Para Christian Zurita, reemplazante de Fernando Villavicencio en la candidatura a la Presidencia de la República, no solo es importante concentrarse en las horas que le quedan de campaña política, sino también mantener una reunión con la Fiscalía General del Estado para conocer cómo avanza la investigación del asesinato de su amigo y presidenciable por la alianza Construye-Gente Buena, hecho criminal que ocurrió el pasado 9 de agosto luego que concluyera un mitin político en un coliseo ubicado en el norte de Quito.

Zurita señaló que solo a partir de la pausa electoral podrá tener el tiempo y la capacidad de pensar qué y cómo sucedió todo lo ocurrido la tarde del miércoles 9 de agosto pasado, cuando sicarios que viajaban en motos dieron muerte a Fernando Villavicencio.

“Solo después del silencio electoral puedo solicitar a la Fiscalía una reunión formal para saber qué tiene y cómo se puede complementar. Ayudar en la identificación de equipos tecnológicos que pertenecían a Fernando (Villavicencio) que pueden ser utilizados en el sistema de investigación; ver qué tipo de apoyo va a dar el FBI dentro de los procesos de investigaciones y pericias que se deban levantar; observar y consultar el tipo de metodologías que se van a utilizar dentro de la investigación”, explicó Zurita.

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Un día después de ocurrido el asesinato de Villavicencio, el 10 de agosto pasado, la Fiscalía formuló cargos contra seis ciudadanos colombianos que tendrían participación en el delito cometido y el juez Gonzalo Núñez, luego de calificar la flagrancia, ordenó para Andrés M., José N., Adey G., Camilo R., Jules C. y Jhon R. la medida cautelar de prisión preventiva. Además de ser procesados por el delito de asesinato, a los extranjeros también se les abrió una causa penal por tráfico de drogas a gran escala.

Núñez, al ser un juez de flagrancia, se inhibió de seguir conociendo tanto la causa por asesinato como la de tráfico de drogas a gran escala y remitió los expedientes a la sala de sorteos de la Judicatura en la provincia de Pichincha, para que se defina quiénes tomarían a cargo cada uno de los procesos. Así se dio y dos jueces penales asumieron los procesos, pero al ser el tráfico a gran escala una de las figuras parte del catálogo de 44 delitos que deben ser conocidos por jueces especializados en corrupción y crimen organizado, existió la inhibición del juez penal para que un juez especializado asuma el caso.

En el auto de inhibición, el juez del caso por drogas señala: “Se evidencia en base a los acontecimientos que son de conocimiento público, conmoción social e incluso de conocimiento internacional con solicitud de intervención del FBI para apoyo en las investigaciones de los hechos ocurridos el 9 de agosto de 2023 en Quito, que tienen estrecha relación con la presente causa; así como de la revisión minuciosa del proceso, en los que se ha justificado cada uno de los parámetros establecidos (...), esto es, que se presume obedecen a la intervención de una estructura criminal organizada cuyo funcionamiento es dentro de los parámetros de continuidad y reiteración, existen presunciones que los ahora procesados ejercían el mando, dirección y planificación de las actividades de una organización delictiva, por lo que no se trataría de una simple concertación para delinquir con fines de tráfico de sustancias, sino que se presume se trata de una organización delictiva que viene realizando varios actos delictuosos continuos y reiterados a nivel nacional”.

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El lunes último, la viuda de Villavicencio, Verónica Sarauz, ingresó fuertemente custodiada a la sede de la Fiscalía General, en Quito. No se conoció con quién se reunió o los temas que abordó en su visita, pero coincidió con la llegada a ese mismo lugar de dos investigadores del FBI de Estados Unidos que colaborarían con la investigación del asesinato del periodista chimboracense de 59 años.

“No hemos tenido ninguna posibilidad de pensar lo que sucedió. Los hechos del pasado 9 de agosto están allí, sin moverse por parte de quienes fuimos el grupo más íntimo y cercano de Fernando (Villavicencio). Nuestro principal objetivo ha sido rescatar su proyecto, evitar que exista un silenciamiento de su nombre por parte de las instituciones, de la democracia, de los sujetos políticos, por parte del propio país. Recordemos que también fue asesinado el alcalde de Manta, Agustín Intriago, a los pocos días su crimen estaba silenciado. Nosotros no podíamos permitir que ocurra eso con Villavicencio”, refirió Zurita en una entrevista con Teleamazonas. (I)