Segundo día de audiencia en caso Fernando Villavicencio se centró en el manejo dado al celular que pertenecería al sicario que concretó el asesinato

La mayor parte del segundo día de audiencia de juzgamiento contra los cinco procesados por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio se centró en los testimonios de quienes intervinieron en la reducción, detención, incautación del celular y certificación del fallecimiento de Johann Castillo, ciudadano colombiano a quien se lo ubica como el sicario que disparó y acabó con la vida del presidenciable de la alianza Gente Buena-Construye.

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La diligencia del miércoles 25 de junio arrancó con la presentación de un nuevo testigo de Fiscalía, el octavo para ser exactos. Álex Mosquera, capitán de la Policía Nacional de la Unidad Antiexplosivos, fue llamado por la fiscal Ana Hidalgo para que hable de los dos momentos en que actuó en este caso. El día anterior también intervinieron dos peritos llamados por Fiscalía.

El primer proceso en el que intervino Mosquera tenía que ver con la detonación controlada de la granada que fue encontrada cerca de las avenidas Amazonas y Gaspar de Villarroel, norte de Quito, a pocos metros de lugar del asesinato de Villavicencio. El segundo proceso fue en los allanamientos realizados en el sector de Monjas, en el suroriente de la capital, en el que se ubicaron tres granadas de fragmentación de uso militar, las cuales si llegaban a detonar podían haber causado graves daños, dijo el experto. Esas tres granadas también fueron destruidas.

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El testimonio del oficial de las Fuerzas Armadas

Menos de 20 minutos duró el testimonio del oficial de la Policía y luego se dio pasa al segundo testigo del día: el teniente coronel de las Fuerzas Armadas, Andrés Sánchez Jara. El oficial habría colaborado en la reducción y detención de Castillo el 9 de agosto de 2023, día del asesinato.

Sánchez Jara recordó ante los jueces provinciales de Pichincha, Milton Maroto (ponente), Galo Rumiguano y Pablo Coello, integrantes del Tribunal de Juicio, que él acababa de salir de su trabajo y mientras caminaba por la avenida Amazonas, con rumbo a una panadería, escuchó unos disparos que hicieron que se tire al suelo y empiece a organizar a la gente para que se queden en el piso y eviten una bala perdida. El militar trabajaba en el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa).

Tras los disparos, mientras avanzaba hacia la avenida Gaspar de Villarroel, vio que una persona sospechosa intentaba huir. Dijo que detrás del individuo iba un miembro de la Policía Nacional. Sánchez Jara contó que decidió intervenir para colaborar con la neutralización y detención del sujeto. En una de las veredas cercanas lograron atraparlo. Llegaron varias personas exaltadas que intentaron agredir al detenido. Entre el miembro policial y él impidieron las agresiones.

De un momento a otro, el policía que estaba con el detenido salió del lugar en busca de un patrullero. En ese instante, el oficial Sánchez Jara se habría percatado que del pantalón salía un celular. Inmediatamente una persona de la tercera edad que se encontraban en el lugar tomó el celular y se lo entregó al militar, aclarándole que el equipo era de la persona a la que le estaban apresando. Sánchez Jara tomó el celular y se lo guardó en el bolsillo izquierdo de su pantalón camuflaje, poniendo a buen recaudo una “evidencia”.

Una vez que llegó el patrullero, el detenido fue ingresado en el vehículo, al que también subió el oficial militar. Explicó al Tribunal que estaba consciente de que debía entregar el celular como evidencia y en cadena de custodia, y el uniformado que detuvo al que ahora se conoce con el nombre de Johann Castillo. Se habrían dirigido a la Unidad de Flagrancia, ubicada en la esquina de la avenida Patria y 9 de Octubre.

“Los policías se comunicaron con el ECU-911, dieron parte del atentado, pidieron refuerzos y también la colaboración de una ambulancia. Cuando llegamos a la Unidad de Flagrancia, procedo a ayudar a bajar al sospechoso que estaba herido e inmediatamente tomaron posesión el médico legista. (...) Ya en ese lugar pregunté sobre a quién podía entregar el celular y me indicaron que espere a funcionarios de la Dinased (Dirección de Investigación de Muertes Violentas). A los pocos minutos llegó el teniente Roberto Guerra (...) y procedo a hacer entrega del teléfono celular de color blanco con negro y posteriormente a eso procedí a llenar el formulario de cadena de custodia, al entregar el celular al teniente Guerra”, sostuvo en testimonio el teniente coronel Andrés Sánchez Jara.

El origen y la entrega del celular de Johann Castillo

Ante consultas de la fiscal Ana Hidalgo, el oficial del Ejército agregó que el detenido era mulato, de contextura delgada, tenía dos pantalones, llevaba camisetas blancas y estaba cubierto con una bandera con el número 25, que correspondía a la lista de Fernando Villavicencio. Además aclaró que el teléfono celular se cayó del bolsillo del detenido y que no conocía a la persona que recogió el celular y le entregó. Tenía claro el oficial que el mismo Iphone que vio fue el que le entregó la persona.

También reconoció que el formulario de cadena de custodia por el celular que entregó lo firmó él, el teniente Roberto Guerra y fue elaborado en las instalaciones del Issfa, esto debido a que en la Unidad de Flagrancia no había oficinas abiertas y no había medios (computadora e impresora) para elaborar el documento. Sostuvo que solo al final del hecho pudo conocer que quien fue detenido tenía que ver con el crimen de Fernando Villavicencio.

Inmediatamente llegaron las preguntas de las defensas de las víctimas y los acusados de por qué se hizo el documento de cadena de custodia en una oficina del Issfa y no en alguna dependencia policial o judicial; por qué no se llevó al detenido herido, con visibles impactos de bala, directamente a una casa de salud y en su lugar se lo llevó a la Unidad de Flagrancia; por qué no se incluyó en la cadena de custodia a esa persona de la tercera edad que le entregó el celular, si conocía cómo debe proceder si se una evidencia le entrega una tercera persona.

Luego de 40 minutos de testimonio del teniente coronel Sánchez Jara fue el turno del teniente de Policía Roberto Guerra, de quien antes habló el militar.

Guerra, agente de la Dinased, confirmó no solo que en la Unidad de Flagrancia él se encontró con el cuerpo de un hombre sin signos vitales y con evidentes heridas, por el paso de proyectiles de arma de fuego, sino también tomó contacto con Sánchez Jara para formalizar la entrega del celular Iphone, de color blanco con negro, que se le había caído al detenido y a ese momento fallecido. Firmada la cadena de custodia el equipo celular habría ingresado al Departamento de Criminalística.

Sobre el teléfono entregado, Guerra anotó que el militar únicamente le dijo que ese equipo se le cayó al detenido y además informó de la existencia de un error de tipeo al ingresar las características del celular en la cadena de custodia, es decir, se había colocado al celular el número A17178, cuando el número real era A1778. Ante ellos se habría hecho un parte policial de alcance informando a la Fiscalía de ese único error de tipeo.

Nuevamente llegaron las preguntas de por qué se elaboró la cadena de custodia en un lugar distinto a una dependencia policial o judicial, sobre si se le dio a conocer al teniente coronel Andrés Sánchez Jara del informe con el error de tipeo que existió o si el militar que entregó el celular firmó algún otro documento confirmando la nueva información de la cadena de custodia.

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Tras este testimonio, el juez ponente dio un receso de 10 minutos que luego se transformó en 20 y finalmente llegó a una hora. En ese punto los abogados de los sujetos procesales decidieron hablar.

La posición de los abogados

Ricardo Vanegas, defensa de la víctima Cristina Villavicencio, piensa que los testigos y peritos presentados por la Fiscalía están dando testimonios objetivos y técnicos; sin embargo, indicó, es evidente que los abogados de los imputados quieren aplicar la teoría del fruto del árbol envenenado.

“Esto es que si algo en el camino tuvo una vulneración al debido proceso, todas las pruebas que vienen después carecerían de valor y lo están fortaleciendo con las declaraciones que han dado hoy el coronel (Andrés) Sánchez y un teniente que firmó la línea de custodia. Ellos sostienen que cuando se entregó el celular, el coronel Sánchez dice que recibió el celular de una persona, que no identifica, que recogió el celular del bolsillo derecho del que supuestamente disparó a Fernando Villavicencio, pero cuando él entrega el celular esa historia la vuelve a contar al teniente, pero el teniente cuando da su declaración aquí dice que a él le entrega el celular es el coronel que a su vez lo recogió y nunca dice que hay una tercera persona”, explicó Vanegas.

También el defensor de una de las hijas de Villavicencio resaltó que llama la atención y es que en el parte de custodia del celular hay un error de tipeo en un número del equipo.

Vanegas cree que la Fiscalía cuando iba a hacer la explotación de ese celular se dio cuenta del error y mandó que se rectifique un error de forma “que no debería causar nulidad”. Pese a ello refiere que cuando se hace esa corrección, el teniente a cargo de la cadena de custodia no contacta al coronel Álex Sánchez y de eso se quiere tomar la defensa de los acusados para generar dudas frente a la prueba.

Hugo Espín, defensa de Verónica Sarauz, viuda del presidenciable asesinado, piensa que los testigos no pueden llegar a la audiencia y “muy sueltos de huesos” dar mucha información que es contradictoria, pues eso no le hace bien al país, al proceso penal y mucho menos al trabajo que está realizando la Fiscalía. Defendió la posibilidad de que como abogados hagan las preguntas que son del caso para encontrar la verdad en la causa.

“Nosotros estamos para respaldar el trabajo que hace la Fiscalía, nos hemos sumado a la teoría del caso de la Fiscalía, pero fundamentalmente vamos a defender la verdad de quién mató a Fernando Villavicencio, cuáles fueron las motivaciones, cómo se generaron los actos de la logística para que esto se produzca”, indicó Espín, al tiempo que comentó que la fiscal del caso le contactó para reclamarle por la posición de la acusación particular, porque se estaría dudando de la actuación de la Fiscalía, cosa que no es así, dijo el abogado de Sarauz.

La segunda jornada de audiencia terminó cerca de las 15:30, luego de la intervención de 15 testigos. La diligencia continuará el próximo lunes 1 julio, desde las 08:30, para que la Fiscalía continúe presentando sus testigos y peritos. (I)