Para el próximo martes está prevista la instalación de una audiencia pública para sustanciar el recurso de acción de protección que plantearon Carlos Figueroa y Aland Molestina, vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en contra de cuatro de sus colegas, que anularon decenas de resoluciones expedidas a finales del 2022.

El juez civil Jorge Miranda convocó para el martes 28 de marzo de 2023, a las 09:00, en el Complejo Judicial Norte de Quito, a la audiencia pública para sustanciar la acción de protección que presentaron Carlos Figueroa y Aland Molestina en contra de los consejeros Gina Aguilar, Graciela Mora, Olindo Nastacuaz y Teddy Tama, quienes anularon 61 resoluciones que emitieron cuatro entonces vocales del CPCCS entre noviembre y diciembre del 2022.

En un inicio, la diligencia estuvo convocada para este viernes 24 de marzo, pero se difirió para el martes debido a que los cuatro consejeros demandados alegaron que “no han tenido tiempo de preparar su defensa, pues la notificación recién les llegó el 23 de marzo”.

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Figueroa y Molestina reclaman que el bloque de mayoría del Consejo aprobó el 10 de marzo una resolución mediante la cual anularon 61 actos administrativos que emitieron los entonces vocales Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán, entre el 23 de noviembre y el 1 de enero, pese a que fueron censurados y destituidos por un juicio político que llevó a cabo la Asamblea Nacional.

La medida se amparó en que un Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas declaró nula una acción de protección que otorgó el exjuez Ángel Lindao para favorecer a los exconsejeros reintegrándolos en sus cargos, aun cuando habían sido destituidos por la legislatura.

Sin embargo, el mismo Tribunal de la Corte en un auto de aclaración y ampliación a su fallo concluyó que anularon las actuaciones de la acción de protección, pero no las resoluciones que aprobaron las autoridades de ese entonces.

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Entre esos actos administrativos se anuló aquel en que se designó a Roberto Romero von Buchwald como titular de la Superintendencia de Bancos de una terna que envió el presidente del Gobierno, Guillermo Lasso.

Justamente Romero von Buchwald, al sentirse afectado por la decisión del 10 de marzo, solicitó ser escuchado en esta audiencia del martes, lo que se consideró procedente con el objetivo de conocer su “versión de los hechos”.

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También, el legislador del Partido Social Cristiano (PSC) Luis Almeida pidió ser considerado como amicus curiae para pronunciarse en respaldo de la nulidad de las 61 resoluciones.

En paralelo, el Consejo de Participación Ciudadana tiene pendiente resolver sobre un criterio jurídico en el que se recomienda ratificar la designación de Raúl González Carrión como superintendente de Bancos y dejar sin efecto la elección de Romero von Buchwald, enviando la resolución de designación al archivo.

Este criterio, que aún no es conocido en el pleno, se solicitó el 10 de marzo último, cuando el bloque de mayoría del CPCCS, integrado por Gina Aguilar, Olindo Nastacuaz, Graciela Mora y Teddy Tama, determinó la nulidad de lo actuado por sus antecesores.

Figueroa y Molestina solicitaron que se dicte una medida cautelar para que se suspendan provisionalmente los efectos de lo actuado por sus compañeros, pues ello “implicaría la realización de actos administrativos contrarios al ordenamiento jurídico vigente”, pero el juez negó el pedido. (I)

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