El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) acusó a la Fiscalía General del Estado de iniciar una “persecución” en contra de sus siete vocales al abrírseles una indagación previa; y, al contrario, piden que se investigue a aquellas “mentes ratoniles y farsantes” que en las redes sociales estarían divulgando información falsa respecto de un supuesto “intento de adulterar o borrar archivos y documentos” que respaldan la designación de Diana Salazar como fiscal en el 2019, según lo denunció la misma Fiscalía.

El presidente del CPCCS, Alembert Vera, denunció este 19 de mayo que la Fiscalía notificó a sus siete vocales: a él, Nicole Bonifaz, Mishelle Calvache, Johanna Verdezoto, Yadira Saltos, Augusto Verduga y Andrés Fantoni, con el inicio de una indagación previa, aunque desconocen cuál sería el presunto delito en el que habrían incurrido.

“Quiero denunciar que se ha iniciado un proceso de persecución al Consejo de Participación Ciudadana, ya que hemos sido notificados con el inicio de una indagación previa en contra de los siete consejeros. Es un acto repudiable e innecesario”, manifestó Vera, en una declaración de prensa este viernes, en la que apareció sin sus otros seis colegas y mostrando carpetas, archivadores y el libro que Salazar presentó en su postulación para llegar a la Fiscalía en el 2019.

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La confrontación entre el CPCCS y la Fiscalía surgió debido a un pedido de información que hizo el colectivo Acción Jurídica Popular al Consejo, sobre las calificaciones de méritos, del examen escrito, oral y el puntaje a un libro que presentó la fiscal Diana Salazar para el concurso público al que se postuló en el 2019 y que organizó el extinto CPCCS de Transición en el que ella fue seleccionada.

Según Vera, la información reposa en los archivos informáticos y físicos del Consejo y no era necesario iniciar una indagación previa para solicitar esa documentación. Ello, porque la Fiscalía había dado 72 horas de plazo para que el Consejo remita las acciones de personal de los siete vocales recién posesionados y el expediente de la designación de Salazar.

El Consejo de Participación Ciudadana rechazó la afirmación de la Fiscalía de que se estaría alterando o borrando documentos públicos, relacionados con la elección de Diana Salazar. Foto: Sugey Hajjar

La Fiscalía advirtió en un comunicado público, la tarde del jueves, de un supuesto intento de “alterar o borrar los archivos y documentos que respaldan el concurso de designación” de Salazar, en un intento más “de una serie de acciones con las que personas inescrupulosas intentan impedir la permanencia de Diana Salazar en sus funciones y que tienen como afán generar desinformación e inestabilidad, tratando de desprestigiar el trabajo desarrollado por la actual administración”.

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Por ello, el organismo había solicitado al CPCCS una copia certificada de los archivos de “manera que no se altere la información que ahí reposa”, señala el documento oficial.

En respuesta, Vera cuestionó a la Fiscalía por iniciar procesos penales por “chismes o tuits promovidos por farsantes y mentes ratoniles que pretenden lesionar el funcionamiento de las competencias del Consejo”.

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“Es falso y absurdo pretender decir que esta información se pueda alterar, borrar o desaparecer, porque la información de los concursos está en la página web y consta no solo en la Secretaría General del Consejo, sino que el respaldo consta en el Departamento de Tecnología. Toda esta información consta en los resguardos del Ministerio de Telecomunicaciones. Si quiere allanar, vaya a allanar el Ministerio de Telecomunicaciones”, le espetó Vera a la Fiscalía.

E insistió en que solo a una “mente ratonil se le podría ocurrir que existe la posibilidad o que se pretende borrar del sistema informático el concurso. Solo hay un farsante, una persona de baja calaña que diga que esto se podría perpetuar. Pero, además, es imposible”.

El vocal evitó identificar quiénes son esas “mentes ratoniles y farsantes” que estarían en la red social Twitter y medios de comunicación digitales, difundiendo información de que en el CPCCS se querría alterar la información de ese concurso realizado en el 2019, pero sí pidió a la Fiscalía que se los investigue.

“La mente ratonil no me refiero a una persona, pero parece patente de corso que en medios digitales y en Twitter se ofenda, desinforme y de esta desinformación se acoja una solicitud de una indagación previa. Llamaría a las personas a tener más cuidado; y, hemos solicitado que se inicie una indagación previa a los que promovieron o divulgaron información falsa y esperamos trabajar de forma conjunta con la Fiscalía para luchar en contra de la desinformación”, agregó el consejero.

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Esta agrupación, Acción Jurídica Popular, señaló en su cuenta de Twitter que, supuestamente, en la tesis de Salazar no se mencionaría al autor de varios textos, por lo que advirtió un “plagio”.

Vera evitó comentar si el Consejo revisaría ese documento. “No es nuestro deber ni competencia hacer un pronunciamiento”, pues lo único que hace el Consejo es responder un pedido de información. Y, en esa línea, aseguró que la Fiscalía mintió al señalar en su comunicado que solicitaron la documentación del proceso certificada.

El Consejo de Participación Ciudadana rechazó la afirmación de la Fiscalía de que se estarían alterando o borrando documentos públicos relacionados con la elección de Diana Salazar. Foto: Sugey Hajjar

“Esto nunca pasó, mintió y lejos de solicitar de forma civilizada, lo hace a través del inicio de una indagación previa en contra de los siete consejeros. (...) No queremos conflictuar, queremos trabajar. Pero si la Fiscalía hace caso a cualquier tuit para iniciar una indagación estamos frente a una flagrante persecución. El Ecuador está harto de estas persecuciones. Esperamos que este episodio no sea más que un cúmulo de noticias falsas. (...) Esto no es un acto jurídico, es político. Es un acto de intimidación a los consejeros”, increpó en su relato.

En ese escenario, Alembert Vera, abogado del expresidente Rafael Correa en el caso El Universo y del exministro de ese gobierno Walter Solís, en el caso Sobornos, se desmarcó de una posible intención de remover a Diana Salazar de sus funciones.

“Qué actuación se puede hacer en contra de la fiscal. Este Consejo lo que puede hacer es dar información, pero de ahí no existe ninguna competencia específica. Lo que han generado es una línea discursiva en la cual nosotros hemos propiciado un malestar a la fiscal. Basta que se pida la información, sea de quien sea. Si alguien se ofende porque entrego información, pues es mi competencia. No sabemos cuál es la intención”, dijo.

Su argumento se dio a propósito de la existencia de un fallo de la Corte Constitucional (CC) que blindó en el 2019 las decisiones del CPCCS de Transición sobre la selección de las autoridades de control, entre ellas, de la fiscal Diana Salazar.

A propósito de ello, el constitucionalista Ismael Quintana escribió en su cuenta de Twitter que “la designación de la fiscal general del Estado no puede ser revisada por el Consejo de Participación Ciudadana. Lo ha dicho la Corte Constitucional en un fallo de 2019 (podemos estar o no de acuerdo con esa decisión). Hacerlo, colocaría a los consejeros en la posibilidad de ser destituidos y procesados”.

No obstante, Vera recalcó que hay un discurso desde la Fiscalía de que existe un ataque, pero mencionó que el CPCCS no tiene capacidad sancionatoria.

“Esperamos que no sea un intento de desestabilización y que no se abuse de que no existe Asamblea Nacional, que sería el único organismo que puede sancionar”, advirtió Vera, quien hizo un llamado a los organismos internacionales a observar estos hechos. (I)