En menos de una semana, dos nuevas leyes se publicaron en el Registro Oficial por disposición del presidente Daniel Noboa, quien las envió sin hacer ningún cambio y tal y como fueron aprobadas en la Asamblea Nacional. Se trata de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, aprobada el pasado 7 de junio, y la Ley Orgánica de Inteligencia, aprobada el martes 10.
La celeridad en la entrada en vigencia de ambas normas y la falta de observaciones es vista por analistas políticos como los primeros resultados de un Gobierno que tiene mayoría en el Legislativo, que controla comisiones, y que ha provocado un debilitamiento de la oposición dejándola sin capacidad de influir en las votaciones.
Para Cristian Carpio, analista político y docente universitario, la ausencia de vetos demuestra que ambas leyes han sido coordinadas y trabajadas en conjunto entre el Ejecutivo y el bloque oficialista con sus aliados en la Asamblea Nacional.
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“La Ley de Solidaridad Nacional fue iniciativa del Ejecutivo por ejemplo. En ese sentido al estar coordinados limita la necesidad de avanzar con observaciones”, indica.
El analista político Giuseppe Cabrera dice que la falta de observaciones a las normas es muestra de que está siendo efectiva la estrategia del Gobierno, y del proyecto político de ADN, de haberse tomado todas las comisiones, las presidencias y tener mayoría en las mesas importantes en la Asamblea Nacional.
“Si hubo cambios fue siempre bajo conocimiento del Ejecutivo y bajo venia y aprobación de alguno de sus delegados que estuvo dando seguimiento al trámite, dentro de la de la Comisión y finalmente en el pleno de la Asamblea Nacional”, apunta.
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La Ley de Solidaridad, aprobada con 84 votos, fue el primer proyecto económico urgente que Noboa envió a la nueva Asamblea Nacional en la que su bloque, Acción Democrática Nacional, tiene mayoría. El texto llegó el 17 de mayo pasado con el nombre de Ley para ‘desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno’. Sin embargo, luego de su tratamiento en la mesa de Desarrollo Económico su nombre cambió, al igual que algunos de los textos originales que remitió el Ejecutivo.
La normativa, incluye medidas de protección, prevención y reparación a personas vulnerables en zonas afectadas por el crimen organizado, el incremento de penas para el tráfico de combustibles y adecuaciones al régimen de rehabilitación social, un indulto diferido, a fin de evitar que los efectivos policiales y militares sean sujetos de prisión preventiva, así como establecer parámetros para determinar el uso o consumo personal de drogas y la creación de las sociedades anónimas deportivas.
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La norma está compuesta por 18 artículos, 5 disposiciones generales, 4 transitorias, 2 derogatoiras y 8 reformatorias a cuerpos legales, como el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la Ley de Movilidad Humana, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), entre otras.
Noboa con ‘mayoría aplastante’
Cabrera menciona que el tratamiento de estas dos leyes y su rápida aprobación y entrada en vigencia es muestra de “la mayoría aplastante” con la que cuenta Noboa en el interior del Legislativo.
“Dejaron completamente aislado al correísmo poniéndoles en dos comisiones con poco peso como la niñez y casi que agrupándolas a todos en esa comisión y teniendo mayoría de ADN en CAL, el cual decide a dónde envía los proyectos de ley, así algunos sean contradictorios o no tengan que ver con la materia, pero son enviados a la Comisión que pueda permitirles mayor control”, refiere.
Para Carpio la celeridad con la que se trató el primer económico urgente de este nuevo periodo, demuestra la capacidad que tiene el Ejecutivo de avanzar su agenda legislativa y poder aprobar leyes en las cuales tiene intereses y está alineado.
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A su vez, dice que demuestra “un debilitamiento de la oposición que se han quedado sin capacidad de influir en el Legislativo, al menos momentáneamente”. Mientras, sobre la falta de observaciones a estas leyes también dice Carpio que muestra “el sentido de premura que tiene el Gobierno para avanzar con esta legislación, sobre todo cuando los problemas de violencia están a la alza y no se miran soluciones en el corto plazo”.
Sin embargo, no descarta que el Ejecutivo busque enviar nuevos proyectos económicos urgentes y por ello necesita terminar con rapidez el trámite de los que estaban en el Legislativo.
Por su parte, la segunda norma que entró en vigencia es la de Inteligencia, aprobada con 77 votos, que no es una iniciativa de Noboa ya que esta fue presentada en el 2018 por la exlegisladora Ana Belén Marín, que perteneció a la bancada del desaparecido movimiento Alianza PAIS.
El primer debate de esta norma se realizó en abril del 2023, antes de la muerte cruzada decretada por el expresidente Guillermo Lasso y en la Asamblea siguiente siguió su trámite en la Comisión de Seguridad Integral.
Con esta norma, los organismos de inteligencia no tendrán que pedir autorización judicial para interceptar llamadas telefónicas, abrir o interceptar documentos como parte de sus operaciones encubiertas.
En esta ley se dispone la derogatoria del artículo 20 de la ley de Seguridad Pública y del Estado, que se refiere a la autorización judicial que determina que “cuando los organismos de inteligencia, como parte de las operaciones encubiertas, requieran retener, abrir, interceptar o examinar documentos o comunicaciones por cualquier medio, solicitarán de forma motivada al Presidente o Presidenta de la Corte Nacional de Justicia la autorización correspondiente, mediante solicitud reservada, la cual constará en los registros especiales que, para el efecto, mantendrá la Función Judicial...“.
La norma tiene 58 artículos, cinco disposiciones generales, una transitoria, cuatro disposiciones derogatorias que elimina catorce textos de la ley de Seguridad Pública y del Estado, así como de la Ley de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos.
El objetivo de esta ley es llevar a cabo las actividades y operaciones de inteligencia y contrainteligencia, dentro del ámbito de sus competencias, para alertar y asesorar en la toma de decisiones en el más alto nivel, buscando anticipar, evitar o neutralizar, amenazas y riesgos que afecten a la seguridad integral del Estado.
Ley de Inteligencia podría traer demandas de inconstitucionalidad
La Ley de inteligencia ha sido objeto de polémica y se han generado varios cuestionamientos e incluso advertencias de posibles demandas de inconstitucionalidad desde varios sectores.
Carpio dice que estas críticas es muy probable que lleven a efectuar demandas de inconstitucionalidad por parte de la oposición, pero cree que estas seguramente estarán enfocadas en los artículos que han generado dudas y no necesariamente en toda la Ley.
“Bloques como el de RC y PSC habían condicionado su voto en la Asamblea si se eliminaban algunos artículos, seguramente los procesos se centrarán en ellos. Si la Corte Constitucional (CC) da paso a una demanda o determina la inconstitucionalidad eso podría generar un golpe político al Gobierno”, opina.
Por su parte, Cabrera dice que está por verse qué línea tendrá la CC, luego de las renovaciones que experimentó en su conformación, y ver sigue siendo una administrada de justicia fuerte ahora que tiene un gobierno políticamente fuerte y no se piense que era fuerte porque estaba ante gobiernos débiles como el de Lenin Moreno o el de Guillermo Lasso.
“Lo que vimos durante el año y medio de mandato anterior de Noboa es que la Corte no estaba queriéndole poner ningún freno, no defendió la sucesión constitucional de Verónica Abad, dio sentencias que al final eran inaplicables. Veamos si la Corte termina siendo el último espacio que es asumido por la acumulación de poder que está haciendo el proyecto político de ADN, que se está metiendo en todas las instituciones y que está influyendo en la mayoría y en la conformación de todas las instituciones del Estado”, subraya.
Las demandas que se puedan presentar por esta norma de Inteligencia, dice Cabrera que serán un termómetro para ver cómo está la Corte, porque este cuerpo legal considera que viola varias garantías del debido proceso y varios derechos y libertades civiles e individuales.
“Veo poco probable que la Corte declare alguna inconstitucionalidad, pero de darse eso el Gobierno es más seguro que haga algún pequeño cambio o que insista o que haga lo que ya ha hecho: un movimiento comunicacional para que la gente ponga como enemigo a la Corte, pero por otro lado, ver como garantiza una mayoría dentro de de la Corte y veremos que trae la última terna de renovación”, explica y descarta que ese tipo de acciones terminen teniendo repecursión política para Noboa, ADN y el Gobierno Nacional. (I)
