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Denuncias de chantajes, presiones y escuchas abren el telón del juicio político en contra de siete consejeros del CPCCS

Las comparecencias dentro de este juicio político continuarán hasta el 27 de octubre y luego se procederá a redactar el informe borrador.

Este 21 de octubre, la Comisión de Fiscalización abrió la etapa de comparecencias dentro del juicio político a los consejeros del CPCCS, quienes acudieron a la sesión convocada en la Asamblea Nacional. Cortesía AN.

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Revelaciones sobre presiones, escuchas telefónicas y chantajes en las designaciones de autoridades de control fueron la antesala de las comparecencias, durante la etapa de sustanciación, del juicio político a los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), solicitado por cuatro asambleístas que representan a la bancada Pachakutik.

Este 21 de octubre, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional abrió la etapa de comparecencias que concluirá en ocho días. Durante ese proceso rendirán su versión los testigos solicitados tanto por los interpelantes como por los interpelados.

Aprobado el calendario de comparecencias en el juicio político al Consejo de Participación Ciudadana

Los cuatro asambleístas de Pachakutik que solicitaron el juicio son: Ángel Maita, Mireya Pazmiño, Ricardo Vanegas y José Chimbo.

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Los consejeros procesados políticamente son Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo, Ibeth Estupiñán, David Rosero, Sofía Almeida y Juan Javier Dávalos.

Las acusaciones tienen relación con supuestas irregularidades en el proceso de designación del superintendente de Ordenamiento Territorial, modificación del reglamento para la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, incumplimiento de funciones en el proceso de remoción de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura, entre otras.

Chantajes y escuchas

La comparecencia del exlegislador Fausto Lupera, que fue llamado como testigo por los interpelantes Ángel Maita y Mireya Pazmiño, tuvo un giro en sus revelaciones. Confesó que el activista político Fernando Balda presionaba y chantajeaba a la consejera Ibeth Estupiñán con unas escuchas (grabaciones telefónicas), donde participaba junto con Gianella Jácome, aspirante a superintendenta de Ordenamiento Territorial, y Lupera.

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El exlegislador Lupera reconoció que habló telefónicamente con la consejera Ibeth Estupiñán, que en esa reunión participó Gianella Jácome, quien aspiraba a ser superintendenta de Ordenamiento Territorial. Ese acercamiento de la postulante con la consejera fue solicitado por el dirigente político Alfonso Pérez Serrano, pareja sentimental de Jácome.

Pero Lupera aclaró a la mesa de Fiscalización que por esa acción no se puede hablar de tráfico de influencias, que personalmente no conocía a la aspirante, que solo habló telefónicamente tres veces y que Estupiñán tuvo solo la predisposición de conocer a Jácome.

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Fausto Lupera, al ser interrogado por el consejero Francisco Bravo, confirmó que Fernando Balda, hermano de Manuel Balda, subcoordinador nacional financiero del CPCCS, fue quien operó con los audios para presionar a la consejera Ibeth Estupiñán para que vote para la designación de Sofía Almeida como presidenta del Consejo de Participación Ciudadana.

Dijo además que la consejera Estupiñán le confesó que Fernando Balda hacía llamadas telefónicas, que le había presionado y que estaba chantajeándola para ciertas designaciones. No precisó cuáles.

Lupera alertó que Jaime Darío Lalaleo es abogado de Fernando Balda y que también está actuando en el juicio en calidad de testigo de la interpelante Mireya Pazmiño. Pero la secretaría de la Comisión señaló que hasta el momento no confirmó su participación.

El interpelante Ángel Maita cuestionó el hecho de que la consejera Ibeth Estupiñán, por hablar con una postulante, rompe la transparencia del proceso en la designación del superintendente de Ordenamiento Territorial; pero Fausto Lupera aclaró que en los audios no existe ninguna acción que comprometa o lleve al cometimiento de un delito.

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El presidente del CPCCS, Hernán Ulloa, también preguntó a Lupera si había o no autorización para publicar el video y que sea incorporado al proceso de juicio político, debido a que ese audio forma parte de un proceso fiscal. El testigo dijo que nunca recibió un pedido de autorización.

Ulloa aclaró que Gianella Jácome no fue designada superintendenta de Ordenamiento Territorial, que por unanimidad el CPCCS eligió a Pablo Iglesias para ese cargo. Y preguntó: ¿Por qué este juicio se dirige solo a cuatro y no a los siete que eligieron a Iglesias?

Ulloa dijo que por esos audios, donde habla la consejera Estupiñán, se intentó hacer chantaje en el CPCCS para que el Consejo se pronuncie y vote de determinada forma.

El interpelante Maita aclaró que la transparencia no se rompe con el resultado, no importa quién resultó designado superintendente, porque solo el hecho de haber mantenido diálogos subterráneos es motivo de reproche y censura por parte de la Asamblea Nacional.

Idoneidad del testigo

La idoneidad del testimonio de Carlos Chiriboga Larrea, exsecretario del CPCCS, fue cuestionada dentro del juicio político al Consejo, debido a que es abogado patrocinador de la consejera Sofía Almeida, también enjuiciada políticamente. Cortesía AN

La comparecencia de Carlos Chiriboga Larrea, exsecretario del CPCCS, cuya presencia fue solicitada por los interpelantes Mireya Pazmiño y Ángel Maita, concluyó en la descalificación de su idoneidad como testigo en este proceso de juicio.

Chiriboga, ante el presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, confesó que es abogado patrocinador de la consejera Sofía Almeida en procesos penales que se ventilan en la Fiscalía General del Estado y que tienen relación con cuatro de los siete procesados en el juicio político: Hernán Ulloa, María Fernando Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo.

Roberto Cuero (UNES) comentó que no es posible cuestionar la idoneidad, que si hoy es abogado de una de las personas que están incluidas en el juicio no puede ser objeto de descalificación, en razón que no es una sala penal.

El legislador interpelante Ricardo Vanegas, en cambio, fundamentó su cuestionamiento del testigo Chiriboga, pues indicó que todo abogado que ejerce sabe que el Código Orgánico de la Función Judicial prohíbe expresamente a un abogado ser testigo de un cliente, en cualquier juicio. “No podemos ser testigos de nuestros clientes, en ninguna causa, y eso está en la ley y no podemos violar la ley”, replicó.

Designaciones

En testimonio, Carlos Chiriboga se refirió a la designación del superintendente de Ordenamiento Territorial, pero se limitó a señalar que en redes circulan algunos audios y que están en investigación en la Fiscalía del Estado, y no profundizó más.

En lo que sí dio detalles fue en las circunstancias en que se produjo la remoción de Sofía Almeida y David Rosero como presidenta y vicepresidente, respectivamente, del CPCCS, el 9 de febrero de 2022, cuando los cuatro consejeros acusados: Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, ingresaron al edificio de la institución y procedieron a designar como secretario ad hoc a Nelson Silva Torres.

Respecto al proceso de concurso de designación del contralor del Estado, el exsecretario del CPCCS afirmó que los cuatro consejeros enjuiciados modificaron las reglas del juego del concurso que incluyó una prueba oral y con ello se modificaron los puntajes y se alteró el proceso. Que la modificación se aprobó el 27 de enero de 2022 y que no se presentó ninguna acción legal o constitucional que invalide lo resuelto por el pleno.

El presidente del CPCCS, Hernán Ulloa, también preguntó al exsecretario Chiriboga si hasta que fue secretario se convocó al concurso para designar a la próxima autoridad de la Contraloría, y el exfuncionario señaló que a esa fecha estaba en etapa de conformación de las comisiones ciudadanas.

La vicepresidenta del CPCCS, María Fernanda Rivadeneira, igualmente interrogó al exsecretario y tras su respuesta se determinó que Carlos Chiriboga no ostentaba la calidad de secretario cuando se aprobó el reglamento para designar al contralor del Estado. (I)

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