En un conjunto residencial en Portoviejo que “no cuenta con un sistema cerrado de cámaras de seguridad” ni tampoco “personal de guardia privada”. Así cumplirá Iván Espinel Molina el arresto domiciliario luego de salir del hospital Santa Margarita de esa ciudad manabita, según consta en un oficio remitido por el juez de Garantías Penitenciarias Juan Carlos Terán al comandante de la Zona 4 de la Policía Nacional.

El exministro de Inclusión Económica y Social (MIES) y excandidato a la Presidencia de la República, quien tiene una condena por lavado de activos, salió el miércoles 31 de enero de la clínica en la capital manabita.

El juez le otorgó la medida tras supuestamente presentar problemas de salud. La defensa de Espinel consiguió esto argumentando que padece problemas intestinales, psiquiátricos y cardiológicos. Según un documento de la Función Judicial, tendría trastornos de ansiedad y depresión.

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La disposición determina que el arresto domiciliario es de manera temporal.

En el oficio dirigido al comandante se indica que Espinel cumplirá su arresto en una vivienda de dos pisos localizada en la urbanización Marbella. Allí lo acompañaría su pareja sentimental.

Este sitio, según el juez, tiene pocas condiciones de seguridad.

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Por ejemplo, se detalla que la puerta de ingreso principal es de madera y sería vulnerable para el acceso.

El conjunto residencial no cuenta con un sistema cerrado de cámaras de seguridad y no tiene personal de guardia privada; así como también las ventanas de la casa no poseen barandas de seguridad o rejas, “mismas que son vulnerables para el acceso o salida del mismo”.

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Se indica que el alojamiento cuenta con cuatro cámaras de seguridad y estas se encuentran ubicadas en el ingreso, en la entrada principal del inmueble; en el pasillo del lugar ocupado como garaje; en el interior, en el espacio de la cocina y en la habitación donde descansaría Espinel, dispositivos que son monitoreados desde un teléfono celular por una aplicación.

Por lo expuesto, el juez solicita que el exfuncionario público deberá contar con vigilancia permanente por parte de la Policía Nacional y se deberá remitir un informe semanal a esta autoridad, de manera electrónica.

Se ordena que en el término de una semana se proceda a colocar los cerramientos en el interior de la vivienda, dada la vulnerabilidad que se determinó en la inspección.

El exministro “deberá permanecer con resguardo policial permanente en el domicilio señalado para que se cumpla con el arresto domiciliario cumpliendo su condena hasta segunda orden”, se lee en el documento.

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Espinel fue condenado en el 2019 a diez años de cárcel por no justificar ingresos por $ 771.000. Su sentencia fue ratificada en varias instancias.

El 5 de diciembre fue trasladado de la cárcel de Guayas a un hospital de Manabí. En ese entonces el SNAI no detalló las causas del traslado.

La sentencia por el delito de lavado de activos en contra del excandidato presidencial quedó en firme en mayo de 2021. Desde entonces ha hecho varios intentos para salir de la cárcel, por ejemplo, con el cumplimiento de la pena a través del régimen semiabierto.

En abril del 2023, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) alertó de que la única forma en que Espinel y otros sentenciados podrían obtener la libertad sería “utilizando a la justicia constitucional de forma indebida”, a través de una “medida cautelar irregular”, lo que representaría “un nuevo abuso en la aplicación de garantías jurisdiccionales”. (I)