Una vez que se verificó la vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa, la jueza penal de Pichincha, Verónica Medina, declaró, la mañana de este lunes, la nulidad de lo actuado en la etapa de instrucción fiscal dentro del caso por delincuencia organizada en el que eran investigados el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo Bucaram Pulley y cinco personas más.

La declaratoria de nulidad hace posible que se retrotraiga el proceso a la etapa de investigación previa que es en donde, dijo Medina, “claramente se especificó la vulneración de los derechos, no solo de uno sino del universo de los procesados, y con base en esta vulneración incluso se vulnera todo el procedimiento realizado posteriormente”.

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La jueza Medina explicó en su fallo oral que la nulidad irá a costa de la fiscal actuante, es decir, Lidia Sarabia. Dijo de ella que la funcionaria de Fiscalía ha “actuado con absoluta deslealtad procesal” e incluso, apuntó, “ha presentado hechos que no han podido ser respaldados”.

La decisión de la jueza penal de Pichincha se dio a poco más de un día de que se suspendió la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra los siete procesados por delincuencia organizada, diligencia que se reinstaló el sábado 19 de junio pasado en el Complejo Judicial Norte, ubicado en Quito.

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El sábado último la jueza penal escuchó por más de doce horas los argumentos de las partes procesales para asegurar que había vicios de nulidad que afectaban todo lo actuado por Fiscalía hasta ese momento. Como era obvio, la fiscal Sarabia respondía a cada uno de esos vicios de nulidad expuestos y pidió que se rechacen las pretensiones de los abogados de los procesados.

A la audiencia no solo están convocados Bucaram Ortiz, Bucaram Pulley, sino también el exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito, Leandro B., y los ciudadanos Bryan P., Verónica A., Isabel M. y el israelí Sheinman Oren.

La Fiscalía investigaba a nueve personas por supuestamente haber planificado y ejecutado actividades delictivas, entre marzo y octubre del 2020, dentro de la comercialización de pruebas para detectar COVID-19 y mascarillas en medio de la emergencia sanitaria.

El 15 de abril pasado, la jueza María Elena Lara, quien fue recusada por las defensas de los Bucaram y dejó la causa, resolvió los pedidos de procedimiento abreviado planteados por los también exagentes de la AMT procesados Cléver A. y Samuel S. Ambos fueron sentenciados a cinco años de cárcel, luego de que consintieron expresamente tanto la aplicación del procedimiento abreviado como la admisión del hecho que se les atribuye. Además se les ordenó el pago de una multa de 15 salarios básicos unificados ($ 6.000).

“(...) Al haberse provocado una nulidad insubsanable por vulneración del derecho a la defensa, se declara la nulidad a costa de la Fiscalía. (...) Esta nulidad surte efectos una vez esté ejecutoriado este auto que de manera oral ha sido notificado a los sujetos procesales. Entendiéndose que los actos posteriores carecen de eficacia probatoria, carecen de legalidad, siempre y cuando este auto esté plenamente ejecutoriado”, señaló Medina oralmente.

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La fiscal Lidia Sarabia en la misma audiencia presentó verbalmente el recurso de apelación de la resolución de nulidad, aclarando que una vez que se cuente con la resolución por escrito y motivada presentarán por escrito las razones motivadas que mantiene Fiscalía. “Presentaremos la apelación por no encontrarnos de acuerdo con su auto de nulidad, en realidad Fiscalía ha observado el debido proceso y ha dado los derechos que asisten a las partes dentro de esta presente causa”.

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Cristian Romero, abogado de Jacobo Bucaram Pulley, solicitó a Medina que emita las órdenes para que se revoquen las ordenes de prisión preventiva que pesan sobre todos los procesados, incluido su cliente, quien tiene vigente una orden de prisión preventiva y también los dos exagentes de la AMT que ya recibieron una sentencia por procedimiento abreviado.

El pedido fue justificado en la resolución de nulidad que acababa de emitir la jueza.

Luego de felicitar la actuación de la jueza Medina, la defensa del exmandatario Abdalá Bucaram Ortiz también solicitó se levanten las medidas cautelares que pesan sobre su cliente, en especial el grillete electrónico que estaría afectando su salud.

Alfredo Arboleda, abogado del expresidente Bucaram, en su cuenta de Twitter dijo: “Qué felicidad cuando te encuentras con jueces que no temen actuar en Derecho!! Salud!”.

Las defensas de los procesados Bryan P. y Leandro B. también solicitaron que se levante la medida de presentación periódica en Estados Unidos y la prisión preventiva que pesa sobre cada uno de ellos.

La jueza Verónica Medina en respuesta a estos pedidos dijo que todos los particulares serán tomados en cuenta en la resolución por escrito que emitirá en los próximos días, con la que motivará el auto de nulidad que acabó de dar oralmente. (I)