El juez constitucional Richard Ortiz elaborará un nuevo proyecto de dictamen para determinar si procede el juicio político a Guillermo Lasso

Un nuevo juez de la Corte Constitucional (CC), Richard Ortiz Ortiz , elaborará el dictamen de admisibilidad sobre la pertinencia o no de iniciar un juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, que es planteado desde dos bancadas de la Asamblea Nacional. La tarde de este 27 de marzo de 2023, el pleno de la Corte Constitucional sesionó de forma extraordinaria para conocer el proyecto de dictamen de admisibilidad del juicio político en contra de Guillermo Lasso que presentó la jueza Teresa Nuques, pero no tuvo el número de votos necesarios para ser aprobado.Extraoficialmente se conoció que su ponencia recomendaba no admitir a trámite el procedimiento y por tanto, proceder con su archivo; aunque aún se desconocen los argumentos que esgrimió para su postura.Por su proyecto habían votado a favor los magistrados Carmen Corral, Enrique Herrería y la misma Nuques. Los demás jueces, Alí Lozada, Daniela Salazar, Alejandra Cárdenas, Richard Ortiz, Karla Andrade y Jhoel Escudero se habían pronunciado en contra de su propuesta.El artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC) determina que para aprobar el dictamen de inicio de juicio político o archivo, se requería de seis votos afirmativos de los nueve magistrados.Por ello, en la misma sesión se sorteó un nuevo juez, que en este caso fue Richard Ortiz, quien asumirá la sustanciación de un nuevo proyecto que agrupe la tesis de la mayoría.Así lo establece el reglamento de Sustanciación de Trámites de la Corte Constitucional, que en el artículo 38 señala que, cuando los votos a favor de un proyecto no sean suficientes para su aprobación, “el pleno sorteará, en la misma sesión, por medio del sistema automatizado de la Corte Constitucional, un nuevo juez sustanciador entre aquellos que votaron en contra del proyecto, para que presente un nuevo proyecto en el que se argumente la tesis de la mayoría, el cual será sometido nuevamente a consideración del pleno de la Corte Constitucional”. Según se conoce, el magistrado tiene plazo hasta este martes, 28 de marzo, para remitir a sus ocho colegas su propuesta de dictamen. Luego, se produciría una nueva sesión extraordinaria para debatirlo y de ser el caso, aprobarlo.El reglamento permite, cuando se trata de casos que deban evacuarse en un corto tiempo y que sean de complejidad, que se designe un juez coponente, que ayude al ponente, que será Alí Lozada.De acuerdo con el procedimiento establecido por el artículo 148 de la LOGJCC, para el pleno de la Corte hay un plazo de seis días para emitir un dictamen de admisibilidad.Una vez que la jueza Nuques asumió la competencia para tramitar la causa el pasado 24 de marzo, luego del sorteo público y en el que recibió el expediente de juicio político enviado por el Parlamento, tenía tres días para presentar su proyecto.Ese plazo se vencía este lunes, por lo que a las 10:34 lo presentó a la Secretaría General de la Corte Constitucional para que se lo distribuya a los magistrados.De inmediato, el presidente de la CC, Alí Lozada, convocó a una sesión que se desarrolló desde las 14:00 y se debatió la ponencia que no tuvo los votos necesarios para ser aprobado.Por lo que sorteó un nuevo juez ponente, Richard Ortiz, que deberá elaborar ese proyecto.Con base en esos esos presupuestos legales, se determinaría que el jueves concluye el plazo para que el organismo se pronuncia oficialmente si la solicitud de enjuiciamiento a Guillermo Lasso propuesto por la Asamblea Nacional tiene un dictamen favorable o no.El juez Richard Ortiz Ortiz se incorporó al pleno de la Corte Constitucional en febrero del año pasado, como efecto de la primera renovación parcial, tras un concurso público que realizó una Comisión Calificadora. El magistrado se formó en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y tiene un doctorado en Ciencias Políticas en una universidad de Alemania. Ha sido docente en centros académicos como la PUCE, la Universidad de las Américas (UDLA) y la San Francisco.Fue asesor en la Asamblea Constituyente entre el 2007 y 2008. Luego secretario del primer Tribunal Contencioso Electoral, que se instaló en la transición, entre el 2008 y 2011, durante el gobierno de Rafael Correa.Fue cercano al exasambleísta correísta Mauro Andino, que presidió la Comisión de Justicia de la Asamblea, fue su asesor y secretario de esa mesa legislativa.Los proponentes del juicio político al primer mandatario son los legisladores Viviana Veloz (UNES), Mireya Pazmiño (separada de PK), Pedro Zapata (PSC) y Rodrigo Fajardo (separado de ID), quienes apelan al artículo 129 numeral 2 de la Constitución, acusándolo de incurrir en los delitos de concusión y peculado por hechos de corrupción que se habrían dado en la administración de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco EP), en Petroecuador y en la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec). (I)

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