La destitución a la fiscal general, Diana Salazar, a través de un juicio político en la nueva Asamblea Nacional, por iniciativa del correísmo, no tiene ningún efecto jurídico en sentencias que se hayan emitido en el tiempo que lleva en funciones y más bien sería la consolidación de una especie de represalia por haber demostrado la existencia de redes de corrupción en el gobierno del expresidente Rafael Correa, que derivaron en condenas de cárcel.