Sin mencionar detalles del proceso al que se refiere ni los nombres de las involucradas, la fiscal Diana Salazar expresó su agradecimiento a la abogada Cecilia Espinoza, quien la representó en la causa por violencia política de género que se siguió en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra Priscila Schettini y Angélica Porras y por la que fueron sancionadas hace poco.
“Quiero agradecer profundamente el trabajo técnico cumplido por la abogada Cecilia Espinoza, quien me representó en la demanda por violencia política contra dos personas que dedicaron todos sus recursos a atacar mi condición de mujer en un puesto de decisión para evitar que cumpla mis funciones”, escribió en un comunicado que difundió en su cuenta de Instagram.
Salazar dijo: “Esta sentencia es un precedente para que las mujeres perdamos el miedo a asumir grandes responsabilidades y a tener la certeza de que, ante ataques ruines, podemos alzar la voz y alcanzar justicia”.
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“Este proceso debe sentar un precedente, que sirva como evidencia de la necesidad de levantar la voz contra la violencia política de género y la confianza de que habrá resultados”, apuntó en su publicación.
El TCE atendió el viernes, 9 de mayo, un recurso de aclaración y con esto ratificó la sentencia dictada para la sanción económica y suspensión de los derechos de participación política de Schettini y Porras, y remitió al Ministerio del Trabajo la documentación correspondiente para que proceda a inhabilitar a ambas ciudadanas de ejercer cargos públicos.
La inhabilitación ya consta en el sitio web de la cartera de Estado y con esto se confirma que Schettini no podrá ejercer como legisladora nacional de la Revolución Ciudadana en el nuevo periodo de la Asamblea Nacional, que comienza funciones el próximo 14 de mayo.
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Esto pese a que el viernes 9 de mayo Schettini acudió a la Asamblea Nacional a presentar sus documentos para que se le asigne su curul. En el Legislativo, los funcionarios a cargo cumplieron con recibir la documentación ya que, hasta ese momento, la inhabilitación no figuraba en el Ministerio del Trabajo.
Además de la suspensión por tres años de sus derechos políticos, Schettini también debe pagar una multa de cincuenta salarios básicos unificados por cometer violencia política de género con tintes racistas en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
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En esta misma causa, n.° 250-2023-TCE, también fue sancionada la abogada Porras, a quien se le suspenden sus derechos políticos por dos años y deberá pagar treinta salarios básicos unificados.
Tanto Schettini como Porras fueron declaradas responsables de la infracción electoral muy grave contemplada en el artículo 279 del Código de la Democracia.
La denuncia planteada ante el TCE determina que las dos mujeres promovieron una iniciativa para que Salazar renunciara a su cargo en el 2023.
La sentencia fue aprobada por los jueces Joaquín Viteri, Ángel Torres y los conjueces Édgar Toro Calderón y Álvaro Ojeda, y hubo el voto salvado de la jueza Ivonne Coloma. (I)
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