El debate legislativo sobre la concesión del campo petrolero Sacha bajó su temperatura después de que no se concretó la entrega a Sinopetrol y la Asamblea Nacional se limitó a aprobar una resolución de rechazo a la adjudicación del contrato de participación para la explotación y exploración adicional de crudo en el bloque 60 al consorcio.
La resolución tuvo 68 votos que provinieron de RC, Pachakutik, algunos del PSC e independientes. En contra se pronunciaron 24 votos que corresponden a ADN y hubo 23 abstenciones que eran del PSC y Construye. Se registraron 22 legisladores ausentes en el momento de la votación.
El documento de resolución, que no es vinculante, fue planteado por el legislador Roberto Cerda (ex-PSC), en cuyo texto se dispone remitir la resolución a la Contraloría General del Estado con la finalidad de que inicie un examen especial al proceso se concesión del campo Sacha.
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Además se dispone a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que continúe con el proceso de fiscalización respecto de la concesión del campo; y, en ese sentido, que se convoque a la ministra de Energía y Minas, al ministro de Economía y Finanzas, al gerente general de Petroecuador y a otras autoridades, como actores de la sociedad civil.
El interés sobre la concesión de Sacha no se concretó luego de que venciera el plazo que concedió el presidente de la República, Daniel Noboa, para que el consorcio Sinopetrol pagara —hasta el 11 de marzo— la prima de $ 1.500 millones para firmar el contrato de participación para la explotación y exploración adicional del campo petrolero Sacha. Ese desembolso no se ejecutó y el tema de la concesión quedó suspendido.
En ese marco, el interés del debate bajó entre los legisladores y se limitaron a cuestionar el proceso, las condiciones y la no asistencia de los funcionarios del Estado a comparecer ante el Parlamento para explicar la adjudicación.
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La legisladora Gisella Garzón (RC) afirmó que se cayó la concesión por mediocridad, por la presión social, porque la gente habló y hubo opinión pública, porque los recursos naturales se respetan. Aclaró que están de acuerdo con las alianzas público-privadas, pero cuando el Estado se beneficie.
La falta de claridad y el abuso de autoridad, tarde o temprano, significa una regresión para el Estado, anotó Garzón, quien afirmó que la “joya de la corona, como se denomina al campo Sacha, no solo que está bien, sino que está produciendo mejor y de buena calidad”.
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La legisladora Luzmila Abad, del movimiento Pachakutik, sostuvo que el campo Sacha, de acuerdo con la ley de hidrocarburos, podría haberse entregado por delegación, siempre y cuando ya no haya capacidad operativa, tecnología ni recursos humanos para producir desde Ecuador.
Indicó que hay algunas inobservancias en el proceso de concesión y que no fueron superadas, pero que hoy ha fracasado la concesión. Recalcó que $ 2.000 millones produce el campo Sacha y que como ingreso neto alcanza la suma de $ 1.700 millones al Estado. Lo que se pretendía era “entregar una joya de la corona reluciente” a empresas que no estaban constituidas. “No está quebrado Petroecuador, y menos el campo Sacha”, apuntó Abad.
Pamela Aguirre (RC) dijo que serán contundentes en la Asamblea Nacional: “El campo Sacha se defiende, el campo Sacha se defiende”, afirmó la legisladora, quien dijo que desde la Comisión de Fiscalización continuará la fiscalización y que en ese proceso encontró casos de cientos de trabajadores que se negaron a firmar una concesión dolosa y una privatización que le hacía daño al país.
La asambleísta Ana Galarza (ex-Construye) dijo que se debe agradecer a los ecuatorianos por haber logrado que mediante la presión social se tire abajo el negociado que pretendían hacer prácticamente regalando el campo Sacha a un privado y dejando migajas para el país.
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Aclaró que esto no es un triunfo de la clase política, sino un triunfo de los ciudadanos, porque fue “el tsunami, esa ola gigante que levantó su voz”.
Manifestó que no se satanizan las concesiones, porque cuando es un ganar es positivo; por lo tanto, siempre se deben abrir las puertas para que el sector privado pueda invertir y se crean alianzas público-privadas, pero lo que iba a pasar con el campo Sacha no era un beneficio para el país, sino una “sapería”.
Otto Vera, del bloque del Partido Social Cristiano (PSC), manifestó que su bancada no está en contra de que exista la posibilidad de que se pueda delegar la explotación o la industrialización de un recurso no renovable del Estado.
“Creemos que cuando el Estado no tiene los fondos, y en estos momentos no los tenemos porque necesitamos dinero para medicinas, para educación, para seguridad, y cuando no tenemos ni para eso, peor vamos a tener para poder hacer una inversión que permita explotar nuestros recursos naturales”, anotó.
Pero aclaró que este tipo de delegaciones se debe hacer en el marco de la ley, respetando lo que dice la Constitución, respetando lo que dice el ordenamiento jurídico ecuatoriano y que además se hagan procesos transparentes para evitar estas malas interpretaciones que lo único que hacen es daño a la democracia y al país. (I)
