La aprobación del informe para segundo debate de las reformas relacionadas con la consulta popular 2024 terminó en una confrontación entre el Ejecutivo y Legislativo respecto del contenido de los textos que deben pasar el filtro del pleno de la Asamblea Nacional.
Antes de que la comisión ocasional, encargada de tramitar las reformas producto de la consulta popular y referéndum 2024, conozca la moción de aprobación sobre el contenido de las reformas referentes al aumento de penas para delitos como terrorismo, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, secuestro extorsivo y tráfico de personas, el presidente Daniel Noboa se adelantó y alertó al país de que el incremento de penas contra la delincuencia estaba en riesgo en la Asamblea Nacional.
Esto desató nuevamente la confrontación y se activaron las redes sociales desde el Legislativo para aclarar que la comisión aún no había aprobado nada y que el primer mandatario estaba mal informado.
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La comisión ocasional, presidida por el socialcristiano Carlos Vera Mora, se instaló en modalidad virtual cerca de las 17:00 para dar lectura del informe borrador que estaba listo desde el viernes 28 de junio. La mesa se declaró en sesión permanente y luego de la lectura del documento se dispuso un receso antes de abrir el debate y llamar a votación.
En el receso, a las 19:05, el presidente Daniel Noboa difundió un comunicado al país en el que cuestionó a la Asamblea Nacional por pretender reducir las penas en los delitos vinculados el terrorismo, tráfico de armas y drogas, y refutó que todo el esfuerzo que hace su gobierno para enfrentar las estructuras criminales que trafican con drogas y armas, secuestran y asesinan a inocentes, se hallaba en riesgo.
Cuestionó el trabajo de la comisión porque, según su criterio, pretende ignorar la voluntad popular y quiere reducir las penas frente a lo que el Gobierno ha planteado.
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Daniel Noboa advierte que el incremento de penas contra la delincuencia está en riesgo
¿Para quiénes legislan estos asambleístas? ¿Para el pueblo o la delincuencia organizada? ¿Qué intereses esconden? ¿Por qué quieren proteger a los integrantes de las bandas terroristas? ¿Por qué quieren desobedecer a las y los ecuatorianos -sus mandantes-, quienes aprobaron que quien sea parte de la delincuencia organizada tenga una pena de 22 a 26 años, y ustedes proponen de 10 a 13 años?, expuso el presidente Noboa en su comunicado.
El comunicado del primer mandatario se registró antes de que la comisión haya aprobado el texto final del proyecto, y eso fue motivo de aclaración por parte del presidente de la mesa, Carlos Vera Mora (PSC), y de la vicepresidenta, Lucía Posso (Avanza).
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Vera Mora, en un comunicado, sostuvo que el presidente Noboa emitió afirmaciones inexactas respecto del tratamiento de los temas de la consulta popular, que luego de la reinstalación de la sesión se “ha ratificado el pedido expresado en la consulta popular por la ciudadanía; esto es, una lucha frontal contra la inseguridad y cualquier forma de delincuencia; en consecuencia, se está entregando una reforma legal con incremento de penas contra quienes delinquen”.
Que llama la atención el impreciso comunicado del presidente, ya que lo resuelto justamente coincide con su propuesta de ley entregado a esta comisión. Demandamos de todos los poderes del Estado respeto a la verdad y responsabilidad para con los ecuatorianos, observó.
El informe borrador de la comisión que se conoció desde la noche del viernes 28 de junio no solo cambiaba lo planteado por el Ejecutivo respecto de la simplificación de la extinción de dominio, sino que también contenía una revisión de las penas planteadas por el Ejecutivo para una serie de delitos graves, con base en criterios de dosimetría.
Por ejemplo, en el delito sobre terrorismo que reformaba el primer inciso del artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el Ejecutivo planteó un incremento de penas de 19 a 22 años, y en el informe borrador se recomendó bajar esa pena de 13 a 16 años, pues actualmente la pena para ese delito está entre 10 y 13 años.
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En las reformas sobre el tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, que incluye cambios al artículo 220 del COIP, el Ejecutivo planteó penas entre 22 y 26 años, pero en el informe borrador de la comisión se propuso una pena máxima de entre 16 y 19 años.
En las penas sobre tráfico de armas, el proyecto del Ejecutivo proponía penas de entre 22 y 26 años, y en el informe se incluyó una pena máxima de hasta 16 años de prisión; lo mismo sucedió en los delitos por actividades ilícitas de recursos mineros, para lo cual se plantearon penas máximas de 26 a 30 años de prisión, pero los legisladores en el informe borrador proponían una pena máxima de entre 13 y 16 años.
Tras el receso, la legisladora Lucía Posso fue la encargada de mocionar la forma de aprobación en lo relacionado con el incremento de penas de los delitos y propuso mantener los textos originales enviados por el Ejecutivo que tengan relación con el aumento de penas. Pero ella, en dos ocasiones, aclaró que este planteamiento no es una respuesta a ningún comunicado del presidente de la República, porque la misma tarde del sábado envió las observaciones relativas a la extinción de dominio y el incremento de penas.
La lucha es compleja, todos están trabajando contra la corrupción y aquí nadie está defendiendo a mafiosos ni a delincuentes, sentenció Posso. Al final, el informe aprobado mantiene los textos originales que remitió el Ejecutivo respecto del incremento de penas, pero hubo cambios sobre las reformas a la extinción de dominio.
El informe aprobado con cuatro votos de cinco miembros se conocerá y resolverá en la sesión plenaria 939, convocada por el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, para este martes 2 de abril a partir de las 10:00. (I)
