En lo que va del actual periodo legislativo, iniciado en mayo de 2021, se han registrado al menos cuatro vetos totales del Ejecutivo a proyectos aprobados por la Asamblea Nacional; y, al parecer, habrá un quinto respecto a las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, según ha adelantado el presidente Guillermo Lasso.

Aparte están los vetos parciales a otros proyectos, como el que garantiza la interrupción voluntaria para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación, en el que cambió un 98 % del articulado.

Todo esto motiva aún más el distanciamiento entre las dos funciones del Estado para la toma de decisiones en la búsqueda de soluciones a los problemas del país.

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En un intento por superar el distanciamiento generado últimamente por la designación de las nuevas autoridades legislativas, el presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, invitó al Gobierno a abrir espacios de diálogo, como el camino para llegar a acuerdos legislativos mínimos y de esa forma evitar el veto total a los proyectos que se aprueban.

Que es necesario dejar de lado cualquier divergencia, ha dicho Saquicela, por lo cual planteó la necesidad de armar una comisión mixta con delegados del Parlamento y del Ejecutivo, para consolidar el diálogo entre ambas funciones del Estado y definir la hoja de ruta para los acuerdos mínimos.

El llamado tuvo respuesta en el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien pidió a la Asamblea establecer una agenda legislativa de cuatro ejes para conformar la comisión mixta. Estos son generación de empleo, promoción de inversiones, seguridad ciudadana y una relación estable entre ambas funciones.

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Gobierno pide establecer agenda legislativa de cuatro ejes para conformar comisión mixta con el Legislativo

En ese contexto, Saquicela anunció que este lunes, 1 de agosto, espera reunirse con los jefes de bloque para solicitar que designen a un delegado de cada uno de ellos y establecer la posibilidad de una reunión con el ministro de Gobierno y más delegados del Ejecutivo, para armar la agenda por tramitarse.

Saquicela insistió en que la idea es abrir el diálogo para buscar consensos previos en algunos temas, por más opositores que estos tengan. Para él, algo de positivo puede tener la normativa que aprueba el Legislativo; de esa forma se puede evitar el veto total. Si el Gobierno tiene inquietudes sobre los textos, los puede analizar.

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Leyes vetadas totalmente

  • Ratificación de las reformas a la Ley de Educación Intercultural y las disposiciones relativas al aumento de las remuneraciones de los docentes del Sistema Nacional de Educación y la sustitución del articulado relativo al régimen de jubilación especial de los docentes.
  • Proyecto de Ley de Tratados y Acuerdos Interinstitucionales Internacionales.
  • Proyecto que reforma la Ley de la Contraloría General del Estado.
  • Proyecto de ley de derogatoria parcial de la Ley de Apoyo Humanitario durante la pandemia del COVID-19.

El jefe de bloque de la Izquierda Democrática, Marlon Cadena, opina que los continuos vetos se pueden evitar, y que la razón principal de aquello es la falta de “músculo político y de voluntad política” del Ejecutivo, porque tras un esfuerzo legislativo la respuesta es el veto. Eso demuestra que su interlocutor en la Asamblea ha fallado. Preocupa que las continuas objeciones a lo que aprueba el Parlamento puedan contribuir aún más a la baja credibilidad institucional.

El legislador revela que ya se planteó al Ejecutivo que sus mesas técnicas e interlocutores que tiene en la Asamblea puedan procesar previamente el trabajo legislativo, pues tampoco para el Gobierno lo más saludable es aplicar continuamente vetos.

Como Izquierda Democrática se mantendrán en la línea del diálogo como una herramienta para superar la crisis, pero el Ejecutivo no debe solo levantar la expectativa de un diálogo, sino mantener esa práctica para soluciones efectivas. La ID se mantendrá en una oposición propositiva, pero se insistirá en una agenda que solucione la falta de empleo, la crisis del IESS y la reactivación productiva e inversiones, dice Cadena.

El socialcristiano Esteban Torres considera que se debe mantener el diálogo como una herramienta para asegurar la aprobación de un proyecto y luego su sanción desde el Ejecutivo. El diálogo debe ser con resultados, porque, si bien ha cambiado la situación política en la Asamblea, no sirve de nada que haya acercamientos si los proyectos terminan siendo vetados.

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Advierte que hay ciertas cosas en que no podrá haber un entendimiento total, pero es preferible tener reuniones previas entre las funciones del Estado para evitar los vetos. El diálogo debe ser sano y con intenciones loables, insiste.

La asambleísta de la bancada Unión por la Esperanza (UNES) y primera vicepresidenta de la Asamblea, Marcela Holguín, considera que para evitar los vetos se debe exigir que las leyes sean absolutamente participativas, para que la gente se apropie de las leyes en trámite, para que cuando sean publicadas en el Registro Oficial sean aplicadas.

Una de las salidas que propone es tener momentos de coordinación con el Ejecutivo, respetando la autonomía y sobre la base de las necesidades de la gente. Lamentó que el diálogo que se abrió entre el ministro de Gobierno y los jefes de bancadas, meses atrás, haya quedado en nada.

Advierte que la bancada UNES apoyará cualquier ley que no signifique en materia laboral regresión de derechos; y, en materia de inversiones, que no signifique venta de las empresas públicas.

Nathalie Arias, del movimiento oficialista CREO, aclara que el proceso de aprobación de leyes no siempre es el “deber ser”, pues las comisiones no siempre reciben a todas las personas involucradas y no siempre se sistematizan de manera adecuada esas opiniones. El problema no necesariamente está en el Ejecutivo, sino en el proceso de formación de la ley, lo cual motiva el veto.

Sostiene que definitivamente lo que cabe para evitar los vetos es una coordinación previa entre las instituciones relacionadas con el proyecto y también con el Ejecutivo. Por ejemplo, en las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural le faltó al Parlamento determinar el presupuesto para cubrir los egresos que implican los incrementos salariales a favor de los maestros, y eso es lo que motivó el veto. (I)