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Integrantes del movimiento Guevarista son llamados a juicio por el delito de trata de personas con fines de reclutamiento forzoso para conflictos armados

El delito de trata de personas con fines de reclutamiento forzoso para conflictos armados genera, según el COIP, una sanción de 13 a 16 años de prisión.

Quito, 19 de mayo de 2022. Cercanos y familiares de integrantes del Movimiento Guevarista Tierra y Libertad (MGTL) se han apostado en las afueras de las distintas unidades judiciales donde se ha llevado el proceso penal para exigir la libertad de los procesados. API/JUAN RUIZ CÓNDOR Foto: API

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Por encontrar elementos suficientes que hacen sospechar de la relación de siete integrantes del movimiento Guevarista y dos dirigentes indígenas con el delito de trata de personas con fines de reclutamiento forzoso para conflictos armados, una jueza penal de Pichincha, Ana Cristina Guerrón, emitió un auto de llamamiento a juicio contra los nueve involucrados.

La decisión se conoció la tarde del jueves último, en la reinstalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que se instaló el lunes último en el Complejo Judicial, en el norte de Quito.

Guerrón decidió llamar a juicio a Omar C., Ernesto F., Carlos C., Silverio C., Nelly Y., Gabriela G., Juan B., Alexis M. y Cristian C., debido a que la fiscal Ana Hidalgo presentó entre los elementos de convicción una asistencia penal internacional remitida por la Fiscalía de Colombia, a través de la cual se envió información sobre el grupo disidente denominado Segunda Marquetalia, en la que se señala el territorio donde opera.

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Audiencia preparatoria de juicio se instaló en Quito en contra de nueve miembros del movimiento Guevarista

Además, se expusieron detalles de vigilancias y seguimientos realizados a tres de los acusados en Ecuador, con los que se evidenciaría la existencia de reuniones con los jefes de este grupo disidente del vecino país. También se establecieron los desplazamientos que tenían desde Ecuador hasta Colombia y su posterior llegada a Arauca, frontera con Venezuela, así como la ruta técnica de los teléfonos celulares y el análisis de la información de las comunicaciones con los líderes guerrilleros.

La Fiscalía informó que a estos elementos se sumaron los movimientos migratorios de los acusados y de las víctimas, versiones de las víctimas, análisis telefónicos, informes de pericias psicológicas y de entorno social, pericias de cotejamiento de voces, pericias de audio, video y afines de los teléfonos celulares incautados a los acusados en los allanamientos efectuados, pericias informáticas de equipos electrónicos, informaciones de redes sociales, enlaces de páginas web y demás plataformas informáticas.

En la primera parte de la diligencia, la jueza Guerrón declaró la validez procesal de todo lo actuado por la Fiscalía General, a través de su Unidad contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Junto con la decisión de llamar a juicio a los nueve procesados se ratificaron las medidas cautelares que pesan sobre ellos: cinco con prisión preventiva y el resto con otras medidas cautelares luego del habeas corpus otorgado.

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La Fiscalía en este caso investiga desde el 2021 la existencia de una organización dedicada a la trata de personas con fines de reclutamiento forzoso para conflictos armados o para la comisión de actos penados por la ley. Según la institución que acusa, sus integrantes serían nueve ecuatorianos que se habrían dedicado a la captación, transporte, traslado, retención o recibimiento de sus víctimas, las cuales habrían sido seleccionadas en las comunidades indígenas de la sierra-centro ecuatoriana, para luego trasladarlas hasta el departamento de Arauca, en la frontera entre Colombia y Venezuela.

En comunidades indígenas hay preocupación por actividades de presuntos grupos irregulares

La finalidad de esta organización, según sostiene la acusación fiscal, sería el adiestramiento paramilitar con el Grupo Armado Organizado Residual (GAOR) de la Segunda Marquetalia, cuyo líder era alias el Paisa, quien falleció en diciembre del año pasado. Sus miembros son exintegrantes de la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

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En este punto, el proceso pasará a sorteo y así se definirán los tres jueces que conformarán la Sala de Juzgamiento que conocerá las pruebas periciales, testimoniales y documentales que las partes anunciaron que presentarán en fase de juicio para sustentar la teoría de acusación o defensa que manejan. (I)

Redacción
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