En el segundo día de audiencia de juicio contra la exasambleísta por la provincia de Loja, Nivea Vélez, acusada del delito de concusión, la Fiscalía continúa presentando la prueba pericial y testimonial que posee para sustentar que, entre el 2009 y 2012, ella habría exigido pagos irregulares a sus entonces colaboradores para financiar los gastos de su movimiento político provincial ‘Convocatoria’.

La diligencia se instaló la mañana del lunes último y está en manos de los conjueces Mercedes Caicedo (ponente) y Adrián Rojas y el juez Marco Rodríguez, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

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En el primer día de audiencia, luego de los alegatos de apertura, el fiscal general subrogante Wilson Toainga llamó a comparecer a tres testigos y siete peritos. Una excolaboradora de Vélez fue la primera en acudir para confirmar que, mediante comunicaciones por correo electrónico, uno de los subalternos de la exasambleísta les recordaba el pago que mes a mes debían cumplir todos los funcionarios del despacho y de la Comisión de Derechos de los Trabajadores.

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Además de la Fiscalía, a Vélez la acusa Vicente Ogoño, un exfuncionario de su despacho, quien asegura que la entonces funcionaria del Legislativo se valió de su cargo para exigir dinero que era destinado para el movimiento político que lideraba en Loja.

La primera testigo añadió que el dinero recibido por disposición de Nivea Vélez era destinado a asuntos relacionados con el movimiento político y que en varias ocasiones esos montos fueron transferidos a las cuentas de familiares de la procesada. Otros dos testigos también confirmaron la exigencia de dichos aportes irregulares a los colaboradores del despacho de Vélez.

Según la Fiscalía, el monto total del dinero exigido ascendería a $ 40.440, dinero que habría sido entregado a través de transferencias, depósitos y en efectivo a las cuentas de Nívea Vélez y sus familiares.

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La procesada califica a este caso jurídico como parte de un caso de violencia política. “Este caso nació cuando yo me “atreví” a presentarme como candidata a la alcaldía de Loja, una ciudad que 26 años se turnaron solo dos alcaldes. Nunca más que una mujer que decide entrar en la política de manera transparente sea acusada y se someta a los tribunales de justicia”.

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Angélica Porras, abogada de Ogoño asegura que probará en audiencia que su defendido entregó mensualmente $ 1.668, todo con el fin de mantener su puesto al interior de la Asamblea Nacional. Ella asegura que en total su cliente entregó a Vélez $ 23.000.

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Fiscalía llamó en el primer día a testificar a peritos que analizaron los correos electrónicos del acusador particular de este caso y de una de las versionantes; que cotejaron la voz de la procesada con los audios que reposan en cadena de custodia; que efectuaron el reconocimiento del lugar en el que habrían ocurrido estos actos ilícitos.

En septiembre, el juez de la Corte Nacional Walter Macías resolvió llamar a juicio en calidad de autora directa por el delito de concusión a la exasambleísta. Según el magistrado, los elementos expuestos eran suficientes que hacen presumir la existencia del delito de concusión tipificado y sancionado en el artículo 264 del Código Penal, vigente en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). (I)