El círculo vicioso de la corrupción: los casos Sinohydro, Sobornos, Odebrecht, Petroecuador y Encuentro confluyen

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, tiene a tres gobiernos sobre sus hombros. Con el caso Encuentro, investiga una posible red de corrupción en los sectores estratégicos, que se habría iniciado en el gobierno de Rafael Correa , continuado en el de Lenín Moreno y subsistido en el de Guillermo Lasso. Por si eso fuera poco, esta semana anunció el caso Sinohydro, que compromete a Moreno en posibles sobornos de la empresa que construyó la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair , negocios realizados cuando él era vicepresidente. Sinohydro es la compañía china que ya apareció en el caso Sobornos, por el que se sentenció a Correa.Y las cosas no quedan ahí. La Fiscalía está por terminar, con ayuda del Departamento de Justicia de Estados Unidos, una investigación que amenaza con poner contra la pared a jerarcas petroleros del correato. Las evidencias ponen luz sobre posibles coimas en el comercio internacional de crudo y, de paso, sobre nuevos pagos secretos de Odebrecht aún no judicializados.La cereza del pastel es un allanamiento realizado ayer, que compromete a la última administración de Petroecuador. Agitado el avispero, la fiscal general ha cumplido una apretada agenda con periodistas esta semana, que incluyó un conversatorio en su despacho en el que participó Diario EL UNIVERSO, para aclarar todos estos procesos judiciales.El caso Sinohydro tiene como punta de iceberg una cuenta bancaria panameña de la empresa Comercial Recorsa, a la que habrían ingresado alrededor de $ 76 millones de parte de la constructora china. La Fiscalía lo considera dinero de la corrupción. El monto supera en mucho a los $ 33,5 millones del caso Odebrecht y a los $ 7,5 millones del caso Sobornos. “Este es el mayor caso de corrupción del país”, afirma Salazar.De esa cuenta salieron pagos que habrían beneficiado a 37 personas, ya sea de manera directa o a través de familiares, colaboradores o empresas en paraísos fiscales. Contra ellas, la Fiscalía formulará cargos. La lista la encabeza Lenín Moreno, quien negó en una carta haber participado en algún acto de corrupción.Por el momento se conoce que habría pagos relacionados a Ina Investment Corp. , la empresa domiciliada en Belice que, según una investigación del portal Periodismo de Investigación, fue abierta por un hermano de Moreno.La Fiscalía también sigue el rastro de cheques por pequeños montos que salieron de esa “cuenta madre”, hasta alcanzar los $ 6 millones, un mecanismo usado para esquivar los controles antilavado conocido como “pitufeo”. Esos cheques habrían sido cobrados por un chofer de Conto Patiño Martínez , amigo de Moreno.Los documentos de todas las transacciones ya están en manos de la Fiscalía. Queda por hacer un peritaje para determinar los montos específicos con los que se benefició cada actor.Entre los supuestos beneficiarios del caso Sinohydro está Cai Runguo, quien fue embajador de China en Ecuador entre 2007 y 2011 . Tras dejar el cargo diplomático, pasó a trabajar en Sinohydro, donde llegó a ser su apoderado a finales de diciembre de 2014.Como embajador, Runguo medió para que el Eximbank financie la construcción de Coca Codo Sinclair. En una entrevista con la agencia pública Andes, Runguo defendió las condiciones propuestas por su país y, meses después, el negocio se materializó.Durante la representación de Runguo también se concretó un préstamo del Banco de Desarrollo Chino (CDB, en inglés) por $ 1.000 millones , que fueron garantizados con una venta de petróleo a largo plazo entregado por Petroecuador a Petrochina. Fue el primero de este tipo de créditos.Las investigaciones de la Fiscalía apuntan a Runguo como uno de los que se habrían beneficiado personalmente de este esquema, junto con otros tres ciudadanos chinos que también fueron apoderados de Sinohydro.El nombre de Runguo no es nuevo en el sistema judicial ecuatoriano. La Fiscalía ya lo acusó a inicios de 2020 en el caso Sobornos , pues encontró evidencias de que Sinohydro financió ilegalmente las campañas políticas del movimiento oficialista Alianza PAIS.A pesar de las evidencias, Runguo no fue llamado a juicio. “Tenía la misma dinámica (que otros que sí fueron llamados), el mismo estándar de elementos, y simplemente a él lo dejaron fuera”, se lamenta hasta ahora Salazar.La Fiscalía estableció las conexiones del caso Sinohydro con ayuda de sus pares de Estados Unidos, Suiza, España, Panamá y Belice , que le entregaron nueve asistencias penales. Solo hubo una solicitud sin respuesta, la realizada a China.Este país ni siquiera ha negado la información. “No contesta. Simplemente no dan respuesta a la petición”, se queja la fiscal general. Han hecho diez insistencias hasta el momento.El silencio es más preocupante porque otros casos importantes de corrupción también han involucrado actividades en ese país, como los casos Odebrecht, CAMC (bautizado así por un supuesto soborno que habría salido de la empresa China CAMC Engineering), Petrochina y Petroecuador .Salazar afirma que no ha sido posible llegar a un acuerdo con las autoridades de ese país, pues no existe un canal de comunicación con el secretario de Administración y Justicia , que es la contraparte de la Fiscalía allá.Recuerda que solo una vez respondieron una petición. “Tuvimos una sola respuesta, de manera sorprendente, en el caso Odebrecht, que tenía relación con Tomislav Topic. Respondieron que los fondos que tenían origen allá correspondían a las actividades propias de la empresa”, cuenta la fiscal general.Las investigaciones del caso Odebrecht no han terminado. La Fiscalía ha podido profundizar en ellas, pues ha seguido el rastro de un personaje clave, Antonio Peré Ycaza , quien está siendo procesado en Estados Unidos por lavado de activos relacionado a las coimas de Petroecuador.El nombre de Peré apareció en el proceso de Odebrecht, en 2017, pues uno de los involucrados, José Rubén Terán, testificó que una empresa panameña de Peré fue usada para canalizar sobornos dirigidos al exgerente general de Petroecuador Marco Calvopiña Vega . Esta declaración coincidió con la que dio José Conceiçao Santos ante la justicia brasileña. Al proceso incluso llegaron documentos bancarios que verificaron que una offshore de Odebrecht había transferido casi $ 400.000 a la empresa panameña de Peré, pero el rastro del dinero se perdía ahí.Calvopiña siempre negó haber recibido pagos de la constructora brasileña y nunca fue procesado en este caso. Solo fue sentenciado un juicio por corrupción en contratos de la estatal petrolera. Su suerte en el caso Odebrecht podría cambiar, pues la Fiscalía tiene una nueva asistencia penal de Panamá con las transacciones de las compañías ligadas a Peré.Lo mismo podría suceder con Pedro Merizalde Pavón . En 2019, una investigación de EL UNIVERSO reveló pagos por $ 320.000 a favor de una offshore ligada a Merizalde, que provenían de las empresas que Odebrecht usaba para transferir sus sobornos.Cuando esa offshore salió a la luz, gracias a los Papeles de Panamá, Merizalde aceptó que sí la había creado, pero dijo que no la había usado. Ningún proceso judicial se ha abierto en su contra.La nueva información venida de Panamá está dentro de un nuevo caso Petroecuador que la Fiscalía abrió a mediados de 2021, cuando el canadiense Raymond Kohut confesó en Estados Unidos que había entregado $ 70 millones en sobornos para garantizar que Petroecuador facilitara los negocios que la comercializadora Gunvor hacía con el crudo ecuatoriano.“Este caso Petroecuador, que me parece que ha pasado desapercibido, es superimportante. Hemos contado con el apoyo absoluto de los Estados Unidos. Esas investigaciones no han tomado ni uno ni dos años. Es información del 2010, del 2012″, afirma Salazar.En este caso están involucradas 17 personas. La Fiscalía hizo las últimas vinculaciones el 16 de febrero pasado. En la lista de nuevos procesados estuvieron Nilsen Arias Sandoval, que fue gerente de Comercio Internacional de Petroecuador entre 2010 y 2017; Raymond Kohut, Antonio Peré y su hermano Enrique. “(Ellos) han sido históricamente señalados como responsables de esta trama petrolera”, sostiene la fiscal general.En esa audiencia de vinculación, la Fiscalía presentó un esquema en el que constaban los contratos a largo plazo que Petroecuador entregó a la china Unipec , a Petrotailandia , a la uruguaya Ancap y a Omán Trading Internacional . Según el cuadro, los sobornos no habrían provenido de estas compañías sino de comercializadoras como Gunvor, Trafigura y Vitol.En el esquema no apareció Petrochina, que obtuvo nueve contratos a largo plazo de Petroecuador, negocios que están siendo investigados por la Fiscalía desde 2016.La Fiscalía tampoco involucró en el proceso a otros personajes claves, como el asambleísta alterno Francisco Acosta Coloma (UNES) y su esposa, Martha Puga Ochoa. Una investigación de EL UNIVERSO reveló que él fue cercano colaborador de Nilsen Arias y que ella recibió pagos por $ 400.000 de parte de Antonio Peré, directamente y a través de empresas offshore .La Fiscalía tampoco vinculó a Xavier Rodríguez Rodríguez, quien ocupó altos cargos en instituciones públicas del área energética entre 2010 y 2020. Él fue identificado por el Departamento de Justicia estadounidense como uno de los posibles beneficiarios de sobornos.Sobre estos cabos sueltos, la fiscal general responde: “La Fiscalía procesa con base en la evidencia. (...) Estamos optando por una estrategia de investigación que no genere impunidad”.Los indicios de corrupción en Petroecuador no terminan ahí. La Fiscalía tiene otro caso adicional, que involucra a la administración del exgerente general Hugo Aguiar Lozano , quien ocupó ese cargo entre agosto de 2022 y febrero de 2023.Dentro de este caso fueron allanados, entre otros, los domicilios de Aguiar y del exsubsecretario jurídico de la Presidencia de la República Marcos Miranda Burgos . Estas diligencias se realizaron hace tres semanas y ayer se hizo una más, el allanamiento a dos propiedades ligadas a María José R.Sobre este caso, la fiscal general dice que “se investiga una estructura (...) para negociar el pago de facturas a cambio de comisiones. Lo mismo de siempre”. Cuenta que recibieron la denuncia días después de la posesión de Aguiar, con lo cual iniciaron la investigación, pero el denunciante se retractó. El caso fue retomado cuando el medio digital La Posta publicó un audio atribuido a María José R. en el que se propone una comisión de $ 1 millón a cambio del pago a un proveedor.En las cuentas de la fiscal general, este es el cuarto caso de Petroecuador que se ha abierto.Algunos involucrados en esta indagación judicial también son parte del caso Encuentro, por eso Salazar aclara que son casos diferentes. En este último se investiga a altos funcionarios del Gobierno y sus posibles nexos con Rubén Cherres Faggioni , cercano colaborador de Danilo Carrera Drouet , cuñado del presidente Lasso. Y aparte, añade la fiscal general, se sigue el caso León de Troya, donde se indagan los vínculos de la mafia albanesa.Ha pasado más de un mes desde que la Fiscalía bautizó a ese caso como Encuentro, lo que obligó al Gobierno nacional a cambiar de eslogan. Salazar explica que quien puso ese nombre no fue ella, sino una fiscal de primer nivel que lo consideró ideal porque se investigan casos de corrupción donde se encuentran los tres últimos gobiernos: el de Correa, el de Moreno y el de Lasso. Que haya encajado con el lema del último, dice Salazar, “fue una fatal coincidencia” . (I)

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