Si la fiscal general, Diana Salazar, no se hubiera retirado de la sesión de la Comisión de Fiscalización en la que se pretendió que participe el exlegislador correísta Ronny Aleaga, el pasado lunes 13 de mayo, a ella le habría tocado separarse del caso Metástasis por mantener contacto con uno de los procesados fuera de las audiencias, como lo indica la legislación penal.