Tras el receso legislativo y la definición de candidaturas para los comicios de 2025, la Asamblea Nacional tendrá un escenario político diferente, porque en pocas semanas más el control de la Función Legislativa pasará a manos del correísmo, representado en la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), y habrá otras prioridades; además, por la campaña electoral el organismo administrativo quedaría acéfalo.
La postulación de Henry Kronfle como candidato a la Presidencia de la República por el Partido Social Cristiano (PSC), lista 6, lo obliga a dejar el cargo de presidente de la primera función del Estado. La fecha máxima para renunciar es el 2 de octubre próximo, último día de inscripción de candidaturas, según el calendario del Consejo Nacional Electoral (CNE).
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Al día siguiente de la renuncia de Kronfle, la primera vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, de las filas de la RC, asumirá la presidencia del Legislativo hasta mayo de 2025; aunque ella también tendrá que pedir licencia por LOS 33 días que dura la campaña electoral a partir del 5 de enero, porque aspira a reelegirse como asambleísta por Santo Domingo de los Tsáchilas y tiene que ir en busca de votos.
El correísmo tomará el timón de la Asamblea Nacional por ocho meses, y con ello, las prioridades legislativas y de fiscalización pueden dar un giro brusco en su dirección, porque se establecerá una nueva agenda con sello correísta sin descartar que entre sus aspiraciones estará el trámite de ansiadas amnistías para favorecer al exvicepresidente, Jorge Glas, o al mismo expresidente, Rafael Correa.
A eso se suma que existe un cúmulo de solicitudes de juicio político a funcionarios públicos y anuncios de presentar pedidos de interpelación contra seis ministros del gobierno de Daniel Noboa; incluso pedidos de amnistías pendientes de trámite y proyectos de ley que deberán ser ratificados por el pleno del Parlamento luego de transcurrir un año de un veto total, como es el caso del Código Orgánico de la Salud.
Acefalía administrativa
La carrera por captar una curul en la Asamblea Nacional llevará a unos 80 asambleístas, actualmente en funciones, a volver a la campaña electoral y conservar sus puestos. La cifra final de los aspirantes a una reelección se conocerá el 2 de octubre cuando vence el plazo para la inscripción de candidatos para el 2025
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El proceso electoral de febrero de 2025 provocará un sacudón en la Asamblea Nacional en dos momentos: el primero, cuando asuma la presidencia la legisladora Viviana Veloz (RC) se tendrá que definir si para la primera vicepresidencia se produce la sucesión, es decir, que el cargo lo ocupe el segundo vicepresidente, Eckenner Recalde, quien pertenece a la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN); aunque la posición del PSC es nombrar a un primer vicepresidente y, para ello, Henry Kronfle elevó una consulta a la Procuraduría General del Estado. La respuesta aún está pendiente. En todo caso se tendrá que designar a un vicepresidente para los próximos ocho meses.
En caso de que no haya acuerdo para nombrar a un vicepresidente y si Eckenner Recalde también se postula a la reelección, entonces durante la campaña electoral tendrá que presidir temporalmente la Asamblea Nacional la asambleísta de RC Esther Cuesta, por ser la primera vocal del Consejo de Administración Legislativa.
El segundo momento que golpeará a la Asamblea es cuando los 80 asambleístas que aspiran a una reelección en febrero de 2025 soliciten licencia por 33 días para hacer la campaña electoral. Esa acción llevará a principalizar a los 80 suplentes y por un mes el Parlamento funcionaría con una mayoría de alternos.
La campaña electoral afectaría directamente al órgano administrativo de la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), compuesto por siete integrantes. Esto porque seis de los siete miembros de ese organismo tendrán que pedir licencia por más de un mes para ir a buscar a sus electores; y en el CAL no existen suplentes o alternos.
Los seis asambleístas que regresarán a las urnas y que integran el CAL son: Henry Kronfle (PSC), Viviana Veloz (RC), Eckenner Recalde (ADN), Diego Matovelle (ADN), Alexandra Castillo (antes de Construye, hoy de PSC) y Jorge Acaiturri (PSC). La única asambleísta que integra el CAL y que no se postularía en las próximas elecciones sería Esther Cuesta (RC), porque ya tiene dos periodos como asambleísta representante por el exterior.
Agenda, juicios y campaña
En los próximos seis meses, la Asamblea Nacional no estará exenta de la campaña electoral, y la agenda legislativa tendrá un giro que permita cautivar el voto de los electores y asegurar el retorno de la mayor parte de asambleístas. La pugna entre el Ejecutivo y Legislativo no cesará.
La coordinadora de la bancada de gobierno Acción Democrática Nacional (ADN), Valentina Centeno, considera que la Asamblea vive una etapa preelectoral y los legisladores han perdido el respeto de sus verdaderas funciones.
En este periodo, añade, la oposición utilizará a la Función Legislativa para desestabilizar al Gobierno, para desestabilizar al presidente Daniel Noboa, ponerle trabas a la administración pública, perseguir a los ministros constantemente, amedrentar, también amenazar, porque son medidas coercitivas.
Sin lugar a dudas habrá un abuso del poder, un abuso del control político, y no puede ser que los ministros deben estar más concentrados en responderle a la Asamblea que en gobernar sus ministerios.
En esta etapa de elecciones buscarán por todo lado golpear la credibilidad del Gobierno para intentar restarle votos al presidente Daniel Noboa, y habrá sin lugar a dudas una lluvia de juicios políticos como una medida de presión.
Tras el receso legislativo se activarán los juicios políticos en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, cuya solicitud de interpelación fue presentada desde el correísmo; también está pendiente el trámite del juicio a la exministra de Energía y Minas del actual Gobierno Andrea Arrobo, acusada por el PSC y Construye por supuesto incumplimiento de funciones y negligencia en el manejo del sector eléctrico para solventar la crisis energética.
El pleno de la legislatura aprobó con una amplia mayoría el inicio de un juicio político en contra de cuatro ministros de Estado: del Ambiente, del Interior, Defensa Nacional y de Turismo, por incumplimiento de funciones y por no atender los pedidos de información solicitados por la Asamblea Nacional sobre los actos y hechos que afectan a la comuna Olón, en la provincia de Santa Elena, que han generado conmoción social por el proyecto inmobiliario Echo Olón, en el área del bosque protector Esterillo Oloncito.
También está en camino la aprobación del informe respecto a la fiscalización sobre el acuerdo suscrito por el Estado ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional sobre un nuevo préstamo. Una de las recomendaciones es iniciar un juicio político en contra del ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega. Además, los legisladores no descartan presentar una petición de juicio en contra del ministro de Energía y Minas por el tema del estiaje.
El legislador de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) Blasco Luna señala que hay pocas posibilidades de entenderse con el Ejecutivo, porque prácticamente se ha cerrado al diálogo y la Asamblea Nacional no puede hacerse falsas expectativas de que habrá una conciliación del Gobierno, “porque prácticamente ellos no ven como alternativa el diálogo y a eso se suma la disposición de que los ministros de Estado no acudan a la Asamblea, es una muestra cierta de autoritarismo”.
Si el Ejecutivo no quiere un diálogo con el Legislativo se tienen que buscar acciones propositivas que permitan generar legislación para favorecer a los sectores autónomos descentralizados y a la economía popular y solidaria, así como acciones que permitan dar soporte a la industria y a la empresa, es decir, que la Asamblea construya su propia agenda.
Luna está consciente de que la Asamblea, durante la campaña electoral, entrará en recesión, porque habrá un gran número de legisladores suplentes y se trabajará a medio gas. (I)
