Al cuarto intento y casi ocho meses después de que se cometió el delito, en el Complejo Judicial Norte, en Quito, se instaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el asesinato al estilo sicariato del entonces candidato a la Presidencia de la República por la alianza Construye-Gente Buena, Fernando Villavicencio.

Antes de la audiencia se hicieron barridos antiexplosivos en el interior de la sala 405 y dentro y fuera del complejo. Los procesados se conectarán por vía telemática desde el CPL de Cotopaxi.

El 8 de octubre pasado se cerraron los 60 días de instrucción fiscal y desde ese entonces los cinco ecuatorianos y un colombiano que se mantienen detenidos como presuntos autores materiales del crimen esperaban que se realice la diligencia. Irene Pérez es la jueza penal de Pichincha que dirigirá la diligencia y Ana Hidalgo la fiscal que llevará adelante la acusación pública.

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La diligencia se dividirá en dos partes. En la primera se debatirá sobre si existen o no nulidades procesales que afectan a la investigación hecha por la agente fiscal. En este punto, la jueza deberá decidir si da o no paso a las alegaciones de nulidad expuestas por las defensas de los procesados. Si encuentra nulidades, el proceso deberá regresar al momento en que fue ubicada la nulidad; pero si las rechaza, la audiencia pasará a la segunda parte: el dictamen fiscal.

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Al no haber existido hasta el momento un dictamen abstentivo se entiende que la Fiscalía acusará a los ecuatorianos Laura C., Carlos A., Érick R., Alexandra Ch. y Óscar F. y al colombiano Víctor F., quienes cumplen una orden de prisión preventiva en el Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Cotopaxi, en Latacunga. Además de la acusación, se deberá pedir que se los llame a juicio y la fiscal a cargo anunciará al juez la prueba pericial, testimonial y documental que presentará en el proceso, si esa es la decisión del juez.

En esta segunda parte de la audiencia también se escuchará a las defensas de la esposa y a las hijas de Fernando Villavicencio, quienes actúan en dos acusaciones particulares independientes, y a los abogados de los seis procesados. Al final de la diligencia se conocerá si son o no llamados a juicio los sospechosos y en qué calidad.

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En la sala 405 del Complejo Judicial Norte, en Quito, se desarrolla la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el asesinato de Fernando Villavicencio.

El crimen del exasambleísta y periodista de 59 años se produjo días antes de la primera vuelta electoral, cuando Villavicencio abandonaba un coliseo ubicado en el norte de Quito. Varios sicarios dieron marcha a un plan para asesinarlo. Uno de ellos, Jhojan Castillo, de origen colombiano, disparó impactando por tres ocasiones en el cuerpo de su víctima.

Inicialmente fueron trece personas las ubicadas como parte del grupo de autores materiales del asesinato. Los seis procesados que llegan a esta audiencia de evaluación y preparatoria de juicio son quienes quedaron con vida, pues el mismo día que cerraba la instrucción fiscal, el 6 de octubre pasado, Andrés M., José N., Adey G., Camilo R., Jules C. y Jhon R., todos de nacionalidad colombiana, y el ecuatoriano José M. fueron asesinados dentro de las cárceles de Guayaquil y Quito en las que cumplían su medida cautelar de prisión preventiva.

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Verónica Sarauz, esposa del periodista asesinado, ha insistido en varios foros en que la jueza de la causa no puede dilatar más la audiencia al dar oído a pretextos planteados por parte de los procesados. Para ella ya es hora de que se concrete la sanción para quienes serían los autores materiales del crimen y así centrarse en la investigación de los autores intelectuales, caso que se mantiene en fase reservada de investigación.

De los seis aún procesados, Carlos A. y Laura C. serían las personas que mayor información podrían mantener para llegar a los autores intelectuales. A los dos se los relacionaría con la organización Los Lobos, a través de la facción Los Invisibles, quienes supuestamente se dedican al transporte de droga, provisión de armas y sicariatos en Quito.

La Fiscalía ha definido que del teléfono de Carlos A., vía llamadas y mensajes de WhatsApp, salió la orden para que Jhojan Castillo ejecute el asesinato. El ahora procesado en esos momentos guardaba prisión en el CPL de Cotopaxi; mientras que a Laura C. alias Laura, se la ubica como la líder de una “organización delictiva aliada a Los Lobos” en el sur de la capital, quien tenía la posibilidad de emitir “disposiciones para ejecutar actividades ilícitas, como distribución y expendio de sustancias ilícitas, robo, adquisición de armas de fuego, entre otras”. (I)