Este 8 de abril de 2025 se acaba el periodo de seis años de Diana Salazar y Wilson Toainga como fiscal general y fiscal subrogante, respectivamente, y si los dos deciden no prorrogarse en sus funciones, la Fiscalía General podría quedar en acefalía hasta que, en algún momento, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) decida avanzar en la elección de su reemplazo.
Faltan horas para que Diana Salazar Méndez termine su función como titular de la Fiscalía General del Estado, que asumió el 8 de abril de 2019, tras un concurso público de méritos, oposición e impugnación que hizo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición.
En esa misma ocasión, el CPCCS designó fiscal subrogante a Wilson Toainga Toainga de una lista de fiscales mejor puntuados que heredó el Consejo de la Judicatura (CJ) que presidió Gustavo Jalkh.
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Salazar y Toainga no han anticipado qué harán: si se irán o se quedarán en sus cargos bajo la figura de la prórroga.
Diana Salazar ha preferido no adelantar su decisión.
En una entrevista para el medio digital La Historia, la fiscal dijo que es el Consejo de Participación el que debe pronunciarse (por ser la autoridad nominadora), pero que, de su parte, precautelará que la institución “se mantenga y que los casos no corran riesgo, así como que la transición sea manejada de forma ordenada”.
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El Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) en el penúltimo inciso del artículo 283 establece que el periodo de funciones del fiscal general es de seis años sin posibilidad de reelección y, cumplido el periodo, la máxima autoridad podrá mantenerse en funciones prorrogadas hasta la designación de su reemplazo.
En tanto, el artículo 47 de la misma norma precisa que el fiscal subrogante sustituirá al fiscal general “en caso de ausencia temporal y justificada y ejercerá las mismas funciones que el titular”.
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Pero en caso de ausencia definitiva del fiscal titular “se procederá a llenar la vacante en forma inmediata”.
Al fiscal subrogante se lo elige junto con el fiscal general y dura en sus funciones el mismo tiempo que su titular, pero proviene de la lista de los fiscales mejor puntuados de la categoría de la carrera de fiscal, de una evaluación que hace el Consejo de la Judicatura, ya que es una de sus competencias.
El Consejo de Participación Ciudadana es el órgano encargado de designar a la autoridad a través de una comisión ciudadana compuesta por diez personas, de las cuales cinco se eligen por concurso de méritos e impugnación ciudadana.
El pleno de consejeros del CPCCS lleva dos años en funciones y ha tenido tres presidentes: Alembert Vera, que fue destituido por la Corte Constitucional, estuvo cinco meses; Nicole Bonifaz, a quien removieron cuatro consejeros, estuvo seis meses; y Andrés Fantoni ha logrado mantenerse un año en la presidencia sin que haya agilizado el concurso público.
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En 2024 se aprobó el reglamento y se conformó una veeduría de 500 personas y el proceso se paralizó; al igual que la designación de los cinco miembros del Consejo de la Judicatura, pues está a la espera de que el presidente-candidato Daniel Noboa envíe su terna de candidatos, en tanto se producen las elecciones de segunda vuelta del 13 de abril.
Andrés Fantoni se excusó y responsabilizó de la falta de un consejero para completar el pleno que está funcionando con seis de siete de sus miembros, porque la Asamblea Nacional no posesiona a uno de los suplentes.
El constitucionalista Ismael Quintana cree que las reglas no se van a cumplir, por lo que esto podría llevar a la Fiscalía a la “acefalía”.
“Lo que decida hacer o no el fiscal Toainga pierde relevancia porque el fiscal subrogante no reemplaza al titular en caso de ausencia definitiva. Entonces, hay dos opciones: Diana Salazar se queda prorrogada en funciones, que está a discreción de la fiscal, porque la norma no dice que ‘deberá‘, sino que ‘podrá‘. Si la fiscal decide que desde el 8 de abril termina su periodo, entramos en un problema de acefalía, porque la norma jurídica no soluciona este predicamento de que el fiscal subrogante la pueda reemplazar ante ausencia definitiva”.
A su criterio, en el caso de que Diana Salazar no se prorrogue y Toainga no pueda subrogarla por ausencia definitiva, “quedaría abierto a la interpretación de la autoridad nominadora, que en este caso es el Consejo de Participación Ciudadana”. “Ahí vendrá la parte en la que la política interpreta la norma y seguramente se inventarán la manera de nombrar un fiscal encargado para que se quede en el puesto hasta que al Consejo le dé la gana de hacer el concurso de méritos de oposición. Es grave lo que puede pasar en la Fiscalía ante ese escenario”, señaló.
Su propuesta es que la Fiscalía o el CPCCS haga una consulta a la Procuraduría General del Estado para que aclare cuál podría ser la alternativa de producirse un escenario de acefalía.
En eso también coincide Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que hace veeduría a los concursos públicos para elegir autoridades que realiza el Consejo.
“Dentro del marco legal no habría una solución, porque no es que el Consejo puede hacer un encargo a dedo. Debería prorrogarse Salazar o Toainga subrogarla”, dijo Alarcón.
O, ante un posible vacío, la posibilidad sería tomar como base los pronunciamientos de la Procuraduría, que indican que hasta ser legal y constitucionalmente reemplazados, no pueden dejar la institución en acefalía, manifestó. (I)
