A una pena de tres a cinco años se expone Fabricio Colón Pico Suárez, uno de los líderes en la zona norte del país del grupo de delincuencia organizada (GDO) Los Lobos, una vez que la jueza de Pichincha Catalina Sánchez decidió, la noche de este miércoles 12 de junio, llamarlo a juicio al ser el principal sospechoso del delito de intimidación cometido contra la fiscal general, Diana Salazar.

Pico enfrentará una pena más rigurosa, pues a finales de marzo del 2023 el artículo 154 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual habla del delito de intimidación, fue reformado por la Asamblea Nacional. Ahora se incluyen agravantes a la figura penal y un par de años a la pena máxima si la amenaza va contra un servidor público.

Hasta el 28 de marzo de 2023 el texto del artículo 154 decía: “La persona que amenace o intimide a otra con causar un daño que constituya delito a ella, a su familia, a personas con las que esté íntimamente vinculada, siempre que por antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.

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En cambio, desde el 29 de marzo de ese año y una vez que se publicó el paquete de reformas aprobado por el Legislativo en el Registro Oficial, el artículo 154 sobre la intimidación pasó a hablar sobre la persona que amenace o intimide a otra con causar un daño que constituya delito a ella, a su familia, a personas con las que esté íntimamente vinculada, siempre que por antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho, será sancionada con pena de cárcel de uno a tres años.

Se incluyó que la pena se agravará, pasando de tres a cinco años de cárcel, si la amenaza o intimidación se realiza contra una servidora o servidor público con el propósito de que actúe de manera contraria a la normativa legal vigente y los deberes que le impone el ejercicio de su función.

Dentro de la instrucción fiscal de este caso, Diana Salazar, el 2 de abril pasado, en su testimonio anticipado recordó la amenaza que recibió en su teléfono celular la madrugada del 1 de junio de 2023. Contó sobre el video enviado desde un número del extranjero en el que se visualiza a siete personas tapadas la cara y portando armas de grueso calibre. A la diligencia de evaluación y preparatoria de juicio, Salazar, por temas de seguridad, asistió por vía telemática, pues es la acusadora particular en el caso en calidad de víctima.

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Uno de los encapuchados, mientras se mueve la toma del video, señala: “En honor a la verdad, la vez pasada te me salvaste, porque alguien habló por ti, pero esta vez no creo que te me salves”. El archivo enviado a través de WhatsApp finaliza asegurando: “esto es fácil y sencillo: si no te vas por las buenas, te vas por las malas”.

La fiscal general, Diana Salazar, reconoció que la amenaza que más le alarmó fue la que iba dirigida a su hija de nueve años de edad. Todo ese proceso le ha significado, dijo la titular de la Fiscalía, que la pequeña ingrese en un proceso de terapia y no dejen de usar chaleco, casco y no puedan caminar sin custodia permanente.

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El fiscal a cargo del caso sustentó su dictamen acusatorio con la exposición de 41 elementos de convicción. Entre ellos estaba el resultado de las pericias hechas a mensajes y videos enviados a Salazar, y justamente uno que tiene que ver con el cotejamiento de voz que estaría relacionado al video de junio de 2023, el cual concluiría que la voz de quien habla en el video pertenece a Colón Pico Suárez.

La primera vez que se escuchó dar nombres y apellidos de quienes estarían detrás de atentar contra la vida de Salazar fue el 3 de enero pasado, durante la audiencia en la que se vinculó a ocho personas al caso Metástasis, en el que se investiga una “empresa criminal” liderada por el asesinado narcotraficante Leandro Norero y estructurada para conseguir fallos judiciales y beneficios penitenciarios para él, su familia y cercanos a la agrupación delictiva.

Durante esa diligencia la fiscal general reveló que tenía conocimiento de un sinnúmero de alertas respecto a que tratan de atentar en contra de su seguridad, la de sus familiares y del equipo que está interviniendo en la investigación de Metástasis. Aclaró que Fabricio Colón Pico Suárez era una de las personas que estaban detrás de los atentados que se planificaron en su contra.

La fiscal general Diana Salazar denuncia que los mismos que mataron a Fernando Villavicencio quieren atentar contra ella

“Hemos recibido alertas de cómo están adquiriendo las mismas municiones y el mismo grupo encargado de haber asesinado a Fernando Villavicencio ha sido contratado para callar la voz de la fiscal. Pero esto va a quedar en las actas de esta audiencia. Es momento de decirle a todo el Ecuador que la justicia no estará de rodillas, impasible, inmutada, ni derrotada ante sus agresores. (...) Lo digo con nombre y apellido. Ahora sí vengan a asesinarme. (...) No nos van a callar”, anotó.

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Ya en la audiencia de juicio la Fiscalía deberá comprobar con la prueba pericial, testimonial y documental anunciada que Colón Pico es el autor directo de la intimidación investigada. Por su parte, la defensa del procesado tendrá la oportunidad de contradecir esos elementos de prueba presentados dentro de una causa en la que esta parte procesal alega que han existido deficiencias en la defensa proporcionada por la Defensoría Pública.

Alias Capitán Pico, luego de su recaptura el 22 de abril último en una finca al noroccidente del cantón Quito (Pichincha), se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil. Además de ser investigado por el delito de intimidación, Colón Pico es investigado por el delito de secuestro simple que se había dado contra alias Chugo Porto, otro supuesto cabecilla de un grupo criminal relacionado al narcotráfico. (I)