En manos de los conjueces Mercedes Caicedo y Adrián Rojas y el juez Marco Rodríguez, todos de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), estará el resolver si es o no culpable del delito de concusión la exasambleísta por la provincia de Loja, Nivea Vélez. La mañana de este lunes se instaló en Quito la audiencia de juzgamiento a la que fue llamada el 3 de septiembre de 2021.

A la exlegisladora se la llamó a juicio bajo el argumento de que desde noviembre de 2009 a marzo de 2013, Vélez, en su calidad de asambleísta, abusó de su cargo para ordenar, exigir y recibir de manera directa y a través de funcionarios subordinados a ella el pago de contribuciones y sueldos no debidos a sus colaboradores.

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El fiscal general subrogante Wilson Toainga aseguró en audiencia que las exigencias se hacían tanto en el despacho de Vélez en la Asamblea, como en el que mantenía en la Comisión Especializada de los Derecho de los Trabajadores.

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En septiembre, el juez de la Corte Nacional Walter Macías resolvió llamar a juicio en calidad de autora directa por el delito de concusión a la exasambleísta. Según el magistrado, los elementos expuestos eran suficientes que hacen presumir la existencia del delito de concusión tipificado y sancionado en el artículo 264  del Código Penal, vigente en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Previo a la instalación de la diligencia, Javier Manzanillas, abogado de la exlegisladora, aseguró que en esta etapa ellos presentarán pruebas que revelaran la inocencia de su cliente, pero cree que con la misma prueba de cargo, con la misma prueba que va a presentar la Fiscalía se determinará que Vélez no ha cometido ningún delito. “Esperamos que durante esta semana la justicia brille y hacer justicia significa emitir una sentencia absolutoria”.

En la audiencia preparatoria de juicio se sobreseyó a la exasesora legislativa, Adriana C. La investigación realizada por la Fiscalía señala que el monto total que habría llegado a manos de la entonces legisladora Vélez es de $ 40.879,29.

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“Estas contribuciones, cuotas o sueldos no debidos fueron depositados o transferidos a la cuenta personal de la asambleísta (Nivea Vélez), pero mayoritariamente estaban destinados a cubrir los gastos de la oficina de la entonces asambleísta en la ciudad de Loja, así como arriendos y remuneraciones de las personas que trabajaban en su oficina entre otros”, explicó Toainga durante la audiencia.

Manzanillas afirma que no han existido tales “diezmos”. Recordó incluso que dentro del proceso han rendido versiones varios de sus asesores y todos, a excepción de la denunciante, niegan que Nivea Vélez les obligó o les pidió alguna cantidad.

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“Esta denuncia aparece siete años después, exactamente en tiempos de campaña, cuando Nivea Vélez públicamente postuló su campaña a la alcaldía del cantón Loja. La pregunta es: ¿por qué antes no se denunció?”, señaló el abogado de la exlegisladora, al tiempo de resaltar que este es un caso con gran influencia política.

El que existan entre 120 y 130 testigos y peritos por evacuar desde la Fiscalía y la parte acusada, hacen pensar que entre cuatro y cinco días podría durar la audiencia de juzgamiento en esta causa. (I)