El micrositio en la página web del Consejo de la Judicatura (CJ) y las ventanillas de las direcciones provinciales de la Judicatura a nivel nacional estarán habilitados hasta este viernes 26 de agosto para receptar las impugnaciones que la ciudadanía plantee contra cualquiera de los 37 postulantes que pasaron a la fase final del concurso público para designar catorce jueces especializados en el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado.

La fase de impugnación ciudadana y control social se abrió el miércoles 24 de agosto último, luego que se conoció el informe final de la prueba práctica, una de las dos etapas de la fase de oposición. A finales de marzo pasado, el CJ oficializó la convocatoria al concurso para integrar la nueva Unidad Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado que tendrá sede en Quito.

Solo 37 de los 53 postulantes que rindieron la prueba práctica pasaron a la fase de impugnación. Las impugnaciones que se presenten contra los postulantes deberán ser con respecto a su probidad, trayectoria personal éticamente irreprochable, falta de cumplimiento de requisitos, falsedad en la información otorgada por la persona postulante o inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones establecidas en la Constitución o la ley.

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La Dirección Nacional de Talento Humano de la Judicatura será la encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la impugnación y la admitirá o inadmitirá a trámite dentro del término establecido en el cronograma del concurso público.

El director general del CJ, Santiago Peñaherrera, recordó en su momento que este concurso público arrancó con 425 postulantes y poco a poco ese número ha ido disminuyendo, debido a que los profesionales no aprobaron las distintas fases del proceso. Cree que ese hecho garantiza que los mejores jueces en materia de corrupción y crimen organizado sean los seleccionados bajo los principios de transparencia, calidad y objetividad.

“No solo estamos preocupados en su conocimiento teórico, práctico, en la experiencia de los postulantes, tenemos una preocupación especial en la idoneidad de los mismos. La idoneidad se garantiza a través de documentación como la de no haber sido sancionado por el CJ o la Contraloría General. (...) Se hace una invitación para que ejerzan su derecho a la participación ciudadana y también impugnen a aquellos postulantes respecto de los cuales consideren estén incursos en algún tipo de inhabilidad, motiven y fundamenten la impugnación”, señaló Peñaherrera.

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Desde la Judicatura se define a la impugnación como un hecho neurálgico del proceso. Se sostiene que el objetivo de la impugnación es que las preocupaciones de personas respecto a un postulante no queden en la nada o en silencio.

La impugnación ciudadana es definida como un mecanismo de participación directa de la ciudadanía en la que se puede poner en conocimiento del CJ que tal o cual participante tiene alguna inhabilidad y así la Judicatura con sus equipos analice y, de alguna forma, pueda filtrar a aquellos postulantes que no cumplirían con la idoneidad requerida.

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Entre los requisitos que debe incluir la impugnación están los datos generales y cédula del impugnante y en caso de que sea una persona jurídica, lo hará a través de su representante legal, quien acompañará, además de la copia de cédula de ciudadanía, la copia de su nombramiento vigente. Nombre completo de la persona impugnada, fundamentos de hecho y de derecho que sustenten la impugnación, un correo electrónico para las notificaciones y firma electrónica de responsabilidad.

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Luego del plazo establecido se realizará la audiencia de comparecencia, en la que las partes intervendrán durante 15 minutos cada una y sustentarán sus fundamentos. La ausencia del impugnante o del impugnado no afectará la continuidad de esta fase.

Fenecido el término previsto para contestar la impugnación, la Dirección Nacional de Talento Humano señalará, en el término de hasta tres días, el día y hora que tendrá lugar la comparecencia. Dentro de la audiencia, las partes intervendrán por separado y sin la presencia de la contraparte, durante un tiempo no mayor a quince minutos cada una, la cual será grabada en audio y video.

La ausencia de la persona impugnante o del postulante no afectará la continuidad del proceso de impugnación ciudadana. En caso de renuncia del postulante al concurso público, la impugnación recibida en su contra no se desarrollará ni resolverá. Talento Humano resolverá lo que corresponda dentro del término establecido en el cronograma para el concurso público. (I)

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