Detección, investigación, enjuiciamiento de la corrupción, incluyendo asistencia técnica para la identificación y recuperación de activos, así como asistencia legal y cooperación internacional en materia penal contra la corrupción y sus delitos conexos es uno de los principales puntos del memorándum de entendimiento entre el Sistema de Naciones Unidas (ONU) y la Presidencia de la República de Ecuador para combatir la corrupción.

El documento de ocho páginas contiene once artículos, en los que se establece también que el tiempo de duración será de dos años a partir de su firma, es decir, hasta el 13 de septiembre de 2023 y una cláusula de confidencialidad entre las partes.

El primer artículo define el objeto y alcance del instrumento que servirá para desarrollar e implementar medidas efectivas, inclusivas y sostenibles para prevenir y combatir la corrupción, y asegurar una gestión pública eficiente, eficaz y transparente, acorde con la Agenda 2030.

Entre las áreas específicas también están la prevención de la corrupción y fortalecimiento de la integridad, la transparencia y la gestión de cuentas en la gestión pública, incluyendo la promoción del gobierno abierto y la incorporación de medidas anticorrupción.

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Decreto, memorándum y Comisión serán parte de la política anticorrupción del Gobierno

Además, el fortalecimiento del sistema estadístico nacional para una mejor gestión y análisis de la información que permita medir y monitorear la corrupción; la revisión de mecanismos de gestión y finanzas públicas, incluyendo el diseño de servicios públicos centrados en las personas: los sistemas de compras y contratación, simplificación de trámites para promover una gestión pública eficiente, eficaz y transparente que facilite la rendición de cuentas y el acceso a la información por parte de la ciudadanía.

El memorándum también promueve la generación de alianzas y el fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil, de los medios de comunicación y el sector privado para promover una mayor responsabilidad social y compromiso cívico, así como para construir una cultura de integridad y ética en los sectores público y privado.

Las partes pueden recomendar otras áreas y formas de cooperación y el memorándum estará sujeto a una revisión anual “para responder a nuevos desafíos y oportunidades”.

Este memorándum de entendimiento será complementado con la emisión de una política pública anticorrupción, a través de un decreto y la creación de una comisión, con la supervisión del consejero presidencial y exvocal del Consejo Nacional Electoral (CNE) Luis Verdesoto. (I)