El pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) incorporó a nueve agentes fiscales de categoría uno para las provincias de Guayas, Pichincha, Chimborazo, Esmeraldas, Los Ríos y Santa Elena. Según el órgano de gobierno, administración, disciplina y vigilancia de la Función Judicial, la incorporación llega ante el pedido de la Fiscalía para que se declare la necesidad extraordinaria y emergente para nombrar de manera temporal agentes fiscales en las partidas vacantes a nivel nacional.

El numérico en lo que respecta al talento humano es uno de los principales problemas que la fiscal general, Diana Salazar, ha resaltado que mantiene la institución que dirige. Por ejemplo, ha dicho que existe al 2023 un déficit de 500 fiscales, aunque también ha referido que cuenta con pocos equipos de apoyo para realizar las investigaciones, con espacios físicos reducidos e inadecuados en algunos casos, falta de tecnología... “Son muchos los problemas que la Fiscalía ha venido enfrentando, y para ello también hemos tenido la posibilidad de priorizar los casos con los recursos que tenemos para así avanzar con la tarea”, explicó.

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Adicionalmente, la Judicatura nombró a ocho defensores públicos permanentes y temporales para reforzar el trabajo en Guayas, en Santo Domingo de los Tsáchilas y en Pastaza. Seis de los nuevos elementos irán a Guayas y uno a las dos restantes provincias.

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Desde el Consejo de la Judicatura se ha dicho que las incorporaciones buscan velar por la continuidad y fortalecimiento del servicio de justicia con el propósito de dar respuesta oportuna a los requerimientos de los ciudadanos.

Durante los últimos meses, delegaciones del CJ y de la Fiscalía General del Estado trabajan en el nuevo proceso para la evaluación de 812 fiscales en Ecuador. El 28 de marzo pasado, por unanimidad, el pleno de la Judicatura resolvió derogar y revocar los actos normativos y administrativos del proceso de evaluación de desempeño y productividad de los agentes fiscales, fiscales de adolescentes infractores y fiscales provinciales. Con ello se decidió dar inicio a un nuevo proceso de evaluación.

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La Fiscalía General ha reconocido que es potestad del Consejo de la Judicatura evaluar a los agentes fiscales; y, aunque asegura que cumplirá las decisiones adoptadas, demandó transparencia y objetividad en la ejecución del nuevo proceso de evaluación y su culminación. En este momento, el acuerdo es dar inicio al proceso de evaluación de 812 fiscales de todo el país, proceso que estaba pendiente desde 2019.

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Desde la Fiscalía General del Estado se ha insistido en que es necesario que se desarrolle un proceso previo que permita la recategorización de fiscales antes de que se realice desde el Consejo de la Judicatura el concurso interno de oposición, méritos e impugnación ciudadana y control social para la designación de fiscales provinciales. (I)