Audiencias, versiones y diligencias marcarán las últimas semanas de la instrucción fiscal en el caso Las Torres

La recepción de seis testimonios anticipados, audiencias para resolver un procedimiento abreviado y una apelación a la prisión preventiva, peritajes, transcripciones, versiones y pedidos de diligencias solicitadas por los sujetos procesales marcarán los menos de 14 días que le quedan a la instrucción fiscal abierta en el caso Las Torres.

Por el delito de delincuencia organizada la Fiscalía investiga a quince personas que serían parte de una “organización criminal” que a cambio de dinero, depositado a través de terceros en cuentas del extranjero, desvaneció en la Contraloría General del Estado (CGE) seis glosas por cerca de $ 13 millones relacionadas con la empresa Nolimit C. A. y facilitó el pago de recursos que le adeudaba a esa prestadora de servicios la empresa pública de petróleos Petroecuador.

Caso Las Torres: pedidos de abogados hacen que se difiera audiencia para escuchar testimonios anticipados

En la cabeza de la lista de procesados están el ahora excontralor subrogante Pablo Celi y su hermano Esteban; el exgerente de Petroecuador Pablo Flores, su padre y su madre, Marco Flores Troncoso y Elsie Cueva; y Adolfo Agusto Briones, hermano del exsecretario de la Presidencia José Agusto Briones, quien falleció en la cárcel estando procesado en esta causa.

Martha Barrezueta, esposa de Roberto Barrera, empresario sentenciado en 2019 en Estados Unidos por ser parte de una red de corrupción en Petroecuador, y Mauricio Orellana, exgerente de Refinación de Petroecuador, fueron los últimos en ser vinculados al proceso penal abierto en abril pasado, pero cuya investigación previa se inició en 2019.

Para la Fiscalía existiría información suficiente en los casi 500 cuerpos que hacen parte del expediente fiscal para respaldar los 69 elementos de convicción que mantiene para acusar a los quince procesados de haber conformado una estructura que operaba de manera permanente y estaba integrada por funcionarios públicos de alta jerarquía, los cuales tenían el poder de ordenar, disponer y autorizar, y de varios ciudadanos particulares que colaboraron de manera directa para alcanzar los fines delictivos.

Pese a ello, la etapa de instrucción fiscal en este caso va concluyendo en medio de una interrogante recurrente entre los abogados de los procesados: ¿Por qué no se ha vinculado al caso al exasesor de Petroecuador y familiar de los hermanos Celi, Raúl De la Torre; al accionista de Nolimit José De la Paz; al empresario Inmobiliario Roberto Barrera; y a Nolimit como persona jurídica?

Para abogados como Pablo Encalada, defensa del exgerente Pablo Flores, ellos debieron ser parte de los procesados, pues son quienes participan directamente en las conversaciones en las que se habla de entregas de dinero, de exigencias a nombre de personajes, entre otros temas que para la Fiscalía son elementos que sirven para construir su teoría acusatoria.

Justamente Raúl De la Torre es uno de los seis convocados a rendir testimonio anticipado y está incluido, según Fiscalía, en el Programa de Víctimas y Testigos. De La Torre se mantiene en Estados Unidos al igual que De la Paz, pues fueron detenidos y condenados por ser parte de una red de corrupción que operó en Petroecuador.

Esteban Celi, hermano del excontralor Pablo Celi, se acoge al procedimiento abreviado en el caso Las Torres

Aunque la Fiscalía investiga el delito de delincuencia organizada que habría ocurrido en la CGE, la secretaría de la Presidencia de la República y Petroecuador entre el 2017 y 2020, Encalada cree que la investigación debería ampliarse hacia años atrás. Según él, existirían conversaciones entre De la Torre y accionistas de Nolimit en las que él les dice que “viene trabajando con ellos desde el 2016”.

El abogado ya ha pedido a Fiscalía que se incluyan los años 2015 y 2016 en el periodo de análisis y materialización de las conversaciones existentes en los celulares de De la Torre y Barrera.

Encalada confirmó que la materialización (pericia) de varios audios solicitados, en los que De la Torre nombraría a otros funcionarios públicos, ya se estaría haciendo, pero aclara que esto no lo ha pedido para que se vincule a más personas, sino para demostrar que De la Torre y Barrera eran “delincuentes”, “gente que no tiene escrúpulos”, que “trabajaba engañando, extorsionando” y “tomando el nombre de funcionarios públicos”, como el de Pablo Flores, apunta, para cometer delitos.

“Entonces Pablo Flores no es la primera víctima de esto. Ellos (Raúl De la Torre y Roberto Barrera) venían haciendo esto con más gente y de hecho en las conversaciones se nombra a otras personas que la Fiscalía no las ha llamado a rendir versión y no las ha vinculado, como lo hizo con el exgerente Flores, luego de ser nombrado en las conversaciones”, explicó Encalada.

El fiscal Toainga durante la audiencia en que se vinculó a Orellana y Barrezueta dijo que el objetivo de esta organización era planificar y dirigir actividades para obtener réditos económicos a través de la comisión de delitos de concusión, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, a costa de la empresa Nolimit. Lo hacían, indicó, a través de exigencias y amenazas abusando del cargo que ostentaban y funciones que cumplían.

La teoría completa de Fiscalía, sostiene Marcelo Ron, abogado del excontralor Celi, no podrá ser probada si se llega a una audiencia de juzgamiento. Desde su perspectiva no se ha demostrado que la empresa Nolimit ha entregado dineros por el desvanecimiento de glosas, pero lo que sí se ha evidenciado es que esa empresa entregó dinero para que le cancelen las facturas que Petroecuador le adeudaba.

“La Fiscalía dice que esta delincuencia organizada tenía como cabecillas a Pablo Celi, (Pablo) Flores y (José) Agusto Briones, dice que Celi debía desvanecer las glosas para que luego Petroecuador pueda pagar las facturas a Nolimit y tenían el respaldo desde la Presidencia con Agusto Briones. Resulta que legalmente lo que dice la norma es que los pagos que debía hacer Petroecuador no dependían de si se desvanecían o no las glosas. Pese a que se desvanezcan o se confirmen esas glosas, Petroecuador tenía que pagar”, afirma Ron.

Una vez la Fiscalía notifique oficialmente del cierre de la etapa de instrucción fiscal, la institución deberá pedir al juez del caso, Felipe Córdova, de la Corte Nacional, fije fecha y hora para la audiencia preparatoria de juicio en la que se analizará si existen vicios de nulidad que afecten todo lo actuado y si existen los elementos suficientes para llamar a juicio a quienes la Fiscalía acuse. (I)