En Ecuador se discute mantener los subsidios a los combustibles y la cumbre mundial climática pide eliminarlos

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26), que se realizará en Glasgow (Escocia) del 1 al 12 de noviembre, abre el debate sobre continuar con el consumo de combustibles fósiles y que los Gobiernos del mundo destinen recursos para subsidiarlos. Mientras, en Ecuador varios grupos sociales plantean la reducción de los precios de la gasolina y el diésel, en contraposición al Estado, que busca incrementarlos para reducir el pago de subsidios.

A propósito de la COP26, la ONU presentó una campaña en redes sociales, cuyo protagonista es un dinosaurio que irrumpe en medio de la sesión y toma el micrófono para advertir que el mundo va “hacia un desastre climático”, pues “cada año los Gobiernos gastan miles de millones en subsidios a los combustibles fósiles”, cuando en el mundo “hay gente viviendo en la pobreza”.

“No elijan la extinción, salven a su especie antes que sea demasiado tarde”, es el mensaje del dinosaurio.

En los últimos meses, las organizaciones sociales de Ecuador han emprendido una jornada de protestas para que el Gobierno detenga el alza de los costos de la gasolina extra y el diésel.

Una de ellas es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que exige al presidente Guillermo Lasso que reduzca los valores y se planteen alternativas, como la focalización, para contrarrestar el encarecimiento de la vida de los sectores de bajos recursos económicos.

Leonidas Iza, presidente de la Conaie, contó el 12 de octubre pasado que hizo gestiones desde diciembre del 2020 para que una delegación participe en la COP26, aunque hasta ayer no se confirmó si acudieron o no.

Incluso el presidente Lasso, quien viajó a Escocia para participar en ese cónclave, les habría ofrecido llevarlos. Pero Iza dijo que se negó, y recalcó que ellos gestionaron su participación para exponer sobre los efectos del calentamiento global y el extractivismo de recursos.

Le había aconsejado a Lasso que, “en lugar de dañar y matar la naturaleza ampliando la producción minera y petrolera, concurse como Estado en los fondos internacionales para cuidado de la naturaleza, que hay una convocatoria de $ 5.000 millones. No estese buscando aquí, que no hay plata, y le dijimos que la ONU lanza una convocatoria de $ 100.000 millones, y justifique que tenemos las condiciones económicas para sostener el pulmón del mundo”.

El Ecuador destina actualmente $ 2.000 millones para cubrir los subsidios de los combustibles, según datos del Observatorio de la Política Fiscal, que refiere su directivo Jaime Carrera.

En tanto, en el mundo hay un llamado para dejar de usarlos y que se proteja el medioambiente. “En Ecuador es contraproducente y carente de visión pretender que no se reduzcan los subsidios”, opinó.

Líderes se preparan para el inicio de la COP26

A nivel económico, Carrera explicó que esta asistencia estatal beneficia a los que más tienen y no a los que menos tienen. Y que el valor que el Estado destina para mantenerlos depende de los precios internacionales del petróleo.

Los pronósticos gubernamentales eran que, si se seguía manteniendo la fijación de precios mediante el sistema de bandas, el subsidio iba a reducirse en el 2022 en al menos $ 1.000 millones, con un precio del WTI en $ 59.

“Pero si el precio del petróleo sube, el subsidio sube, porque incluso cuesta más importar los derivados”, explicó Carrera.

Para el economista Alberto Acosta, incrementar los precios de los combustibles de “forma vandálica” es una provocación.

“Viola los derechos humanos dejar de subsidiar, porque quienes viven en situación de pobreza o necesitan de combustibles para producir y trabajar verán endurecidas estas condiciones, mientras los que tienen plata podrán seguir contaminando”, criticó.

A su criterio, la eliminación de los subsidios debe venir acompañada de una propuesta para “mejorar sustantivamente el transporte público y subsidiarlo. La solución no pasa por más autos eléctricos. En Ecuador no hay avances ante la emergencia climática, que incluye justicia social”.

En un artículo escrito por Acosta, sugiere que debe haber un proceso plural de transición que conduzca a una reducción del aporte a los combustibles, aprovechando reservas de energía renovables, como la hídrica, solar y eólica, “sin que esto implique ampliar las actividades mineras”.

Rechazó, además, que “existen subsidios escondidos o perversos, pues subvencionan directa o indirectamente a los grandes grupos económicos locales y transnacionales”, como el apoyo para importar agroquímicos sin aranceles, las tarifas preferenciales por el consumo de electricidad o el uso hasta gratuito del agua. (I)