A través del Decreto Ejecutivo 338, el gobierno de Daniel Noboa ha dispuesto la liquidación definitiva del Fideicomiso AGD-CFN No más impunidad, creado en su momento para administrar los bienes que les fueron incautados a los hermanos Isaías, exdueños del Filanbanco; a Alejandro Peñafiel, exdueño del Banco de Préstamos; y a otros banqueros que perdieron sus negocios.
Tal liquidación debió completarse entre el 2018 y el 2019 con la aprobación de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, publicada en el 2018 y que daba el plazo de un año para hacerlo. Pero han transcurrido seis sin que esto ocurra, principalmente por desacuerdos en los informes que debía preparar la Corporación Financiera Nacional (CFN), la fiduciaria, sobre sus manejos.
Ahora, según la disposición de Noboa, todos los activos y pasivos que son parte de este fideicomiso pasarán al control directo (o sea, sin fideicomiso de por medio) de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar). En el caso de las compañías que estaban en proceso de disolución o liquidación, la Superintendencia de Compañías se encargará de extinguirlas definitivamente.
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¿Pero cómo surgió este fideicomiso? En el documento expedido por el mandatario se incluye una cronología detallada de todos los cambios que ha sufrido en atención a por lo menos una decena de leyes, reglamentos y otros decretos ejecutivos más.
Su historia se inicia con la creación de la AGD hace más de 25 años, el 1 de diciembre de 1998, al amparo de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Área Tributario-Financiera.
Esta institución tenía por objeto garantizar y cancelar, de ser el caso, los depósitos que personas naturales y jurídicas mantenían en entidades financieras que cerraran. Y para hacer estos pagos podía incautar los bienes de la banca cerrada y venderlos.
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Entre julio y septiembre del 2008, la AGD realizó una serie de incautaciones de bienes inmuebles y compañías a los Isaías, Peñafiel y otros exbanqueros para cubrir “huecos” patrimoniales.
El 31 de diciembre de ese mismo año, con la vigencia de la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera, se dispuso la extinción de la AGD y el traspaso de sus activos, pasivos y competencias al Ministerio de Economía y Finanzas.
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El 4 de marzo de 2009 el directorio de la AGD autorizó la suscripción del Fideicomiso AGD-CFN No más impunidad, estableciendo a la CFN como fiduciaria; y se constituyó el 19 de marzo siguiente.
Luego, en una transitoria del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en vigencia desde el 22 de octubre de 2010, se dispuso que los activos, derechos y competencias que se le transfirieron al Ministerio de Economía y Finanzas pasen a la llamada Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad (Ugedep).
Dicha Unidad se suprimió, luego, mediante el decreto ejecutivo 705 del 25 de junio de 2015 y se dispuso transferirle al Banco Central del Ecuador (BCE) todas las atribuciones, funciones, competencias, derechos, obligaciones y patrimonio que esta tenía, entre ellos la calidad de constituyente beneficiario del Fideicomiso AGD-CFN No más impunidad.
En la disposición transitoria novena de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, vigente desde el 21 de agosto de 2018, se ordenó la liquidación del Fideicomiso Mercantil AGD-CFN en 360 días, y que la CFN –en su calidad de fiduciaria y representante legal– presentara al Banco Central un informe final de rendición de cuentas.
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La entrega de este informe no se cumplió en el tiempo establecido porque hubo desacuerdos entre el Central y la CFN sobre la metodología para elaborarlo. La Superintendencia de Compañías actuó como dirimente y dispuso a la fiduciaria preparar los estados financieros usando las normas internacionales de información financiera.
La CFN contrató, asimismo, a dos empresas auditoras internacionales; una para que revise las normas internacionales que debían aplicarse y otra para que haga el análisis de los estados financieros. El reporte final se entregó al Central el 30 de diciembre de 2021.
Pero antes, en la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización, publicada el 3 de mayo de 2021, se creó la Unidad de Gestión y Regularización como una entidad de derecho público, parte de la Función Ejecutiva, con autonomía operativa y administrativa, y se le transfirieron todos los activos y pasivos, derechos y obligaciones, responsabilidades y competencias relacionadas a la crisis bancaria de 1999, que recibió el Banco Central, incluyendo aquellos que se deriven o provengan de convenios, contratos y otros instrumentos jurídicos celebrados por la AGD o sus sucesores de derecho, como el Fideicomiso AGD.
En la misma norma se dispuso que todos los bienes inmuebles de la banca cerrada que poseía el Banco Central sean cedidos a Inmobiliar.
Luego, en el reglamento a la norma expedida en el decreto ejecutivo 103 de 8 de julio de 2021 se dispuso que Inmobiliar recibiera del BCE las cuotas de participación fiduciaria o derechos fiduciarios de fideicomisos que contengan bienes inmuebles de instituciones financieras cerradas. Entre agosto y septiembre del 2021 se suscribieron las escrituras públicas con ese propósito. (I)
