Vocales del Consejo Nacional Electoral ‘esquivarían’ un juicio político que el bloque legislativo de Construye aspira a reavivar

La organización de continuos procesos electorales ha llevado a que los cinco vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) esquiven un juicio político que quedó suspendido en la disuelta Asamblea Nacional. Pero que el bloque de legisladores electos por el movimiento Construye buscará reactivar una vez que asuma us funciones.

Con las elecciones legislativas y presidenciales anticipadas de primera vuelta del 20 de agosto pasado, la organización política Construye (lista 25) alcanzó 28 curules y en su agenda de trabajo para los próximos 18 meses que estará en funciones se plantea reactivar el enjuiciamiento que quedó suspendido en la Comisión de Fiscalización de la disuelta Asamblea Nacional.

La legisladora electa de ese bloque Sofía Sánchez confirmó que esta propuesta está dentro de su agenda, tomando en cuenta que hay un proceso que está suspendido en la Comisión de Fiscalización, que presidió el exasambleísta y excandidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado el 9 de agosto de 2023.

«Hay un juicio político ingresado y estaría primero para poder tratarse. Habría que ver cómo van a resolver quienes asuman la Comisión de Fiscalización. Pero sí, el juicio político está dentro de nuestra agenda legislativa en la bancada», expresó Sánchez.

Añadió que podrían presentar una nueva solicitud para que se unifique al que quedó en marcha, por la declaratoria de nulidad de la votación telemática de las dignidades de asambleístas nacionales y del exterior del 20 de agosto para los ecuatorianos migrantes, por fallas reportadas en el sistema tecnológico y que se repitieron de forma presencial, en la jornada del 15 de octubre.

El trámite que reposa en la Comisión de Fiscalización desde julio de 2022 lo plantearon los exlegisladores de Pachakutik Joel Abad y Mario Ruiz en contra de los consejeros Diana Atamaint, Enrique Pita, José Cabrera, Esthela Acero y el exconsejero Luis Verdesoto, por incumplimiento de funciones al no permitir que se verifiquen las inconsistencias presentadas en 39.000 urnas en las elecciones generales de febrero de 2021.

Suspendieron la sustanciación porque la Procuraduría General del Estado aclaró que el Código de la Democracia impide que sean interpelados en medio de un proceso electoral y, en ese entonces, el CNE organizaba las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) del 5 de febrero de 2023.

El pronunciamiento jurídico se articula al tercer inciso del artículo 19 del Código de la Democracia, que determina que la «Función Legislativa no podrá designar reemplazos de funcionarios electorales destituidos por juicio político y estará impedida de iniciarlo una vez que se hubiera efectuado la convocatoria al proceso electoral y hasta que concluya con la proclamación de resultados».

El CNE proclamó los resultados de los comicios seccionales y del CPCCS en abril pasado, pero en medio de una crisis de gobernabilidad entre la Asamblea Nacional y el gobierno de Guillermo Lasso, el 17 de mayo disolvió el pleno de 137 legisladores por grave crisis y conmoción interna.

Con ello, el CNE convocó a elecciones anticipadas para la elección de asambleístas y presidente de la República, para que culminen el periodo hasta el 2025.

Si bien Sánchez anticipa esta agenda, reconoció un obstáculo que impediría la interpelación.

«Como siempre, el CNE con sus estrategias ha llamado a elecciones en juntas parroquiales para continuar en periodo electoral», increpó la legisladora electa.

La presidenta del Consejo, Diana Atamaint, no se ha pronunciado sobre el tema, pero el consejero José Cabrera, al ser consultado, refirió que ellos son funcionarios y están en la obligación de asistir si los llaman a un juicio político.

«He asistido a los llamados de la Asamblea y he actuado con la ley, por lo que sigo aquí como consejero. Si es que nos llaman a un juicio político, iremos. Conforme se vayan produciendo los hechos iremos respondiendo», anotó la autoridad.

El Consejo Electoral aún no cierra el periodo electoral de los comicios anticipados de este 20 de agosto y de segunda vuelta del 15 de octubre, y al momento se encuentra en periodo electoral para la elección de vocales de las juntas parroquiales en cuatro jurisdicciones.

Para el 17 de marzo del 2024 convocó a comicios de vocales de las juntas parroquiales de Sosote, en Rocafuerte (Manabí); en Juan Montalvo, en el cantón Cayambe (Pichincha); y, en La Primavera y La Magdalena, en el cantón Shushufundi (Sucumbíos).

Así también, el presidente electo, Daniel Noboa Azín, analiza proponer una consulta popular, por lo que el Consejo se declararía en un nuevo periodo electoral y se sumará que, en febrero de 2024, está previsto arrancar las fases electorales para llevar a cabo los comicios de asambleístas y binomio presidencial para el periodo 2025-2029.

En la administración de este cuerpo colegiado, conformado por Diana Atamaint, Enrique Pita, José Cabrera, Esthela Acero y Elena Nájera, quien reemplazó al exconsejero Luis Verdesoto, se han realizado al menos diez elecciones consecutivas. Entre ellas:

1. Elecciones seccionales y de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) del 2019.
2. Elecciones generales de asambleístas y presidente de la República del 2021.
3. Consulta popular por el agua en Cuenca en el 2021.
4. Elecciones seccionales y del CPCCS en febrero del 2023.
5. Consulta popular por la cantonización de Sevilla Don Bosco en Morona Santiago en febrero de 2023.
6. Referéndum de enmienda constitucional planteado por Guillermo Lasso en febrero de 2023.
7. Elecciones legislativas y presidenciales anticipadas de agosto y octubre de 2023 (que están en proceso).
8. Consulta popular para evitar la explotación de crudo en el Yasuní ITT de agosto de 2023.
9. Consulta popular para evitar la explotación de minería metálica en la mancomunidad del Chocó Andino para Quito en agosto de 2023.
10. Repetición de elecciones de vocales de la Junta Parroquial de Calacalí (Pichincha) del 8 de octubre de 2023.

Los cinco consejeros fueron designados en un concurso público que realizó el extinto CPCCS de transición en noviembre del 2018 y correspondía renovar en el 2021 a dos de sus miembros, principales y suplentes.

Sin embargo, el actual pleno del CPCCS no avanza en el proceso, por lo que se encuentran en funciones prorrogadas los últimos 23 meses.

El concurso de renovación a cargo de una comisión ciudadana se retrotrajo a la etapa de la convocatoria por efectos de una acción de protección, que dispuso al CPCCS aprobar un nuevo reglamento. Sin embargo, hasta el momento, no está en debate un proyecto borrador.

En paralelo, se aproxima la renovación de otros tres consejeros que debería producirse en noviembre de 2024, con una nueva convocatoria.

Mientras no avance la primera renovación parcial, los actuales consejeros continuarían con la jornada electoral de los vocales de las juntas parroquiales antes mencionadas, la posible consulta popular de Daniel Noboa y la organización de los comicios legislativos y presidenciales del 2025. (I)