Fiscalía General del Estado espera una respuesta del Gobierno para contratación de seguros de vida

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, al presentar su informe de labores reveló que aún espera una respuesta del Ministerio del Trabajo respecto a la norma que regule la contratación de seguros de vida para los servidores públicos con alto riesgo de esa institución. Las contrataciones son urgentes, replicó.

Su exposición ante la Asamblea Nacional se inició con el caso Metástasis. Afirmó que no dará paso a la impunidad. El caso se inició tras el asesinato de Leandro Norero, que desprendió indicios de una estructura criminal vinculada a sectores estatales que a su vez estaban vinculados al narcotráfico.

Calificó al caso Metástasis como “el mayor operativo contra el narcotráfico del país”, en el que participaron más de 400 personas a nivel nacional, se ejecutaron 75 allanamientos, dando como resultado 31 detenidos, entre ellos administradores de justicia, siete de los cuales fugaron por la filtración de información, e incautación de un sinnúmero de armamento, municiones, equipos electrónicos, entre otros.

Caso Metástasis: Leandro Norero le confesó a Daniel Salcedo que sus propios amigos y cercanos a ‘JL’ lo querían ‘apretar’ en la cárcel

Diana Salazar puntualizó que la institución, a través de las 912 fiscalías, ha generado 383.068 noticias del delito, y hay 1.196 personas protegidas activas a nivel nacional.

Casi al final de su participación en el pleno, que duró cerca de una hora, Salazar se refirió a la administración y gestión del talento humano de la Fiscalía. Afirmó: “Nos encontramos a la espera del pronunciamiento del Ministerio del Trabajo sobre la norma que regule la contratación de seguros de vida, y que no es una gestión de ahora, sino una gestión que se inició en el 2019″.

Dijo que durante todo este tiempo ha realizado acciones, gestiones, coordinaciones, insistencias, pedidos, súplicas e incluso indicó que se ha presentado un informe con el detalle de servidores que han sufrido muertes violentas. Todo esto con el propósito de sensibilizar al Ejecutivo para que autorice las contrataciones y poder tener una mejor protección para los funcionarios. Este punto es urgente, insistió.

“Estoy consciente de que le resulto incómoda a algunos grupos y a algunos sectores, que le resulto incómoda a la delincuencia, pero me mantengo firme en mi fe y sé que los tiempos de Dios son perfectos. Por ello, ninguna infamia, ninguna mentira podrá detener el trabajo que con tanto esfuerzo realizamos por el país. Quien tiene la verdad de su lado no tiene por qué temer”, manifestó la máxima autoridad de la Fiscalía.

Dirigiéndose a los asambleístas, señaló que el Ecuador exige que “todos trabajemos en el mismo sentido para desterrar el cáncer de la corrupción, el narcotráfico, el terrorismo de esta nación. No lo defraudemos”.

En el marco de administrar y gestionar la adquisición, contratación y provisión de servicios y obras para el funcionamiento adecuado de las unidades administrativas de la institución, aseguró que se ejecutó el 100 % del plan anual de contratación pública.

Resaltó la cooperación internacional en la gestión de la Fiscalía en el 2023, y aprovechó el espacio para agradecer a los países amigos que apoyan la gestión de institucional y que confían en la institución; con mayor énfasis a los Gobiernos de los Estados Unidos, del Reino Unido y Canadá, que por medio de la asistencia técnica no reembolsable han fortalecido la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada.

En el ámbito de la asistencia penal internacional se diligenciaron 377 solicitudes, de las cuales 123 son activas, 254 pasivas y el 32 % corresponde a delitos como tráfico de drogas, lavado de activos, delincuencia organizada y de carácter sexual.

Dentro de los procesos de innovación dijo que se crearon 31 fiscalías, de las cuales 25 son especializadas y 6 multicompetentes.

El trabajo ha sido arduo, y las necesidades, no solo del equipo que se juega la vida en brindar el acceso a la justicia y ciudadanía, sino de todo el país, son innumerables; por ello, dijo que es necesario agradecer a cada uno de los servidores.

Otros funcionarios

La Asamblea Nacional escuchó a los titulares de las instituciones que conforman la Función Electoral, la de Transparencia y Control Social y la Judicial, quienes presentaron sus informes de labores anuales correspondientes al año 2023.

El titular de la Contraloría, Mauricio Torres, informó que la institución ejecutó 1.292 acciones de control a escala nacional entre auditorías de gestión, de obras públicas, financieras y exámenes especiales a declaraciones patrimoniales juradas, declaraciones de paraísos fiscales, procesos de contratación de bienes, servicios, aspectos administrativos y contables, obras de infraestructura pública, componentes de talento humano, entre otros.

Se han emitido 7.346 resoluciones de responsabilidades administrativas o civiles por un monto global que bordea los 293 millones de dólares. Además, 301 informes con indicios de responsabilidad penal que se han remitido a la Fiscalía General del Estado.

Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, calificó al 2023 como “un año inédito para la democracia del Ecuador”. Entre los procesos electorales, destacó las elecciones seccionales, con más de 60.000 candidatos inscritos, elección de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la que se recibieron 191 postulaciones, de las que se calificaron 45 candidaturas; el referéndum, la consulta popular en Sevilla Don Bosco, la primera y segunda vuelta de las elecciones anticipadas; la consulta popular sobre el Parque Nacional Yasuní y Chocó Andino; y la repetición de elecciones en la parroquia Calacalí.

Resaltó que la institución realiza un trabajo exhaustivo para verificar la licitud de los aportes a las organizaciones políticas, y ejecuta acciones articuladas con la UAFE, Sercop, Consejo de la Judicatura, Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Energía y Recursos No renovables, Superintendencia de Compañías y Superintendencia de Bancos.

De su lado, el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando Muñoz, informó que en ese periodo se tramitaron 360 causas, de las cuales 341 han sido resueltas. El 4,34 % pendiente corresponde a aquellas cuya substanciación se encuentra en curso normal. Agregó que también resolvieron 100 de las 101 causas pendientes de años anteriores.

Álvaro Román, presidente del Consejo de la Judicatura, resaltó que uno de los ejes principales de la organización responde a la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, sobre lo cual se han atendido 1.218 causas para el juzgamiento de delitos relacionados con esa materia.

Agregó que en pro del fortalecimiento institucional se impulsaron 296 cursos de capacitación, formación continua, formación inicial y especialización que contaron con la participación de 219.822 operadores de justicia.

Finalmente, en representación de la Función de Trasparencia y Control, César Córdova subrayó que durante este periodo se implementó el Plan de Capacitación y Formación especializada en Ética Pública, Gestión Pública, Normas de Control Interno, Transparencia, Integridad y Prevención de la Corrupción, en el que participaron 4.056 servidores públicos de las ocho Instituciones que forman la FTCS. (I)