El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que no logra avanzar en la organización de los diez concursos de selección de autoridades, ahora suma una onceava autoridad por designar luego que la Asamblea Nacional censuró y destituyó a la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui.

Con 85 votos afirmativos de los miembros del Parlamento se resolvió la tarde del martes censurar y destituir a Arregui como titular de la Superintendencia de Bancos, por incumplimiento de funciones.

La Constitución establece en el artículo 205 que en caso de darse el enjuiciamiento político a una de las autoridades que componen la Función de Transparencia y Control Social, una de ellas, la Superintendencia de Bancos, se “deberá realizar un nuevo proceso de designación y en ningún caso la Asamblea podrá designar al remplazo”.

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La puja por el control del Consejo de Participación Ciudadana entorpece diez concursos para la designación de autoridades

Continúa en el artículo 213, en el que se aclara que el titular de la Superintendencia será nombrado por el CPCCS de una terna que deberá remitir el presidente de la República, que estará sujeta a escrutinio público y derecho a la impugnación ciudadana.

En la designación de autoridades por ternas del Gobierno, esta es la tercera autoridad que el Consejo debe resolver y sobre los que no hay progresos. El primero es el remplazo de Víctor Anchundia en la Superintendencia de Compañías, destituido por juicio político; la segunda es Arregui en la Superintendencia de Bancos. Y un nuevo vocal en el Consejo de la Judicatura tras la renuncia de María del Carmen Maldonado, terna que proviene de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

En el primer caso, el CPCCS no ha avanzado en el proceso, pese a que el 6 de enero el presidente Guillermo Lasso envió la terna compuesta por Marco López Narváez, María García Plaza y Esteban Coello Muñoz.

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El reglamento se aprobó por la nueva mayoría, que eligió a Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneira como presidente y vicepresidente, mientras Sofía Almeida y David Rosero, se reconocen también como tales y aseguran que todos los actos que ejecuten los otros cuatro vocales son ilegales.

Un equipo técnico, integrado por servidores del organismo, elegidos en la gestión de Almeida, revisaron el cumplimiento de requisitos y no estar incursos en inhabilidades de los tres candidatos de esa terna.

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Nueva mayoría del Consejo de Participación Ciudadana logra aprobar norma para elegir al superintendente de Compañías

Con Ulloa en la presidencia, se conoció un informe de evaluación sobre el caso, del que se desprendió que el jefe de Estado remitió solo las hojas de vida y su copia de cédula de identidad, sin documentos adicionales que acrediten la información.

Pero tras las pugnas internas entre la mayoría y la minoría dadas en las últimas semanas, el proceso se detuvo y no se hizo ninguna petición a Carondelet para complementar la documentación.

A esto se suma que en una sesión declarada permanente este 23 de febrero, Francisco Bravo, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Hernán Ulloa resolvieron restructurar este equipo técnico para que elaboren un nuevo informe de revisión de requisitos.

Con esta elección a cuestas, cuya terna lleva 48 días a la espera de la revisión, ahora deberán elegir otro superintendente.

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Una vez que el Legislativo les notifique de la destitución de Arregui, el pleno deberá resolver si elabora un reglamento para la designación.

Asamblea Nacional destituye y censura a Ruth Arregui como superintendente de Bancos

En tanto, la Superintendencia de Bancos estará bajo la conducción de quien conste como intendente general. Así lo establece el artículo 184 de la Ley de Instituciones Financieras en el que se aclara que, en caso de ausencia temporal la remplazará el intendente general; y si el cargo de superintendente quedase vacante será subrogado, hasta que sea nombrado el titular, por el intendente general y a falta de este, por el intendente de mayor antigüedad.

El Consejo deberá solicitar la terna al presidente Lasso, mientras desarrolla la elección de los titulares de la Contraloría General del Estado, de la Defensoría Pública; la renovación parcial de dos vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), la elección de nueve miembros de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa), de los 25 delegados de la sociedad civil a los cinco Consejos Nacionales para la Igualdad (CNI).

Otros pendientes, sobre los que no hay reglamentos ni definiciones son la elección del nuevo defensor del Pueblo, la renovación de dos jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), al titular de la Superintendencia de Compañías, así como los delegados de la ciudadanía en el Comité de Desarrollo Fronterizo.

En el caso del delegado de la Corte Nacional de Justicia en el Consejo de la Judicatura (CJ) esperan tener un informe jurídico previo a iniciar el proceso. (I)