Una acusación por presunta usurpación de funciones y una acción de protección impulsó el juez Fernando Muñoz Benítez tras ser removido de su dignidad de presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que la venía desempeñando desde junio del 2022 y concluía en junio del 2025.
El lunes, 12 de agosto de 2024, una mayoría de tres jueces del TCE se autoconvocó a una sesión y removió al juez Muñoz acusándolo de incumplir funciones administrativas y jurisdiccionales al frente de la institución que podrían tener efectos en el trámite de las causas, esencialmente en las elecciones generales de febrero del 2025.
Para revertir esta decisión, la mañana de este martes el magistrado recurrió a la Fiscalía General del Estado, en donde presentó una denuncia por presunta usurpación de funciones en contra de los jueces Ivonne Coloma Peralta, Ángel Torres Maldonado y Guillermo Ortega Caicedo, que dieron paso a la remoción y se renovaron autoridades: Coloma ascendió a la presidencia y Ángel Torres, a la vicepresidencia.
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También, Muñoz ingresó una acción de protección con medida cautelar en la justicia ordinaria por la afectación a sus derechos constitucionales.
El recurso será tramitado por un tribunal de Garantías Penales Especializado en el Juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado, conformado por Jorge Sánchez Pico, Mario Muñoz Bayas y Clara Soria Carpio.
Por el momento no han convocado a una audiencia para tratar el recurso y resolver sobre la medida cautelar con la que Muñoz pretende suspender las actuaciones administrativas de los tres jueces y retomar sus funciones.
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El magistrado precisó que está recurriendo ante las autoridades competentes, en cuyo caso son la Fiscalía y la justicia constitucional, por lo que descartó que el pleno del Tribunal pueda sancionar a los jueces que tramiten su pedido, por una interferencia en sus funciones, ya que al encontrarse en periodo electoral en el marco de los comicios generales del 2025, la Función Electoral no puede ser interferida por otros organismos.
«El ordenamiento jurídico establece que, si hay un delito de usurpación de funciones, el órgano competente es la Fiscalía y si hay una vulneración de derechos constitucionales, como es quitarme el periodo para el cual fui elegido, debo acudir a los jueces constitucionales. Hay que acudir a la autoridad competente», explicó Muñoz y subrayó que él sigue siendo el presidente del TCE.
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Después de hacer estos trámites, llegó a eso del mediodía a la sede del Tribunal en Quito y se dirigió a la oficina de la presidencia en el séptimo piso, para confirmar que él sigue en funciones y que lo actuado por los tres magistrados «fue una reunión de amigos» y que es de nulidad absoluta.
De repente ingresaron dos miembros de la Policía Nacional para atender una llamada de auxilio que habían recibido con información de que los jueces habrían estado «agrediéndose». La alerta habría llegado a través de una llamada al ECU911, dijo un oficial.
Muñoz les explicó que ningún juez se agredió, pero que presentó una denuncia penal por el cometimiento de un delito flagrante de usurpación de funciones en contra de tres jueces electorales, por lo que la Policía debió iniciar los procedimientos de investigación.
En tanto, la jueza y presidenta, Ivonne Coloma Peralta, quien se encontraba en su antiguo despacho de la Vicepresidencia, en el sexto piso, enfatizó que lo actuado en la plenaria del lunes fue legal y legítimo y que Muñoz ya no es presidente, pero que tiene la libertad de agotar todos los recursos que considere pertinentes.
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Coloma, al asumir sus funciones, empezó un proceso de desvinculación de funcionarios y está encargando al personal de planta las actividades.
Además este martes, 13 de agosto, los tres jueces sesionaron para designar un secretario encargado, hasta contar con tres perfiles para proponerlos ante el pleno. No asistieron los jueces Fernando Muñoz y Joaquín Viteri Llanga, que lo respalda después de este remezón dentro del organismo. (I)
