El artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica el delito de delincuencia organizada y establece penas que van entre los cinco, siete, diez y trece años.

Desde mayo del 2023 está vigente un paquete de reformas al Código, aprobadas por la Asamblea Nacional, que amplió su sanción para los colaboradores en este tipo de hechos.

La Fiscalía General del Estado inició una investigación por presunta delincuencia organizada vinculada al narcotráfico, a la que llamó caso Metástasis, en el que se ha mencionado como sospechoso al presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán Carrillo, además de fiscales, jueces, miembros de la Policía Nacional, abogados, entre otras autoridades. En total se ha identificado a 31 sospechosos.

Publicidad

Entre este 14 y 15 de diciembre de 2023, se desarrolló la audiencia pública de formulación de cargos en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en la que la fiscal general, Diana Salazar, expuso los elementos de convicción del caso para que el juez Felipe Córdova determine las medidas cautelares pertinentes para garantizar la comparecencia de los investigados.

La razón de que esto se realice en la Corte se debe a que Wilman Terán goza de fuero de Corte, por ser autoridad de una de las instituciones con atribución administrativa y disciplinaria sobre la Función Judicial.

Asamblea Nacional reacciona ante operativo Metástasis de la Fiscalía y prepara llamados a comparecencias

Antes de los cambios legales, la delincuencia organizada se tipificaba como «la persona que mediante acuerdo o concertación forme un grupo estructurado de dos o más personas que, de forma permanente o reiterada, financien de cualquier forma, ejerzan el mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva, con el propósito de cometer uno o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco años, que tenga como objetivo final la obtención de beneficios económicos u otros de orden material, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años».

Publicidad

Con la reforma legislativa esta se amplió para vincularlo a otros delitos y define quiénes son los colaboradores y fija las penas. Por lo que en la actualidad, establece:

«La persona que mediante acuerdo o concertación forme un grupo estructurado de tres o más personas que, de manera permanente o reiterada, financien de cualquier forma, ejerzan el mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva, con el propósito de cometer uno o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco años, que tenga como objetivo final la obtención de beneficios económicos u otros de orden material, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años. Los demás colaboradores serán sancionados con pena privativa de libertad de cinco a siete años».

Publicidad

Y agrega: «La pena privativa de libertad será de diez a trece años si la delincuencia organizada tiene como propósito cometer delitos de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, terrorismo, actividad ilícita de recursos mineros, sicariato, secuestro, trata de personas y tráfico de migrantes, pornografía infantil, tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas o lavado de activos».

«En este caso, los colaboradores serán sancionados con pena privativa de libertad de siete a diez años. Por colaborador se entenderá a quien ofrezca, preste o facilite conocimientos jurídicos, contables, técnicos, científicos u otros ya sea de manera ocasional o permanente, remunerados o no, con el propósito de servir o contribuir a los fines ilícitos de la organización».

Para procesar este tipo de delitos, el Consejo de la Judicatura en noviembre de 2021 creó los Tribunales Especializados Contra la Delincuencia Organizada, como órganos especializados de la justicia, con jurisdicción nacional.

Así también, la Fiscalía General del Estado constituyó dos organismos internos para investigar estos hechos: la Fiscalía Antinarcóticos Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional y la Unidad Nacional Especializada de Investigación Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot).

Publicidad

Información difundida por este organismo da cuenta de que en el 2022, por casos relacionados con delincuencia organizada, terrorismo y su financiamiento, tráfico ilícito a gran escala de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización se incautaron -en 74 allanamientos-, $ 9′570.815 en efectivo; 100 euros; 2′856.000 pesos colombianos; 33 vehículos, una avioneta, 21 toneladas de clorhidrato de cocaína; dos toneladas de explosivos (pentolita, dinamitas, mecha lenta, detonadores) y 909 pacas de cigarrillos. (I)