Aunque fue una resolución tomada por el pleno, los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no debatieron el reglamento como lo habían previsto, pues no hubo convocatoria a sesionar.
Este viernes, 6 de septiembre, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana debía reunirse en una sesión extraordinaria con la intención de discutir y aprobar el reglamento para la designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, después de haber desarrollado cuatro mesas técnicas en las que participan equipos de asesores y, por momentos, los consejeros.
Pero esto no se concretó. El presidente del Consejo, Andrés Fantoni Baldeón, no convocó a la plenaria y se debería a que continúan discusiones internas, ya que se trabaja sobre tres proyectos planteados por tres grupos.
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Una propuesta es de los vocales Augusto Verduga Sánchez, Nicole Bonifaz López y Yadira Saltos Rivas; la segunda, de Andrés Fantoni, Johanna Verdezoto del Salto y Jazmín Enríquez Castro; y, la tercera es de Juan Guarderas Cisneros.
Según Fantoni, en esas mesas técnicas han avanzado en un 50 % en el texto. Se conoció que el debate iba en la fase de calificación de méritos de aquellos que se postulen, aunque los detalles se manejan bajo reserva.
Este reglamento propicia fricciones entre los vocales. Verduga reclama agilidad para aprobarlo, tomando en cuenta que quedan siete meses para que la actual fiscal general, Diana Salazar Méndez, concluya su periodo de seis años.
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Recordó que por una resolución del pleno se le encargó elaborar un reglamento borrador para que en mesas técnicas se construya uno que se eleve a debate y aprobación.
Adicionalmente, dijo que la semana pasada, por un pedido de Guarderas, se resolvió extender la discusión de este cuerpo legal para este viernes, 6 de septiembre, sin que lo resuelto por las autoridades se cumpla.
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La propuesta de Verduga disgustó a la facción de mayoría, encabezada por Fantoni, porque, entre otros temas, en uno de los artículos se sugiere que la falta de probidad notoria de un postulante puede cuestionarse sobre la base de sentencias ejecutoriadas y resoluciones administrativas en firme.
Pero no por simples denuncias respecto del libre ejercicio profesional en el derecho, la docencia o la judicatura.
Para Fantoni, la iniciativa de Verduga es «escueta e impresentable».
«El primer reglamento era muy escueto, una cosa impresentable para el Ecuador. Algo que era como dejar la puerta abierta a La Roca (cárcel de máxima seguridad ubicada en Guayaquil) y que cualquier persona que tenga una problemática o esté reñido con la ley, en distintos casos, no solamente narcotráfico, sino estafa, acoso… podría acercarse a postularse a esta designación. No lo hemos permitido, ni vamos a permitir que este tipo de situaciones sucedan, porque sería un daño para el país. Debemos cuidar y darle filtros a esta designación», comentó el presidente, en una entrevista con radio Sonorama, este viernes.
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Aún se desconoce cuándo podría convocarse al debate de esta normativa. Sin embargo, cuando se formalice ese acto, el primer paso será conformar una veeduría ciudadana que vigile la ‘transparencia’ del concurso público de méritos, oposición e impugnación.
Luego se deberá integrar una comisión ciudadana de diez personas: cinco electas por concurso de méritos e impugnación en representación de la ciudadanía y otras cinco delegadas de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.
Este cuerpo colegiado será el que lleve a cabo el proceso de selección, bajo la supervisión del CPCCS, cuyo pleno será el que designe a la autoridad con base en el informe final de las calificaciones obtenidas por los postulantes en sus méritos y pruebas de conocimientos.
En el Consejo no se descarta la posibilidad de que esta designación tome por lo menos un año, debido a la trascendencia de la autoridad y los casos que están en investigación, como Metástasis, Purga, Plaga, Pantalla, Encuentro, asesinato de políticos, entre otros. (I)
