La Corte Constitucional (CC) dejó sin efecto, por improcedentes, las sentencias que favorecieron a Wilman Terán, cuando fue presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), en su reclamo al Ministerio de Finanzas para que asigne $ 265 millones a la institución. Mientras estuvo a cargo del Consejo, el extitular interpuso una acción de protección para reclamar los recursos.
El dictamen de la Corte se emitió en respuesta a la acción extraordinaria de protección planteada en octubre de 2023, por la Cartera de Finanzas.
La sentencia de la CC fue elaborada por el juez constitucional Enrique Herrería, quien concluyó que las sentencias impugnadas quedaban sin efecto por la “manifiesta improcedencia de la acción por afectar el derecho a la seguridad jurídica”.
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El juez determinó que los jueces José Jiménez, Mónica Bravo y Miguel Ángel Narváez, de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, quienes tramitaron de protección de Terán, “incurrieron en error inexcusable”.
Wilman Terán recurrió a acciones legales para exigir al gobierno de Guillermo Lasso que entregue recursos para financiar gastos del Consejo de la Judicatura, argumentando que la entidad tenía un déficit presupuestario.
En primer instancia, la acción de protección fue acogida parcialmente por una juez de la Unidad Judicial de Quito. Tras una apelación, la causa subió a la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que también dio la razón parcialmente al entonces titular de la Judicatura. (I)
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