El juicio político al Consejo de la Judicatura activará la memoria de lo que pasó en la justicia

El juicio político en contra de tres vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) irá más allá de la recomendación de interpelación, pues permitirá activar la memoria de lo que pasó y pasa en la justicia ecuatoriana, basado en las pruebas presentadas, los testimonios de exjueces y de las posibles víctimas.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional tiene previsto reunirse la tarde de este lunes 22 de agosto para conocer y aprobar el informe respecto a la solicitud de juicio político planteado por los asambleístas Viviana Veloz y Fausto, Jarrín del bloque correísta Unión por la Esperanza (UNES), aunque este último renunció al cargo de legislador y pasó a ser testigo dentro de este proceso.

‘El objetivo es tomarse la justicia’, advirtió el Consejo de la Judicatura en el trámite del juicio político que impulsa la bancada correísta

El juicio fue formulado en contra de Fausto Murillo (presidente del CJ), Maribel Barreno y Juan José Morillo (vocales del CJ) y María del Carmen Maldonado, expresidenta del CJ. Todos acusados de incumplimiento de funciones en el proceso de evaluación y remoción de jueces y conjueces, así como en la selección de fiscales provinciales.

La sesión de la Comisión se instalaría en horas de la tarde y ese mismo día se remitirá el expediente al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, para que ejecute el siguiente paso y convoque al pleno para conocer, debatir y tomar una resolución.

El presidente de la mesa de Fiscalización, Fernando Villavicencio, anticipó que el informe constituirá un búmeran para quienes motivaron la interpelación, porque se develará la ausencia y el uso de la justicia como eje transversal.

Si bien es cierto que la causal mayor del juicio es la evaluación y remoción de jueces y conjueces, pero una vez desarrollado el proceso, añadió Villavicencio, resulta que esos jueces y conjueces que no pasaron la evaluación son justamente “aquellos que se convirtieron en una pistola del gobierno del correísmo para perseguir disidentes, periodistas y opositores, violando la Ley y la Constitución”.

Lo que se ha verificado en el informe es que se justificó la evaluación y la remoción de jueces corruptos, incapaces que se convirtieron en un instrumento de persecución, insistió Villavicencio.

En el proceso, afirmó Villavicencio, se pudo verificar que la sentencia de la Corte Constitucional sobre la evaluación no es que señala la vulneración de la autonomía de la Función Judicial, pues la sentencia destaca que estuvo mal o fuera de derecho el tiempo de evaluación de los jueces y conjueces.

En el juicio político se cuestiona el proceso de evaluación y remoción de jueces corruptos, y también se cuestiona de que aquellos jueces que pasaron la prueba como Iván Saquicela, Daniela Camacho o Marco Rodríguez, conformaron importantes tribunales penales que sentenciaron a Rafael Correa y a otros altos funcionarios del gobierno anterior; entonces, ese es el objetivo de quienes formalizaron el juicio político, enfatizó Villavicencio.

Para el presidente de la mesa de Fiscalización este es uno de los juicios con mayor carga probatoria y testimonial; “habrá un informe que no será similar a las sentencias de los jueces ‘truchos’ donde el 90 % es bla bla y 10 % de sustanciación”; pues el informe incluirá aspectos importantes como el comportamiento de los jueces y conjueces anteriores, y se pedirá a la Fiscalía General del Estado que investigue a aquellos jueces que contra derecho sentenciaron y persiguieron a ciudadanos indefensos como el caso de Carolina Llanos, que perdió a sus dos hijos en la cárcel, gracias a un fallo judicial absolutamente ilegal, inconstitucional e inhumano.

Estrategia de desestabilización

Fernando Villavicencio sostuvo que este juicio político a tres vocales de la Judicatura puede entenderse como parte de una estrategia de desestabilización del país, pues el país no puede perder pista y una lógica de conspiración desde la Asamblea Nacional que empezó casi desde el inicio del gobierno de Guillermo Lasso, donde el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC) armaron una cadena de juicios políticos para acorralar al régimen y tomar el control del Consejo de la Judicatura.

Hasta antes del paro de junio pasado tenían un interés marcado de suspender todos los juicios políticos planteados por ellos mismos, incluido el de la Judicatura, para adelantar el juicio al Consejo de Participación, pero luego de las movilizaciones cambiaron la estrategia y retomaron su afán de continuar con el proceso en contra el CJ.

A criterio de Villavicencio, en este juicio político a la Judicatura, los proponentes se pegan “un tiro en la nuca”, primero abandona el proceso el autor intelectual del juicio Fausto Jarrín, abogado de Rafael Correa y Jorge Glas. Con ello, marca la orientación del proceso, porque como no pudo defender a sus clientes en las cortes con los propios jueces del correísmo, que sí pasaron la evaluación como Daniela Camacho, Iván Saquicela y Marco Rodríguez; entonces apuntó a la Asamblea Nacional para desde ese escenario intentar revertir esas sentencias.

En el juicio político, los correístas se basan en una sola prueba que es la sentencia de la Corte Constitucional que analizó el proceso de evaluación y remoción de los jueces, y los testigos que presentan son las supuestas víctimas de la evaluación y remoción que son los jueces, que luego de este proceso de juicio terminan convirtiéndose en victimarios porque la defensa de los vocales del Consejo de la Judicatura llevaron como testigos a los ciudadanos que fueron sentenciados por esos jueces, con ello reactivan la memoria del tipo de justicia que tuvo el país desde el 2007 al 2019.

La composición del primer Consejo de la Judicatura de 2011 nace de una consulta popular y en el proceso de juicio político según Villavicencio, se determina que el primer Consejo lo nombra “a dedo” Rafael Correa, y pone a Paulo Rodríguez, Tania Arias y Néstor Arbito, quienes realizan las primeras nominaciones de jueces.

Según él, de un universo de 2.100 jueces, el 98 % de ellos, provienen del Consejo de la Judicatura de Paulo Rodríguez y Gustavo Jalkh, y apenas del 2 % de jueces fueron elegidos por el actual Consejo, pero de un banco de elegibles heredado por Jalkh; con ello se llega a la conclusión de que el 100 % de jueces del país provienen del correísmo, como el juez Banny Molina, que fue parte de esa selección.

Esos jueces fueron evaluados por Gustavo Jalkh, quien hizo lo mismo que hizo la Judicatura en el 2019, la diferencia está en las fórmulas; por ejemplo, comenta el presidente de la mesa de Fiscalización, en la evaluación de Jalkh los parámetros cuantitativos se midieron 65/100 y los cualitativos 35/100, y el juez escogía dos de sus sentencias para la evaluación; en cambio, en la metodología de evaluación del 2019, los parámetros cuantitativos fueron 20/100 y los cualitativos 80/100, y para la evaluación de la sentencias se sorteaban cuatro sentencias.

Los resultados de esas dos evaluaciones tienen sus diferencias, pues según las pruebas presentadas en el juicio político, relata Villavicencio, una misma jueza que en la evaluación de Gustavo Jalkh obtuvo 90/100, en el proceso de evaluación de 2019 obtuvo 73/100 y no pasó y se convirtió en una víctima de la evaluación.

Al pretender censurar a los tres vocales del actual Consejo de la Judicatura, los alternos tendrán una mayoría vinculados al PSC y al correísmo, y ellos, advierte Villavicencio, van a remover algunos conjueces y con esos conjueces a la carta presentarán los recursos de revisión como el caso sobornos para que Correa regrese y el caso Odebrecht, con ello queda en evidencia que en este juicio político que está por concluir, hay un acuerdo político para controlar al Consejo de la Judicatura. (I)