Con dineros del Fondo Partidario Permanente la Izquierda Democrática colocó nueve pólizas de acumulación en el sistema financiero durante los años 2018 y 2020, que sumados los montos supera el millón de dólares, y como resultado de esa inversión la organización política de la lista 12 obtuvo $ 17.000.
Esos reportes constan en dos informes que conoció el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), y que el consejero Enrique Pita planteó su devolución a la Dirección Nacional de Fiscalización y Control del Gasto Electoral para que “sea redactado con mayor claridad”. La moción fue respaldada por el consejero José Cabrera, quien señaló: “El Consejo Electoral no debe exhortar sino determinar que sí cumplió o no lo que dice la ley”. Esto porque el informe se limitaba a exhortar a la organización política cuando en el análisis se advierte que ese tipo de actividad con los fondos públicos no se encuentra establecida de forma expresa en la ley.
En los dos informes el coordinador nacional técnico de participación política, Fidel Ycaza, y la directora nacional de Fiscalización y control del gasto electoral (e), Geovana Guano, señalan que en el 2018 la organización política aperturó cinco certificaciones de inversión en el sistema financiero nacional, cuya fuente de financiamiento correspondió al recurso público; tres de esos capitales, así como sus réditos generados fueron reintegrados a la cuenta perteneciente al partido, cuyos recursos se destinaron para actividades relacionadas con el objeto del fondo partidario permanente. Los réditos de las dos pólizas restantes no constan en el informe.
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Sin embargo, advierten que la organización política “no debió disponer de los fondos públicos de la cuenta corriente exclusiva, para realizar las inversiones, ni beneficiarse de los réditos generados con las mismas, considerando que esta actividad no se encuentra establecida de forma expresa en la normativa legal y reglamentaria que regula a los partidos y movimientos políticos”.
Inversiones 2018
Fecha de inversión | Capital invertido en dólares | Fecha de reintegro de capital | Rentas de las inversiones en dólares |
---|---|---|---|
24-01-2018 | 300.000 | 24-04-2018 | 2.250 |
24-04-2018 | 100.000 | 08-06-2018 | 250 |
24-04-2018 | 130.000 | 03-07-2018 | 631,94 |
12-12-2018 | 120.000 | valor contabilizado en el IEF 2019 | valor contabilizado en el IEF 2019 |
12-12-2018 | 60.000 | valor contabilizado en el IEF 2019 | valor contabilizado en el IEF 2019 |
<b>Total interés ganado 2018</b> | <b>3.131,94</b> |
Inversiones 2020
En el caso del año 2020, el informe señala que la Izquierda Democrática hizo cuatro inversiones financieras por $ 350.000 en los meses de febrero y junio por lo que recibió $ 10.368,47.
Fecha de inversión | Capital invertido en dólares | Fecha de reintegro capital | Interés ganado en dólares |
---|---|---|---|
21-02-2020 | 100.000 | 17-06-2020 | 1.725 |
21-02-2020 | 100.000 | 15-09-2020 | 3.335 |
21-02-2020 | 100.000 | 15-12-2020 | 4.925,28 |
17-06-2020 | 50.000 | 18-08-2020 | 383,19 |
<b>Total de interés ganado</b> | <b>10.368,47</b> |
Además, indica que la representante legal (Wilma Andrade) y los responsables económicos del partido Izquierda Democrática, lista 12, en el año 2020 realizaron cuatro inversiones temporales en el sistema financiero nacional, lo que significó que el dinero del recurso público del Fondo Partidario Permanente existente en la cuenta exclusiva de la organización política sea transferido a diferentes cuentas correspondientes a certificados de inversión, sin considerar que las inversiones a corto plazo solamente se las pueden realizar con recurso privado, como lo establece la normativa legal y reglamentaria anteriormente citada.
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Por ello, la Dirección Nacional de Fiscalización y Control del Gasto Electoral “considera que la organización política no tuvo sustento legal para destinar el recurso público del Fondo Partidario Permanente a inversiones en el sistema financiero nacional, ni para disponer de los réditos obtenidos”.
Ese departamento del CNE advierte que el inciso final del artículo 355 del Código de la Democracia, referente al financiamiento público, establece que los fondos públicos serán utilizados exclusivamente para propiciar actividades de formación, publicaciones, capacitación e investigación, así como para su funcionamiento institucional.
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Tras el análisis, en el informe de CNE se recomienda realizar un exhorto al partido para que se abstenga de realizar inversiones financieras con el recurso público del Fondo Partidario Permanente, razón que dicha actividad no se encuentra expresamente contemplada en la normativa legal y reglamentaria que regula a las organizaciones políticas.
Si bien el consejero Enrique Pita planteó que los informes de la ID sobre el uso del Fondo Partidario Permanente de 2018 y 2020 regresen a la Dirección Nacional de Fiscalización y Control del Gasto Electoral porque no son claros y no tienen la fundamentación que permitan tomar una decisión, señaló que “el punto central es que dicha organización política hizo una inversión y sus réditos fueron utilizados para los fines establecidos en el artículo 355 del Código de la Democracia.
En su exposición, insistió, “es muy importante que se tenga en cuenta que dicha organización política no se benefició de los réditos generados en las mencionadas inversiones”.
La expresidenta de la ID y exlegisladora nacional Wilma Andrade explicó que la devolución de los informes a la Dirección Nacional de Fiscalización sobre el uso del Fondo Partidario tiene relación con una precisión planteada por el consejero Pita, de que cuando se entregue el Fondo Partidario del 2021 se haga una revisión si el partido cumplió o no.
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Comentó que cuando fue presidenta de la ID en el 2018 recibió el Fondo Partidario por efecto de las elecciones 2017 con la participación presidencial de Paco Moncayo, donde se obtuvo cuatro curules.
Lo que hizo el partido, añadió, es aprobar un presupuesto para la ejecución del Fondo y se realizó una programación presupuestaria y se resolvió poner en certificados de ahorro programados en el mismo banco, a plazos cortos, que dieron un rendimiento, que sumados en el 2018 y 2020 fueron $ 17.000; esos recursos están en las cuentas del partido y han sido gastados en el uso exclusivo del partido en procesos de formación, capacitación, publicaciones y administración; entonces, “eso está totalmente justificado”, aclara la exdirigente.
Indicó que el Código de la Democracia señala que las fuentes de ingreso de una organización política son los dineros públicos, aportes de contribuyentes y militancia e inversiones; es decir, una fuente de ingreso para la organización política si pueden ser las inversiones.
Wilma Andrade insiste que la Izquierda Democrática no incurrió en ninguna violación legal cuando los recursos del Fondo Partidario fueron usados para inversiones financieras, porque todos los recursos asignados están en las cuentas del partido y todos los gastos están en la web de forma transparente, y advierte “conocemos extraoficialmente que ha habido otras organizaciones políticas que lo han hecho, pero no han transparentado, la gran diferencia nuestra es que ha sido transparente”.
La exlegisladora reitera que no hay infracción en el uso de los recursos del Fondo Partidario en inversiones financieras, porque el Código de la Democracia no lo prohíbe. Y además recalca que el uso de los recursos se ven como el hecho de que la Izquierda Democrática tiene el mejor auditorio que existe en el país.
Héctor Muñoz, abogado y exlegislador, comentó que está claro que la ley electoral no permite que los recursos del Fondo Partidario sean colocados en pólizas de acumulación, porque el propósito del fondo es para el funcionamiento y capacitación de la organización política, por eso llama la atención que esos recursos hayan sido destinados para temas que no están en la ley.
Se tendrá que determinar si en la póliza de acumalación hubo beneficio para terceros, pero lo que sí está claro es que hubo una desviación del objetivo de los recursos; por lo tanto, el Consejo Nacional Electoral en sus informes deberá determinar si hubo o no un desvío de fondos, si los recursos se usaron para objetivos que no están determinados en el artículo 355 del Código de la Democracia, y con base en eso determinar una sanción a la organización política e investigar cuál fue el fin de la rentabilidad obtenida. (I)