que las decisiones adoptadas por el CPCCS-T se encontraban blindadas y no podían ser revisadas, desconocidas, interpretadas o revocadas por la administración pública o entidad estatal, inobservancia que conllevó a la vulneración del derecho a la seguridad jurídica del Dr. Álvaro Román”, señala el informe de la Comisión de Fiscalización.

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5. Incumplimiento de funciones de Murillo respecto al proceso de reconstrucción del edificio de la Corte Provincial de Justicia de Portoviejo, provincia de Manabí.

“Murillo incumplió sus funciones, al inobservar los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución. Esto ya que, durante la gestión del Dr. Murillo como presidente encargado, la provincia de Manabí fue desatendida y, a la fecha, el Palacio de Justicia de Manabí sigue sin operar, incumpliendo los plazos derivados de sucesivos compromisos adquiridos por la autoridad”, indicó el texto.

En el informe de la mesa se recomienda iniciar procesos de interpelación por separado.

Para la censura y destitución de los miembros del CJ se necesita una mayoría calificada de asambleístas, o sea, 92 votos, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa. (I)