Cuatro juicios políticos que se tramitarán en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional producirían una renovación anticipada de las autoridades de la Función de Transparencia y Control Social y de la Procuraduría General del Estado, en el caso de que sean destituidas y censuradas, cuyos remplazos serán designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

El 24 de octubre pasado, el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) calificó el enjuiciamiento político por presunto incumplimiento de funciones a cuatro autoridades de control: el superintendente de Compañías, Víctor Anchundia; la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui; el contralor subrogante de la Contraloría General del Estado, Carlos Riofrío; y el procurador del Estado, Íñigo Salvador.

Las tres primeras autoridades forman parte de la Función de Transparencia, o conocida como Quinto Poder, que integra a nueve instituciones.

Una de ellas es la Contraloría, en la que su titular, Carlos Riofrío, es cuestionado por el legislador correísta de UNES Ronny Aleaga, quien lo acusa de haber hecho una reforma a la Ley de la institución mediante un acuerdo, para que las contrataciones menores a $ 900.000 no requieran de un informe previo de control.

Publicidad

Presentan pedido de juicio político en contra de cuatro consejeros del CNE

Riofrío asumió funciones en junio pasado, cuando Pablo Celi, quien era contralor subrogante, renunció al ser procesado por presunta delincuencia organizada y cumple prisión preventiva.

Celi a su vez remplazó a Carlos Pólit, que también renunció pocos meses después de su designación en marzo del 2017, implicado en el caso Odebrecht.

Ello derivó en una crisis institucional, por un ‘vacío’ en el artículo 33 de la Ley de la Contraloría que no establece la forma de designar a la primera autoridad, en caso de ausencia definitiva del titular y subrogante.

Es así, que la Comisión de Justicia de la Legislatura aprobó este 12 de noviembre un proyecto borrador de reforma para primer debate del pleno que introduce cinco artículos.

Entre estos, se determinan seis causales para el cese en funciones. Define que, en ausencia temporal del titular, lo subrogará el contralor subrogante; y esta ausencia se dará por fuerza mayor que le impida ejercer por tres meses o por el tiempo de licencia sin sueldo que no supere los 60 días. Cumplidos estos plazos, se considerará ausencia definitiva.

Si se configura la ausencia definitiva, la Comisión plantea que el CPCCS designe como contralor al candidato que haya sido el segundo mejor puntuado del mismo concurso público del que emanó la primera autoridad. Ejercerá sus funciones por el tiempo restante del periodo para el que fue electo su antecesor.

Publicidad

Otra reforma establece los requisitos para ser electo; y, se suprimiría del artículo 33 de la norma vigente, la frase: “subrogará al contralor en caso de ausencia temporal o definitiva hasta la designación del titular”.

Este informe se aprobó con cinco votos a favor de los legisladores de la Izquierda Democrática (ID), Alejandro Jaramillo (que dirimió), Johanna Moreira, Dalton Bacigalupo; y de Pachakutik (PK), Ricardo Vanegas y José Chimbo.

Se abstuvieron Dina Farinango (PK); José Agualsaca, Jahaira Urresta, Sofía Espín y Fausto Jarrín, estos últimos de la bancada de UNES, que se inclinaban porque el CPCCS designe un contralor encargado.

La discusión legislativa se da a la par del desarrollo del concurso público para designar al nuevo contralor, que realiza el Consejo de Participación Ciudadana dividido entre sus siete consejeros.

Los cuatro consejeros de mayoría y quienes toman las decisiones lo integran la presidenta Sofía Almeida, sobrina del asambleísta del PSC Luis Almeida; Ibeth Estupiñán; Javier Dávalos, exfuncionario del gobierno de Rafael Correa; David Rosero, cercano al movimiento Unidad Popular, que se alió electoralmente con Pachakutik en los últimos comicios nacionales.

Los tres de minoría son: Hernán Ulloa, Francisco Bravo y María Fernanda Rivadeneira, que cuestionan los procedimientos y el reglamento para la elección.

El Consejo prevé tener designado al nuevo contralor en mayo del 2022, pese a que en marzo concluye el periodo para el que fue electo Carlos Pólit, y por el que ahora está en funciones Riofrío.

El Consejo de Participación Ciudadana no tendrá designado al nuevo contralor en marzo, sino en mayo del 2022

Si él no es destituido en la interpelación podría permanecer en el cargo por dos meses adicionales, hasta que el CPCCS termine la elección del sucesor.

Pero, si se procede con su destitución, según la ley actual, lo remplazaría Alberto Jhayya, que consta en la institución como contralor subrogante.

Si los superintendentes de Bancos y Compañías, y el procurador fueran también destituidos por estos juicios políticos, la designación de sus remplazos se hará mediante ternas de candidatos que deben ser remitidas por el presidente de la República al CPCCS.

Este organismo conformará una veeduría ciudadana para observar la transparencia de la elección; y a los candidatos se les revisará el cumplimiento de requisitos legales y no estar incursos en inhabilidades. Finalmente, enfrentarán la impugnación ciudadana y se procederá con la designación.

La Constitución en su artículo 205 establece que las autoridades que integran la Función de Transparencia estarán en el cargo cinco años; y el procurador cuatro años, según el artículo 235 de la misma norma.

Los periodos de Anchundia y Arregui culminan en el 2024, pues fueron designados por el extinto CPCCS de transición y posesionados en la Asamblea en marzo y mayo del 2019, respectivamente. Por lo que les resta tres años en sus cargos. Mientras, Salvador fue posesionado en la Legislatura en julio del 2018, y le queda un año, que concluye en julio del 2022.

El artículo 435 de la ley que rige a la Superintendencia de Compañías establece que, en caso de ausencia temporal o definitiva del titular, será el intendente de la oficina matriz el que lo remplace.

Con una fe de erratas el CPCCS cambió reglamento para comisionados que designarán al nuevo contralor del Estado

Los interpelantes de Anchundia son los legisladores de PK Ricardo Vanegas y Luis Almeida, del PSC, que lo cuestionan por supuestamente incumplir con el control de las operaciones del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).

El proceso prevé iniciar este 13 de noviembre, con la sustanciación de pruebas de cargo y descargo, y terminaría en diciembre, según la estimación del asambleísta independiente Pedro Velasco, miembro de la mesa de Fiscalización.

Si Anchundia es destituido, el presidente Guillermo Lasso deberá remitir en un plazo de 30 días una terna de candidatos al CPCCS para que designe a la autoridad que completar el periodo para el que fue electo el titular.

Comisión de Fiscalización comienza a sustanciar pedidos de juicio político al superintendente de Compañías, Víctor Anchundia

Arregui es interpelada por presuntamente incumplir con el control y vigilancia de las actividades del sistema financiero. El legislador de PK Darwin Pereira presentó el pedido aduciendo que en la emergencia sanitaria derivada por el COVID-19, el sistema cobró intereses y valores que no estaban considerados en la ley, lo que había impedido que los usuarios renegocien sus deudas.

De darse su destitución, el procedimiento para la designación de un subrogante hasta la elección del titular, no está precisado por el Código Orgánico Monetario.

En contra de Íñigo Salvador, el enjuiciamiento político lo impulsa el asambleísta de UNES Ferdinan Álvarez por supuesto incumplimiento en la defensa del Estado ecuatoriano en los procesos arbitrales de las compañías petroleras Perenco y Chevron-Texaco.

Si es destituido, lo subrogará el subprocurador. La ley de la Procuraduría data del 2004 y tampoco especifica el proceso a seguir si se produce la ausencia definitiva de la autoridad.

Por ello, el constitucionalista Ismael Quintana explicó que para estas tres últimas autoridades deberá activarse la selección mediante ternas remitidas por el Ejecutivo, en el caso de que sean destituidas y censuradas, que se hará con “escrutinio público y veeduría para terminar, nombrando al primero de la terna”, opinó.

A Mauricio Alarcón, director de la organización de la sociedad civil Fundación Ciudadana y Desarrollo, le es “sospechosamente extraño que se soliciten juicios políticos sobre aquellas autoridades que tienen relación con el CPCCS”.

Añadió que pese a la existencia de normas que regulan la designación de autoridades, “poco o nada se cumplen y no sorprendería que esto forma parte de una acción articulada para desestabilizar a las autoridades de la Función de Transparencia y encargar a allegados o exfuncionarios”. (I)