La nulidad de todo lo actuado en el proceso penal abierto el 14 de junio pasado contra el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, quien era acusado por la Fiscalía del delito de paralización de un servicio público, es lo que decidió la tarde de este lunes, 26 de septiembre, la jueza penal de Latacunga Paola Bedón, luego de dos horas de audiencia de procedimiento directo y de casi una hora que se tomó para deliberar.

Según el análisis de la jueza, en el caso existió una violación de procedimiento, pues no debió haber procedido una flagrancia al existir seguimientos al líder indígena desde días antes de la detención, es decir, el 6 y el 9 de junio pasados.

Ese hecho, que no le fue señalado por parte de la Fiscalía, a decir de Bedón, cambiaba todo el procedimiento a seguir y que obviamente no se dio. El caso avanzó hasta este punto bajo la figura de juicio directo.

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La defensa de Iza, Carlos Poveda, aseguró que fue la propia jueza Bedón y el ahora fiscal del caso, Sergio García, quienes reconocieron en esta diligencia que en el momento de la audiencia de flagrancia no se conocía que se habían dado seguimientos a Iza y que inclusive se dio la participación de un juez de Cotopaxi en la autorización de estos seguimientos.

“Eso enerva cualquier posibilidad de delito flagrante, e inclusive la juez ha manifestado que se le sometió a un error, porque en la calificación de flagrancia ella no tenía información que debió haber sido suministrada por la Fiscalía y la Policía en el momento de la aprehensión. Igualmente, ha solicitado que se investiguen estos hechos, ya que a costa de la Fiscalía se declara la nulidad, pero desconoce si la titular de la Fiscalía, al 14 de junio, conocía o no conocía (los seguimientos). Quien sí conocía (los seguimientos) era la Policía”, explicó Poveda.

La fiscal que formuló cargos el 14 de junio pasado señaló en la audiencia de calificación de flagrancia que el presidente de la Conaie fue detenido por un coronel y un general de la Policía debido a que él, conjuntamente con varias personas, habría “paralizado la normal circulación del transporte público a través de actos violentos, como obstáculos, quema de llantas, obstaculizando el derecho de libertad y movilidad, abastecimiento de alimentos de primera necesidad”.

Poveda sostiene que, si no existía flagrancia, la aprehensión se convierte en arbitraria, ilegítima y abusiva. El abogado se pregunta por qué detuvieron a su cliente si no había ninguna comisión de delito y no había persecución. “No solo deberían establecerse responsabilidades a nivel de la Fiscalía o de Policía, sino también a una situación de carácter político, que es lo más grave que acaba de decidirse en este momento”.

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Desde el 12 de julio pasado, justamente las denuncias presentadas por el presidente de la Conaie y el asambleísta por Pachakutik Ángel Maita generaron que el fiscal general subrogante Wilson Toainga abriera una investigación previa para analizar la existencia del delito de privación ilegal de la libertad durante la detención de Iza, hecho ocurrido por agentes policiales en el sector de Pastocalle (Cotopaxi) la madrugada del 14 de junio pasado, un día después de que se inició el paro nacional convocado por varias organizaciones indígenas.

El presidente de la República, Guillermo Lasso; su entonces ministro del Interior, Patricio Carrillo; y el actual ministro de Defensa, Luis Lara Jaramillo, son las autoridades que aparecen como las responsables de la infracción penal denunciada.

Respecto a la investigación previa iniciada, el presidente Lasso dijo en su momento que recibía la noticia con tranquilidad, puesto que la acción para la detención —anotaba— fue definida como legal por jueces. Por el fuero de Corte Nacional que cobija al presidente de la República y a sus ministros, la causa estará directamente a cargo de la autoridad máxima de la Fiscalía General.

Lo decidido por Bedón no solo anula los cargos y el proceso contra Iza, sino que también le retira las medidas sustitutivas de presentación periódica y prohibición de salida del país.

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Para Iza, lo resuelto por la jueza penal de Latacunga evidencia que se vulneró y violó el debido proceso. El abogado de Iza informó que el líder indígena tiene al menos catorce investigaciones penales abiertas, la mayoría en la etapa de investigación previa, por hechos ocurridos en 18 días de protestas sociales convocadas por sectores indígenas, en junio de 2022.

“Jamás nosotros siendo autoridades hemos evadido a la justicia. Nos hemos presentado periódicamente, e incluso en los días más jodidos nos hemos presentado y hemos colaborado con la justicia. Creemos importante que no se pueden seguir dando presiones políticas para que la justicia construya hechos que no existen. Ahora que ha quedado en evidencia el accionar de la Policía Nacional, no puede ser la Policía el instrumento donde presionan en este caso dentro de la justicia. Nosotros creemos en esa independencia de justicia, en esa independencia de los jueces”, apuntó Iza.

La audiencia contradictoria de juicio directo contra el líder de la Conaie se instaló de manera reservada. Decenas de testigos, en su mayoría policías de diversos rangos convocados por la Fiscalía, llegaron para participar en la audiencia. Uno de ellos fue el general Alain Luna, oficial que saludó a Iza al final de la diligencia.

Una vez que terminó la diligencia, Iza se abrazó con sus abogados y los dirigentes indígenas que lo acompañaron. Reiteró que el jamás cometió un acto indebido, y que todo lo que planificó para las protestas de junio pasado fue público y evidente.

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En los exteriores del Complejo Judicial de Latacunga, donde se dio la audiencia, no se apostaron las decenas de indígenas que lo acompañaron en la audiencia fallida del 4 de julio pasado.

El presidente de la Conaie aseguró que lo que ha sucedido en este momento en la justicia será llevado a las mesas de diálogo que mantienen con el Gobierno, pues será un punto de valoración.

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“De verdad, no quisiera que esto provoque una venganza o lo que sea. Lo que deja en evidencia que nosotros con transparencia nos hemos defendido, hemos cumplido, pero en la mesa de diálogo deben entender que aquí no hay criminales, no hay terroristas, como lo han posesionado, incluso a nivel internacional. Deben entender que ciudadanos vulnerados en sus derechos tenemos como recurso ponernos de pie”, concluyó.

Además de la Fiscalía, en la audiencia participaron los representantes de la Procuraduría General del Estado y de Petroecuador. Al final de la diligencia, el fiscal García salió de la sala de audiencia sin responder las consultas de la prensa respecto al pedido hecho para que la causa vuelva a foja cero.

La jueza Bedón dejó abierta la posibilidad para que la Fiscalía, de llegar a recabar los elementos suficientes para una acusación, pueda dar inicio a un nuevo caso contra el presidente de la Conaie. (I)